Sorprende que una empresa pública española -dependiente del Ministerio de Fomento- como es Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) haya decidido destruir con herbicidas el entorno de las vías de ferrocarril para mantenerlo limpio de vegetación. Se trata en definitiva de arrasar varios miles de hectáreas lanzando cientos de toneladas -dos veces al año- de un producto químico que acabará disolviéndose en las aguas superficiales y en los acuíferos contribuyendo así a su contaminación.

El consejo de Administración de Adif aprobó, el pasado 20 de febrero, la adjudicación de la operación a la empresa Sintra por un período de cuatro años y un presupuesto de 20 millones de euros.

Adif basa su decisión en la necesidad de prevenir el riesgo de incendios asegurando que no afectará a la fauna del entorno -mamíferos, aves, insectos, etc.- dada la baja toxicidad de los productos empleados y que éstos cumplen la normativa vigente.

No es posible valorar el alcance exacto de la medida tomada pero sus efectos, sólo a simple vista, son enormemente destructivos: más desertización, erosión, contaminación y menos cubierta vegetal. La medida puede ser rentable económicamente para la empresa (que es pública) pero, no lo es, sin duda, para el medio ambiente ni tampoco para el conjunto de la sociedad. Es una medida más de un modelo económico tan desproporcionado que es capaz de justificar cualquier proyecto depredador independientemente de sus consecuencias.

No se entiende bien por qué no se utilizan otros medios más o menos mecanizados de limpieza y de conservación del entorno de las vías que, manteniendo las exigencias de seguridad contra los incendios -el único argumento empleado- respeten el entorno y no ocasione daños. Según que zonas, la siembra, por ejemplo, de determinada flora podría servir como solución para evitar incendios y para mantener la cubierta vegetal y así resolver el problema.

El Ministerio de Medio Ambiente y los organismos correspondientes de cada Comunidad Autonómica o, incluso, de cada ayuntamiento, deberían intervenir para atajar este despropósito.

De nada sirve después hablar del Cambio Climático, de la degradación del medio ambiente y de tantas otras cosas, cuando se propician semejantes atropellos a la naturaleza. Todo parece indicar que estamos ante un delito ecológico pero ¿Por qué no habría de serlo también en el Código Penal? Decir que el herbicida que pretenden aventar de modo tan masivo sólo destruye la flora y no la fauna, al tiempo que olvidan decir cómo y a dónde va a parar una vez derramado, constituye un despropósito aún mayor.

Los problemas medioambientales no son casuales sino, sencillamente, la consecuencia del modelo económico y, las soluciones a los problemas no podrán ser más de lo mismo, sino algo diferente, otro planteamiento, pero que este mismo modelo, que no hace más que repetirse, nunca podrá aportar.www.ecoportal.net