A pesar de su vinculación al mercado mundial, la mayoría de los habitantes de Pando viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, persisten formas de trabajo forzado, muchos de los pobladores rurales de la Amazonia no pueden ejercer sus derechos más elementales, como el derecho a la identidad y menos otros derechos humanos como los económicos y sociales. A ello se suma la falta de acceso a servicios como la energía en condiciones razonables, servicios de agua y saneamiento, servicios de salud, apoyo productivo, educación y formación técnica que imposibilitan cualquier iniciativa de desarrollo local.

Desde 1998, las organizaciones sociales amazónicas se han reorganizado por las luchas por la tierra, contra los sistemas esclavistas de explotación de la castaña, contra el saqueo de madera y la invasión brasilera. Han logrado consolidar sus organizaciones productivas, con las cuales exportan el producto pandino, del que Bolivia es el primer productor mundial, la castaña, de manera directa a los mercados orgánicos y del comercio justo de Europa. Las organizaciones sociales pandinas se han articulado entre sí y están cuestionando críticamente a quienes tradicionalmente ejercieron el liderazgo departamental, demandando con fuerza una política nacional para la Amazonía Boliviana, lo que parece vislumbrarse con la creación de la Unidad Amazónica en Enero del 2007 y la realización del I Foro Amazónico en junio del 2007.

Según datos del INE y UDAPE, de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas, la pobreza en Pando alcanza al 72.4% de la población, cifra de la cuál el 91.5 % corresponde a la población rural del departamento. Además las brechas entre la población urbana y rural son muy marcadas. La población urbana se concentra en la provincia Nicolás Suárez donde se sitúa la capital Cobija y es solo en esta área donde se reporta una reducción de la pobreza entre 1992 y 2001 de 14%. En las otras provincias: Manuripi, Madre de Dios, Abuná y Federico Román, el porcentaje de pobres supera el 92% de la población, alcanzando al 98,5% en Madre de Dios de los cuales, 33.9% corresponde a pobreza moderada y 66.9 a pobres dentro de la línea de indigencia, mientras que en Federico Román el 96.8% son pobres y el 58.4% están dentro de la línea de indigencia.

Si se observan los datos de servicios de agua y saneamiento, el 83.6% de Pando tiene inadecuados servicios de agua y saneamiento y el 64.8% no cubre adecuadamente sus requerimientos de energía eléctrica y combustible, ni para uso doméstico. En las provincias de Madre de Dios, Abuná y Federico Román ese porcentaje alcanza a 95.3, 94.2 y 98.8% respectivamente.

Sin embargo, Pando es el departamento que más recursos por habitante recibe del IDH, a mucha distancia de los otros departamentos. El año 2007 si los recursos del IDH se distribuyeran por habitante, cada poblador pandino debería recibir US$ 875,8 al año. Y si se distribuyera a cada pobre del departamento, este debería recibir US$ 1209/año, mientras que en el departamento que le sigue, Tarija, cada habitante recibiría este año US$ 146,7 y cada pobre US$ 288.9. Pero los recursos del IDH no se reflejan en la superación de los niveles de pobreza del habitante pandino y en especial del poblador rural. El presupuesto de la Prefectura de Pando, aprobado a inicios del 2007 tiene apenas una ejecución del 56.9%. Si se repite lo ocurrido el 2006 en que las modificaciones triplicaron el presupuesto aprobado esta ejecución debe ser aún menor.

Estos datos contextualizan la violencia a que se ha llegado en Cobija, que alcanzó su punto culminante el miércoles 28 de noviembre, cuando en pleno paro cívico, un reducido grupo de personas quemó la casa del senador Abraham Cuellar, con el objetivo de dejar la amenaza a quien se atreva a seguir sus pasos.

Abraham Cuellar realizó estudios universitarios en la Universidad Católica de La Paz, donde se tituló como Comunicador y estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Como parte de una agrupación ciudadana del Norte Amazónico, llegó a senador por su tierra, Pando. Desde su retorno trabajó con comunidades campesinas, destacándose en los últimos años por su lucha por salvar el bosque amazónico, apoyando al líder extractivista Manuel Lima, Ejecutivo de la Federación de Campesinos y presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Pando. Juntamente con el asambleísta Weimar Becerra documentaron una serie de denuncias de tala ilegal en la frontera con Brasil, dando lugar a la reversión de concesiones forestales dentro de los 50 Km de frontera, proceso no exento de violencia e incluso muertes de campesinos bolivianos. Ellos recorrieron el departamento cámara en mano, logrando obtener fotos y producir videos documentales donde puede observarse la situación de desprotección y la ausencia del Estado en Pando. Por estas y otras tareas de fiscalización, seguimiento, denuncia y control social son perseguidos y ahora agredidos en el “anonimato” de un paro cívico. Quienes hasta hace poco ejercieron dominación e influencia en Pando, tras el desgaste y pérdida de legitimidad, ahora recurren a la agresión violenta, ante la imposibilidad de dar argumentos y respuestas, buscando interrumpir una trayectoria de liderazgo creciente basada en el trabajo y compromiso.

Abraham Cuellar y Manuel Lima son autores del documento: El Norte Amazónico: entre el aislamiento y la globalización, publicado en el libro: El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del río Madera, el 2007. En este documento sostienen que los territorios del Norte Amazónico han sido desde hace dos siglos, incorporados a los mercados internacionales a través de la explotación de la quina, la goma y actualmente la castaña, pero a la vez han sido mantenidos en el aislamiento del resto del país, por los intereses de las élites financieras de Santa Cruz, vinculadas a los negocios de la Amazonia y los de las élites locales así como por el abandono por parte del Estado Nacional, configurando el estado actual de desvinculación del Norte Amazónico del resto del país.

Recientemente Abraham Cuellar publicó el artículo Alianza de la oligarquía boliviana-brasileña para el saqueo y destrucción de la Amazonía, donde denuncia el proyecto de Ley de Zona Franca, con el cuál se pretende entregar derechos de propiedad de tierras, bienes e inmuebles a extranjeros en Cobija, con el objetivo de construir un paraíso fiscal, con una banca internacional manejada por brasileños, cuyo artífice es Leopoldo Fernández.

El 2005 en un histórico juicio penal, la Comunidad de Trinchera, envió a la cárcel por talar bosques de castaña, a contratistas brasileros, según ellos mismos, los desmontadores oficiales del entonces senador Leopoldo Fernández, a pesar de todas las amenazas proferidas contra Manuel Lima, el querellante oficial.

La casa del senador Cuellar fue quemada luego de que el grupo de personas, en su mayoría ajenas al departamento, e incluso al país, en estado de embriaguez y posiblemente con ingestión de drogas, cometiendo un actio libera in causa, según el Código Penal, junto con algunos funcionarios de la Prefectura, bajo amenaza de perder sus empleos, asaltaran el Hospital de Cobija, por brindar atención médica, destruyendo equipos, muebles e infraestructura. Luego de quemar la casa del senador, anunciaron que harían lo propio con las casas de los médicos cubanos quienes con su trabajo han hecho del hospital un punto de encuentro. Grupos de campesinos y ciudadanos muy pobres llegan cada día desde Brasil para ser atendidos por ellos, estableciendo relaciones de solidaridad e integración que nada tienen que ver con los negociados de infraestructura, tantas veces denunciados por las organizaciones sociales ni con las obras del IIRSA, como las represas del río Madera, que inundarán el territorio amazónico de Bolivia, precisamente los bosques de castaña de los que sobrevive el 70% de la población de este departamento. www.ecoportal.net

Javier Aramayo Caballero – Presidente FOBOMADE

Evelyn Mamani P.- Vicepresidenta FOBOMADE

FOBOMADE
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
http://www.fobomade.org.bo