La Secretaría informó que la medida se originó en la denuncia del cacique de la Comunidad Wichi El Traslado, Roberto Sánchez, quien el 12 de febrero envió una nota al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, para "poner en su conocimiento la grave situación que está afectando la vida" de esa comunidad y sus derechos a la tierra que habita desde siempre, debido al inicio del desmonte, en los primeros días de febrero.

El cacique también recordó que existe un reclamo territorial, presentado por su comunidad en 2006 en el Juzgado Federal de Orán, que todavía no está resuelto.

La Secretaría indicó que tras esta denuncia se hizo una inspección y se apreció "una posible afectación al ambiente". Asimismo, se determinó que efectivamente en las cercanías de la finca están las comunidades indígenas El Traslado y Zopota, cuyos miembros "se encuentran en crítica situación de supervivencia" dado al aislamiento físico por las condiciones climáticas, los alambrados perimetrales de la finca y los conflictos con los criollos, señaló el informe de la inspección.

"Ante la presunción de que los inmuebles de El Álamo constituyen un área de obtención de los recursos naturales necesarios para la subsistencia de las comunidades", la Secretaría "dispuso sustanciar un sumario contra los responsables de esos desmontes, disponer la suspensión preventiva de las actividades de desmonte, y notificar a la firma con el fin de que efectúe el descargo correspondiente y la apertura a prueba del sumario iniciado", informó la Secretaría.

Explicó que aplicó el principio precautorio, que prevé que cuando una actividad o proyecto de desarrollo "puedan producir un daño irreversible al medio ambiente, se deben tomar las medidas para detenerlo; aún cuando no haya pruebas científicas que demuestren concluyentemente que exista una relación directa entre aquella sustancia, actividad o proyecto y el daño al medio".

“Antes el Winchester, hoy la soja”

Por su parte según la página digital de Crítica: “Lo que se diría “un pequeño productor” no es el caso de El Álamo, una finca de 30.962 hectáreas, que pertenece a los hermanos estadounidenses Paul David y David Kent Gabel, dueños de la firma Quebracho Colorado, que el año pasado compraron 10 mil hectáreas en Tolloche. Los hermanos texanos iniciaron el desmonte el 6 de febrero último, con cuatro poderosas topadoras, que hicieron caso omiso de la protesta presentada por la comunidad indígena El Traslado, a la cual no se le permitió participar en el trámite previo al otorgamiento del permiso, según denunció la organización ambientalista Asociana y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS)”.

La comunidad wichi ha sido “perversamente castigada con los desmontes”. Otro vocero de las comunidades indígenas wichi, José Nicanor Molina, a quien no le gusta que lo llamen “cacique”, había protestado contra los desmontes y el accionar de las topadoras que habían llegado al extremo de arrasar el cementerio de sus antepasados. “Como bien dijo la niyat de la comunidad wichi, Octorina Zamora, reclamando la nulidad de una audiencia amañada: “Ésta es una manera de liquidarnos, antes fue el Winchester, hoy es la soja” -consigna la nota publicada en Crítica digital.

“Una gran noticia”

Entretanto Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina señaló a Prensa/Proteger, apenas conocida la suspensión del desmonte por orden del nuevo gobierno provincial, que “esta es una gran noticia”, expresando el sentimiento compartido de las ONGs de todo el país que promovieron la promulgación de la Ley de Bosques –que se encuentra ahora en trámite de reglamentación pero que dispone una moratoria y el ordenamiento ambiental.

“El gobierno de Salta paró el desmonte de una finca de más de 30 mil hectáreas, lo que equivale a una vez y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Los propietarios estadounidenses habían conseguido del gobierno anterior un permiso para desmontar dos días antes de la aprobación de la Ley de Bosques, con lo que pretendían eludir la moratoria a los desmontes”, indicó Giardini.

“El desmonte que estaban ejecutando afecta a comunidades indígenas wichi. Luego de que el Nuevo Diario de Salta y el diario Crítica publicaron notas sobre este terrible caso, y luego de que un cacique de la comunidad wichi presentó la denuncia, se llevó a cabo la suspensión”, celebró Giardini. www.ecoportal.net

Fuentes: Nuevo Diario, Salta; Crítica Digital; Greenpeace Argentina; Prensa/Proteger.

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