En los últimos años, las asambleas del Valle de Uco, San Rafael, General Alvear y el Gran Mendoza han dejado claro que, aunque el modelo de desarrollo ambiental y socialmente sostenible sea una meta aún lejana en la provincia de Mendoza, Argentina, están dispuestas a luchar para alcanzarla.

En pocas semanas, el gobierno de Mendoza emitirá una Declaración de Impacto Ambiental, que podría autorizar la fase de explotación del proyecto Potasio Río Colorado, que implicaría una inversión de 850 millones de dólares en el extremo sur del departamento Malargüe. El cloruro de potasio allí producido sería utilizado como fertilizante para suelos brasileños cultivados con soja, y otros varios destinados a agrocombustibles. Debido a sus diferencias respecto de la minería metalífera, dicho proyecto ha sido promocionado por la empresa angloaustraliana Rio Tinto como "respetuoso del ambiente" y "sustentable", pues no se realizaría a cielo abierto ni utilizaría cianuro ni ácido sulfúrico.

Sin embargo, este yacimiento requeriría 367 millones de m3 de gas por año, que equivalen a la suma del consumo residencial, comercial y oficial de toda la provincia de Mendoza en un año. La mina quemaría 1 millón de m3 de gas por día, comprado a precios internos, y equivalente a un tercio del volumen de gas que Argentina importa diariamente de Bolivia, a precio internacional. Los mayores diarios argentinos publicaron como tapa que, en la cumbre Cristina-Lula-Evo, Brasil se negó a ceder a Argentina justamente 1 millón de m3 de gas diario, pero ofreció 200 MW de potencia eléctrica, apenas dos veces y media los 78 MW que requeriría Potasio Río Colorado.

El mendocino Alejandro Rodríguez, actual Subsecretario de Combustibles de la Nación, siempre ha apoyado el proyecto. ¿Seguirá haciéndolo ahora a pesar de la crisis energética, y le otorgará ese gas, sin importarle que las reservas probadas de gas en Argentina alcancen para apenas 8 años al ritmo de consumo actual?
Para crear sólo 386 empleos directos en Mendoza, la mina gastaría la misma cantidad de energía (gas+electricidad) que la industria mendocina utiliza para el trabajo de 16.100 obreros.

Luego de 40 años de explotación, esta mina dejaría depositados, para siempre y a 5 km del río Colorado, 83 millones de m3 de cloruro de sodio, formando una meseta de 210 hectáreas de superficie por 40 a 50 metros de altura. La empresa propone "encapsular" este depósito para evitar la dispersión de sal al medio. Esto de ningún modo queda garantizado, pues el proyecto presenta numerosos y gravísimos errores científicos y deficiencias técnicas, respecto de la acción del viento, tormentas estivales severas y sismos, entre muchas otras falencias. Botones de muestra de la "seriedad" del informe de impacto ambiental presentado por la empresaa: la combustión del gas generará 9 mil millones de kilocalorías por día, pero según Rio Tinto las emisiones de calor serán "insignificantes" y las 840.000 tn/año de CO2 emitidas producirán un efecto invernadero de extensión "puntual".

El depósito superficial de cloruro de sodio implica graves riesgos a perpetuidad para el ambiente local y regional, incluyendo la posible contaminación del río Colorado, con efectos en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Las autoridades no deberían permitir este pasivo ambiental, sino exigir a la empresa que reinyecte las sales en formaciones geológicas profundas, o alguna otra opción ambientalmente sustentable. Pero Río Tinto no ha presentado análisis de alternativas al depósito de sal, como tampoco los necesarios planes de contingencia ni muchos otros estudios indispensables. La empresa tampoco ha presentado el seguro de garantía ambiental exigido por el art. 22 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente, "con entidad suficiente para garantizar la recomposición del daño que pudiera producir". El gobierno no debería autorizar el proyecto sin todos estos requisitos previamente cumplidos y aprobados.

La empresa generaría un valor agregado de 225 millones de dólares anuales, según el cálculo realizado cuando el potasio cotizaba en torno a la mitad de su precio actual. De ese monto, el estado mendocino recibiría entre 8 y 12 millones en pago por las regalías mineras y el m3/seg de agua suministrado, y los empleados en tres provincias otros 17 millones. La ganancia bruta para la empresa sería pues de unos 195-200 millones de dólares anuales.

En síntesis, unos pocos extranjeros se apropiarían de la mayor parte del beneficio económico, socializando a los argentinos graves riesgos ambientales legados a generaciones futuras, y agotando rápidamente recursos naturales no renovables. Todo ello es incompatible con un modelo de desarrollo que sea sustentable no sólo en el discurso, sino en los hechos. www.ecoportal.net

Para más detalles, ver informes presentados al gobierno en: http://argentina.indymedia.org/uploads/2008/01/informe_1.rtf y

http://argentina.indymedia.org/uploads/2008/01/informe_2.rtf

* Prof. y Lic. Marcelo Giraud es Jefe de Trabajos Prácticos efectivo en la cátedra "Geografía de los Espacios Mundiales" - carrera de Geografía - Universidad Nacional de Cuyo. Miembro de la Asamblea Mendocina Por el Agua Pura