Desde que los humanistas leyeron en la prensa el 7 de diciembre del año pasado que la “ANI recluta a experto para monitorear conflictos y a ONG ambientalistas”, las preguntas y reflexiones no cesaron en la tienda naranja.

Lo mismo pasó en los círculos medioambientales, que inmediatamente lanzaron la voz de alerta. Incluso, algunos diputados –según consta en un par de intervenciones en la Cámara Baja- pidieron oficiar al Ministro del Interior, a la Ministra de Medio Ambiente y a los Intendentes de las Regiones de Los Ríos y Los Lagos para que señalaran si existían instrucciones de su parte para investigar a los ciudadanos que trabajan en la defensa de nuestro patrimonio natural.

Pero, a 3 meses de esta noticia, las explicaciones no han llegado. Sólo se han oído argumentos que justifican la importancia de proyectos como las represas en Aysén, Celco en Valdivia y por cierto, Pascua Lama.

Esa es la razón que motivó el miércoles 27 de febrero la visita de la Presidenta del Partido Humanista, Marilén Cabrera, y de representantes de la Secretaría Ambiental del PH, a Ana Lya Uriarte.

Allí, en las oficinas de calle Teatinos 248, donde se emplaza el Ministerio de Medio Ambiente y se trabaja en la implementación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, los humanistas expusieron sus inquietudes.

La reunión con la ministra

“La Ministra de Medio Ambiente nos aclaró que al parecer, dos funcionarios que habían trabajado en la CONAMA fueron reclutados por la ANI y que tal vez eso había dado pie a tales comentarios”, comenta Marilén Cabrera sobre el encuentro que se extendió por un par de horas, y donde uno de los temas centrales fue la investigación a grupos ecologistas. “Con ello, Uriarte quiso precisar cómo se generó el nexo entre la ANI y la cartera que dirige”, explica la dirigente.

“Conjuntamente –prosigue Cabrera- nos dejó en claro que como ministerio no han ordenado ni participado de una tarea así. Es más, no la comparten y la rechazan completamente”. Del oficio que solicitarían los honorables para comprender las indagaciones que la agencia del Estado realiza a distintos movimientos sociales y ambientalistas y saber quién dio tal instrucción, nunca más se supo públicamente.

Tras su reunión con Ana Lya Uriarte, la presidenta del Partido Humanista fue enfática al señalar que “no pararemos hasta que el gobierno explique claramente por qué las organizaciones ambientalistas son consideradas un peligro para la seguridad nacional, por lo que ahora pediremos una cita al Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma”.

Ximena Cifuentes, de la Secretaría Medioambiental de la tienda naranja, también estuvo presente en la cita. “Para nosotros como humanistas, el tema ecológico y medioambiental es una bandera que venimos levantando hace muchos años. Forma parte de nuestra historia y es por ello que no vamos a dejar pasar un hecho tan grave como éste. Es muy preocupante que en democracia se amedrente a ciudadanos que tienen la voluntad y dedican parte de su tiempo, en forma voluntaria, a defender su entorno y denunciar la contaminación y destrucción de los ecosistemas”, manifiesta.

De ahí que Cifuentes no entienda cómo es posible que se invierta tiempo y recursos en ahondar en ONG’s antes que hacer un catastro detallado y oficial, por ejemplo, de los principales desastres y amenazas ambientales que afectan al país. “Es innecesario que la ANI desarrolle labores de inteligencia en torno a este tema y a quienes participan de él, existiendo otros asuntos que requieren mayor atención. Además, porque en esta área nada de lo que se hace es secreto ni oculto, por el contrario, las organizaciones medioambientales son abiertas en la entrega de información y en la publicación de sus documentos y acciones”.

Organizaciones sociales también afectadas

Nuestro sistema de inteligencia nacional sigue pasando inadvertido y no sólo involucra al movimiento ambientalista sino a todo movimiento social en Chile. Es más, existen presunciones que demuestran que el accionar de la ANI no se reduciría a un simple monitoreo, lo que agrava la denuncia.

Tras la nota de prensa publicada en diciembre, Fernando Dougnac, Presidente de la FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente), denunció que semanas antes, en unas charlas de formación ambiental para pescadores y la comunidad en general de Cobquecura, “impúdicamente se instalaron dos detectives que chequeaban las personas que ingresaban y estuvieron vigilando todo lo que se dijo en esa oportunidad”. A lo anterior, agregó que hace tres años, en otro seminario para pescadores esta vez en Puerto Aysén, ingresó un detective disfrazado de pescador, “con la mala suerte para él que lo reconocimos pues había investigado un robo de computadores nuestros unos ocho meses antes”.

Esta grave situación se puso en conocimiento del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “que tomó este grave hecho con una gran ligereza, sin hacer nada por aclarar el tema”, dijo Dougnac en dicha oportunidad.

Otro caso que dejó al descubierto la investigación a otros grupos sociales es lo sucedido con las comunidades williche de Chiloé y que se filtró a la prensa “accidentalmente”.

El legítimo reclamo de estas comunidades respecto al tema de la propiedad indígena, hecho con pleno fundamento jurídico, despertó interés en la inteligencia de seguridad chilena a través de la Policía de Investigaciones, quien reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde señaló que "desde el 2003 la institución realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demandas de posesión de tierras de pueblos originarios", agregando que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.

El propio subsecretario del interior de la época, Jorge Correa Sutil, explicó en ese entonces que la investigación se hizo “con completa licitud y con pleno respaldo legal en democracia: investigar la posible aparición de un conflicto, de una confrontación de intereses que pudiera tener un impacto en el orden público nacional”.

“¿De qué seguridad estamos hablando?”

“¿Quién asegura ahora que lo conocido hasta el momento no es sólo la punta del iceberg de un oscuro actuar de agentes secretos civiles y militares con amplias facultades?”, reflexiona Marilén Cabrera. Mientras, Ximena Cifuentes alega que “un modus operandi de esas características en Chile sobreexpone y atropella a movimientos y organizaciones sociales, además de transgredir normas fundamentales como la propia Constitución política en su artículo 5º, que indica que ‘el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana’”.

Cabe recordar que recién creada la ANI, su director, Gustavo Villalobos, destacó que la ley que dio vida a la entidad estipula en forma clara los límites de su campo de acción, el que no incluye el espionaje a partidos políticos y organizaciones sociales.

Por otra parte, el tema cobra fuerza frente a lo que está sucediendo hoy día con el fuerte debate que cuestiona la construcción de represas en la Patagonia chilena, por parte de organizaciones ecologistas a nivel nacional e internacional. “Estos movimientos han denunciado una intervención encubierta de sus bases, la no tiene otro objetivo que debilitar su accionar, que alimenta una opinión informada y alternativa a la línea del gobierno frente a conflictos como éste”, recalca Ximena Cifuentes.

Frente a este punto, Marilén Cabrera pide “que el gobierno ponga fin a esta campaña de hostigamiento en contra de las organizaciones que han colaborado lealmente con la causa ambiental de nuestro país”. Y reflexiona: “¿Hablamos de una agencia de inteligencia nacional o de un organismo que asegura intereses privados? Porque hoy día se sabe que temas como la campaña de defensa de Aysén, Pascua Lama y el caso Celco, en Valdivia, han sido analizados por expertos de esta Agencia, temas que justamente tocan los intereses de grandes grupos económicos. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando?”. www.ecoportal.net

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