Decenas de campesinos que se oponen a la renta de unas 120 mil hectáreas de las ampliaciones forestales de los ejidos Pomuch y Champotón a la empresa trasnacional Golden Gate, que pretende deforestar esos campos para sembrar maíz, caña y yuca, e instalar plantas para la fabricación de etanol.
Decenas de campesinos que se oponen a la renta de unas 120 mil hectáreas de las ampliaciones forestales de los ejidos Pomuch y Champotón a la empresa trasnacional Golden Gate, que pretende deforestar esos campos para sembrar maíz, caña y yuca, e instalar plantas para la fabricación de etanol, ocuparon hoy el palacio municipal de Candelaria para demandar a la Procuraduría Agraria (PA) que investigue las cláusulas con base en las cuales los comisarios ejidales aceptaron esta privatización disfrazada.
Encabezados por los dirigentes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata, Luis Antonio Che Cu; del Frente 19 de Octubre, Armando García Jiménez, y de la Coalición de Agrupaciones de Izquierda, Manuel Chablé Gutiérrez, los labriegos advirtieron que no permitirán que los despojen de sus tierras y anunciaron que efectuarán más protestas para “impedir la reaparición del latifundismo”.
Chablé Gutiérrez, ex diputado federal perredista, denunció que, con la anuencia de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de la Reforma Agraria, los comisarios ejidales de Champotón, Pomuch, Pich, Centenario, Silvituc y Haro convinieron la “renta” de miles de hectáreas a la trasnacional Golden Gate, que comercializaría etanol a Estados Unidos.
Detalló que el ejido Pomuch aceptó rentar 60 mil hectáreas por 30 años a cambio de 90 millones de pesos; igual superficie y suma convinieron los ejidatarios de Champotón; el ejido de Pich ya renta 40 mil hectáreas al proyecto Santa Genoveva, que se dedica a la siembra forestal comercial, y otras 30 mil están en vías de ser rentadas a la Golden Gate; en los ejidos Centenario, Silvituc y Haro se pretende rentar otras 80 mil hectáreas, por lo que la superficie a privatizar rebasa las 250 mil hectáreas.
Luis Antonio Che Cu indicó que un grupo de campesinos inconformes con esta “privatización” de tierras ejidales impugnó la renta de sus tierras ante el Tribunal Agrario, instancia que ordenó detener el proceso hasta revisar el marco legal con base en el cual se tomaron esos acuerdos, pero los ejidatarios ya no pueden regresar a sus comunidades, pues el comisario azuza a la gente para que los agredan y los expulsen.
Los campesinos dijeron que si procede la renta o venta de estas 120 mil hectáreas, los habitantes de al menos 30 comunidades irregulares asentadas en las ampliaciones forestales de los ejidos Pomuch y Champotón serían desalojados y se quedarían sin tierras para trabajar; de ahí la inconformidad y la determinación de defender “hasta las últimas consecuencias” esas tierras.
Una comisión de campesinos inconformes y los dirigentes de las tres organizaciones que los respaldan se trasladaron a la capital del estado para reunirse con los delegados de la PA, de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional, donde se acordó iniciar los trámites para la expropiación de unas 500 mil hectáreas a fin de que el gobierno del estado compre esas tierras e inicie el programa de regularización de las comunidades conformadas por colonos procedentes de Michoacán, Guanajuato, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades. www.ecoportal.net
Publicado en La Jornada
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