Se habla ya en el Ecuador del pago por “servicios ambientales”, que el ambiente presta a la sociedad para su sobre vivencia y desarrollo, como mecanismo para la protección del ambiente y sus recursos naturales y económicos, es decir, en vista de que no hay un suficiente y adecuado manejo de los recursos naturales explotados, entonces se propone pasar la factura al consumidor final mediante tasas específicas, para que con esos recursos se proteja el bien natural amenazado.

Si se maneja este principio como válido, entonces llegará el día en que sólo los que puedan pagar un determinado servicio ambiental, podrán servirse de él; se podría llegar al absurdo de que sólo el que tenga dinero podrá tomar agua fresca o respirar aire puro, y esto naturalmente atenta contra los derechos humanos fundamentales. Y sin llegar hasta allí, ¿acaso el pueblo está en condiciones de pagar este “servicio ambiental”, cuando mucha parte de él no puede pagar ni los servicios básicos?

Lo que sí es correcto para garantizar un adecuado manejo y control ambiental es que se sinceren los costos, que en el análisis costo beneficio se incluyan todas las externalidades, que se cuantifiquen los costos ambientales de protección, manejo, mitigación, compensación, control y monitoreo; que no se reduzcan costos sacrificando la calidad, ni técnica ni ambiental. Si por ejemplo, es necesario introducir un sistema de compensaciones a la población, afectada de una u otra manera por determinada acción sobre el medio, o es necesario un plan de gestión, manejo y control por determinado daño al ambiente, causado por la implantación de un proyecto de infraestructura, estos costos deben constar en la inversión inicial o en los gastos de operación, mantenimiento y monitoreo del proyecto, etc. Más adelante se podrá hablar – de ser necesario - de una política de subsidios, para que este incremento de costos, que influye necesariamente en el precio del producto o servicio, no afecte a los más pobres.

En los estudios de los proyectos, desde la prefactibilidad, el análisis de la variable ambiental es igual de determinante que la variable técnica y económica. Es decir que deberá definirse la viabilidad de un proyecto desde los puntos de vista técnico, ambiental y económico, completamente interrelacionados. Para tomar la decisión de ejecutar o no un proyecto no puede abstraerse del análisis el componente ambiental; para luego ya en fases posteriores de estudio se diseñen sólo medidas mitigadoras y planes de manejo, sin entender si el beneficio del proyecto supera o no los costos de inversión y los costos ambientales. Es necesario calificar el proyecto dentro del análisis costo beneficio, incluyendo los costos ambientales, sólo así se sabrá si es o no viable el proyecto; y no como ahora se pretende, dañar el ambiente y luego arreglarlo, financiando este arreglo con la fijación de tasas por servicios ambientales; cuando en realidad no hay un servicio (supuestamente de la naturaleza al hombre), apenas se arregla lo que se daña o lo que se pone en riesgo. Hace unas décadas la viabilidad económica no se consideraba decisoria, ahora es impensable que no se considere el aspecto económico; de igual modo hoy, ante la urgencia de resguardar el ambiente, es necesario y urgente introducir un nuevo concepto de protección ambiental: COSTOS AMBIENTALES, no servicios ambientales.

La dificultad radica en la valoración de dichos costos ambientales, de manera cuantificable, es decir en dólares; en gran medida por falta de información útil suficiente. Hay aspectos ambientales que sí se pueden cuantificar, por medio de varios análisis: pérdidas de oportunidad, alternativas de uso del recurso, índices de producción, evaluación de oferta y demanda, daños ambientales, costos de medidas de mitigación, planes, etc. Sin embargo, hay otros costos por daños intangibles, como el daño a la biodiversidad, la pérdida del capital de información genética, pérdida de explotación de recursos, etc; en este caso se deberá contrastar con los beneficios intangibles en los proyectos como la mejora de la calidad de vida de la población, de la salud, de la educación, de las oportunidades, de las sinergias ambientales, etc.; se pueden aplicar diferentes mecánicas por puntajes frente a diferentes escenarios y decidir cualitativamente. Este ejercicio en general, permitirá también buscar la mejor alternativa técnica y de manejo ambiental. Hay todavía mucho que hacer en esto, pero son dificultades técnicas a ser superadas, que no pueden desvirtuar el principio de acceso universal al recurso ambiental. La viabilidad ambiental, deberá ser presentada previo a la obtención de la licencia ambiental, como primer requisito, y luego los planes de manejo y evaluaciones ambientales.

En todo caso, los radicalismos ecológicos importan en tanto y cuanto permiten confrontar posiciones, motivan el debate y se avanza en la conciencia hacia la protección ambiental. Sacrificar la sobre vivencia de la humanidad o su deseo de mejorar sus condiciones de vida, porque se “teme” un impacto ambiental descomunal, puede ser ambiental pero no humano, (y esto considerando que el hombre esté fuera del ambiente, lo cual es otro absurdo). Tampoco se puede ir al otro extremo que, partiendo de quien contamina - paga, ahora resulta que pagas y contaminas. No se pueden dar licencias para sobre-contaminar siempre y cuando haya compensaciones o pagos extras, como se pretende conjurar en el ámbito mundial, donde las grandes industrias tendrían permisos para sobre - contaminar si logran comprar los bonos de compensación al tercer mundo. Este tipo de políticas deberían prohibirse y no fomentarse, porque atenta a los derechos humanos y, finalmente, no hay control ambiental, no se reducen desechos, no hay cultura ambiental y estos costos “extras” recaen sobre los mismos consumidores.

Retornando a la técnica, el manejo ambiental no debe quedar solamente en el papel, como declaraciones de principios, debe reflejarse en los presupuestos y flujos de caja; parece obvio esto que digo pero por ejemplo, casi nunca se colocan rubros ambientales y luego aparecen los conflictos de pagos. Finalmente el adjudicatario, deberá presentar a favor del Estado una garantía ambiental que garantice justamente que el plan de manejo y el monitoreo se cumple; sólo que, previo a su devolución, se deberá demostrar que se ha cumplido con este requisito, bajo indicadores de monitoreo ambiental. Por ejemplo en proyectos de extracción petrolífera, minera, etc. deberá exigirse garantías ambientales anuales, o quinquenales, etc, para garantizar el manejo ambiental, a ser devueltas luego de que se realice evaluaciones y seguimientos con indicadores sistemáticos y no casuales. Estos fondos podrán generar a su vez más capitales a favor del manejo ambiental, a ser administrado por el Estado.

El ambiente y sus recursos es propiedad pública, su uso, manejo y protección es responsabilidad del Estado. Previo a la aprobación de ejecución de proyectos con incidencia al ambiente, se requerirá entre otros, la viabilidad ambiental del proyecto, la garantía ambiental y los mecanismos de verificación de cumplimiento. www.ecoportal.net