El estado de las cuencas hídricas, una de las reservas de agua más importantes para toda Mesoamérica, la defensa de los recursos hídricos en territorios indígenas, el fortalecimiento de la experiencia de miles de comunidades que, a través de la organización, han logrado un acceso constante al agua, el dramático caso de los trabajadores azucareros afectados de insuficiencia renal crónica (IRC) por la ingestión de agua contaminada por agrotóxicos y la promoción de leyes que regulen el tema, fueron los elementos más destacados de la actividad.

Después de un minucioso análisis de cómo Nicaragua está todavía muy lejos de una verdadera implementación de un modelo de desarrollo sostenible, Antonio Ruíz, de la Fundación del Río, enfocó su intervención en la necesidad de garantizar la protección y el manejo adecuado de la Cuenca 69, que incluye el Lago de Apanás, el Lago Xolotlán (o Managua), el Lago Cocibolca (o Nicaragua) y el Río San Juan, hasta entrar a territorio costarricense.

“Una agenda real para el desarrollo sostenible de esa Cuenca, que constituye una de las reservas más importantes para el futuro, no solamente de Nicaragua, sino de toda Mesoamérica, pasa por una política ambiental de mediano y largo plazo que proteja al medio ambiente y a sus recursos naturales, el cumplimiento del compromiso con las comunidades indígenas en un vasto programa de educación ambiental con énfasis en los recursos hídricos, y el desarrollo de Estudios de Impactos Ambiental en los planes ambientales municipales. Hay también que tomar en cuenta –continuó Ruíz– todo lo relacionado con las contaminaciones que están afectando los mantos acuíferos y la necesidad de crear parques ecológicos, el uso de tecnología limpia y la prevención y mitigación de desastres naturales”.

La parte inferior de la Cuenca 69 incluye la Reserva de Biósfera “Río San Juan-Nicaragua”. Son 2.700 km² que están amenazados por incendios, concesiones mineras y el avance del monocultivo. Entre las posibles soluciones al rápido deterioro de este importante recurso, el experto en temas ambiental presentó la Ley 626, “que crea la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y del Río San Juan”.

Según Ruíz, “La recién aprobada Ley General de Aguas Nacionales prevé crear la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual, con el fin de garantizar la gestión descentralizada y la operatividad en la gestión integral de los recursos hídricos en todo el país, deberá proponer al Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) para su aprobación, la conformación de los Organismos de Cuenca. Ese organismo representa para las comunidades de base la gran oportunidad para que participen directamente de este enorme proceso”.

En su artículo 97 esta misma ley define que “es responsabilidad del Estado, con la participación de los gobiernos municipales, Consejos Regionales, Asociaciones de Municipios, sector privado, organizaciones no gubernamentales y población en general, la protección, conservación y destino de las aguas del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca. Este lago deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad para la seguridad nacional, debiéndose establecer mecanismos y regulaciones específicas que aseguren y regulen la productividad del agua y, al mismo tiempo, que aseguren el mantenimiento e incremento de los caudales que permitan el desarrollo de las actividades económicas, sin menoscabo de la producción de agua, tanto en cantidad como en calidad, prohibiendo la introducción y cultivo de especies exóticas invasoras, igual que evitando la contaminación del recurso y el deterioro de su ecosistema por vertidos industriales y domésticos”.

A raíz de este artículo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 626, creando la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y del Río San Juan, comisión que se instalaría en abril próximo durante el desarrollo del III Foro del Gran Lago, y que contemplará la participación activa de la sociedad civil, de las comunidades indígenas y campesinas que surgen alrededor de estos importantes recursos hídricos.

“Es algo histórico, porque en el actual Plan de Desarrollo Humano y en las metas que se propuso el Ministerio del Ambiente (MARENA) para este año, eso es una prioridad. Todavía hay esperanzas y las enormes experiencias de las comunidades organizadas en los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) van a jugar un papel trascendental y van a tener un rol estratégico”, concluyó Ruíz.

Organizaciones comunitarias diseminadas por todo el territorio nacional crearon más de 5 mil Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que han trabajado para abastecer a sus comunidades y han administrado y dado mantenimiento a sus obras

Los CAPS, comunidades indígenas y afectados por agrotóxicos

Pese al esfuerzo del Estado, el nivel de cobertura de agua potable en el área urbana es del 75,8 por ciento, y en el área rural es apenas del 48,5 por ciento. Las metas del Plan Nacional de Desarrollo, que recoge a su vez las Metas del Milenio, son las de elevar el nivel de cobertura de agua potable a nivel nacional al 82,5 por ciento, para 2009 y al 90,3 por ciento para 2015. Con respecto al área rural, estas mismas metas son 63 por ciento y 80,4 por ciento respectivamente.

Frente a esta situación, organizaciones comunitarias diseminadas por todo el territorio nacional han creado más de 5 mil Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), los cuales han trabajado para abastecer de agua a sus comunidades, administrando y manteniendo sus obras, destacándose como “una formidable expresión de participación ciudadana, autogestión comunitaria y organización popular para el desarrollo”, según lo menciona la CODA en su propuesta de ley de promoción de los CAPS.

En la actividad por el Día Mundial del Agua hubo espacio también para la histórica denuncia de la comunidad indígena de Jinotega, que desde hace más de 40 años está reclamando sus derechos sobre el Lago de Apanás.

Según Andrés Granados, presidente de la Comunidad Indígena de Jinotega, “Este lago está asentado en 7.200 manzanas que pertenecen a nuestra comunidad, y a través de la Planta Centroamérica, de propiedad de la estatal Hidrogesa, genera el 35 por ciento de la energía a nivel nacional. El Estado no ha querido reconocer los derechos de la propiedad comunitaria y tiene una deuda acumulada de casi 2,4 millones de dólares en concepto de canon de arrendamiento, ocupación de suelo y daños y perjuicios a la propiedad comunitaria”. Granados informó que, una vez agotadas las instancias nacionales, la comunidad indígena recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De igual manera se presentó la dramática situación de los afectados y viudas de la Insuficiencia Renal crónica (IRC). Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, recordó a los presentes el drama que viven miles de ex trabajadores del azúcar que fueron contaminados por el contacto directo y la ingestión de aguas contaminadas por agrotóxicos, que se utilizaron indiscriminadamente en el Ingenio San Antonio, propiedad de la Nicaragua Sugar Estates Ltd. (Grupo Pellas).

Según los últimos datos recogidos por ANAIRC, serían casi 2.700 los fallecidos por IRC, 1.500 las viudas y 6 mil los huérfanos que quedaron a la merced de los eventos. Desde hace más de un año, los afectados están pidiendo instalar una mesa de negociación con los dueños del Ingenio San Antonio para lograr una indemnización por los daños y las muertes provocadas.

Tres leyes para el futuro de los recursos hídricos

Las conclusiones estuvieron a cargo de Denis Meléndez, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS). “Es necesario crear un marco jurídico y regulatorio claro sobre los recursos hídricos. Vamos a trabajar fuertemente para que se apruebe la Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento y para presentar, desde nuestra perspectiva, las iniciativas de ley de Pagos de Servicios Ambientales y la de Cánones por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales. Sabemos que es un gran desafío –continuó Meléndez– pero lo vamos a hacer, y en eso va a ser fundamental el aporte y la experiencia de los CAPS. Estas instancias deben seguir fortaleciéndose, con esta misma energía, fuerza y vigor. Nosotros no les vamos a enseñar nada a los CAPS, al contrario, si queremos aprender de las organizaciones comunitarias hay que ir a los CAPS. El día de hoy hemos dado un paso enorme y nos hemos juntado para trabajar por un mismo objetivo que tiene carácter nacional”. www.ecoportal.net

Giorgio Trucchi

Rel-UITA

Nota:

[1] CODA está conformada por Acción Conjunta de Iglesias (ACT), Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”, Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC), Asociación Hijas e Hijos del Maíz; Centro Humboldt, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Comité de Acción Global, Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM), Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica (GPAE), Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (LIDECONIC), Mesa de Productoras y Productores del Norte (MEPRONORTE) y el Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS)