El 16 de diciembre de 2006, 1500 mujeres trabajadoras, se enteraron de que perderían sus empleos por causa de la “quiebra” de la empresa en la que algunos y algunas habían laborado durante más de diez años. Ese día se anunció la liquidación de Flores de La Sabana, una de las más antiguas y la más grande de la Sabana de Bogotá, principal región productora de flores.

La liquidación de Flores de la Sabana, así como la de Flores Mocarí, Acuarela,Floralex y siete empresas más a nivel nacional, es reflejo de la crisis sin precedentes del sector floricultor colombiano que ha generado la pérdida de 22.000 empleos en cuatro años, según Marcos Ossa Ramírez, director del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores.

La reacción de los empresarios ha sido pedir al gobierno políticas que protejan al sector, y la respuesta ha sido la entrega de todo tipo de ayudas como el incentivo de cobertura cambiaria de 200 pesos por dólar en el 2005, los 10.000 millones de pesos (5 millones de USD) para contrarrestar las pérdidas por bajas temperaturas, y ahora, otros 150.000 millones de pesos (7.5 millones de USD) para flores, follajes y banano, anunciados por el ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, “que buscan apoyar el adecuado manejo sanitario de los cultivos y el mantenimiento del empleo”.

Sin embargo, los apoyos gubernamentales no se han traducido en la conservación depuestos de trabajo ni en la mejora de las condiciones laborales. Esto muestra los limites de insistir en los monocultivos para la exportación como fórmula de desarrollo y particularmente de generación de empleo. El caso exitoso que se utiliza para defender las bondades del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, parece estarse desmoronando por causas que van más allá de la revaluación.

A pesar de los logros de los empresarios colombianos en su empeño por mantenerse como principal proveedor de flores en Estados Unidos, existe una sobreoferta y baja de precios en los mercados, evidenciando que la demanda actual de flores cortadas está por debajo de lo que se produce en Colombia y que el mercado está dando muestras de estar en su límite.

Por otra parte, el crecimiento del sector que por años brindó prosperidad a los dueños del negocio ha estado sostenido en el deterioro progresivo de las condiciones laborales, denunciadas como precarias desde los años 80. En más de 40 años de desarrollo de la floricultura no ha sido posible la consolidación de una organización sindical fuerte, distinta a las patronales. Esto ha impedido avances en la lucha por transformar las realidades de bajos salarios, inestabilidad, tratos indignos, jornadas extenuantes, sobrecarga laboral, aumento de enfermedades profesionales y uso ilegal de Cooperativas de Trabajo Asociado para desconocer la relación laboral. Estas condiciones han sido más graves para las mujeres, el 60% de la mano de obra del sector, para quienes la floricultura ha sido una oportunidad de empleo pero que, en condiciones precarias y unida a la carga de trabajo doméstico no remunerado, representa más obstáculos que oportunidades para la superación de la pobreza y la discriminación.

Entre tanto los empresarios, representados por Asocolflores y con respaldo del gobierno, continúan sus acciones de lobby a favor del Tratado, atendiendo visitas de delegaciones estadounidenses y sosteniendo reuniones en Washington, convenciendo a los congresistas de lo necesario de un TLC que incentive este tipo de productos. Recientemente, el gobierno le otorgó 7.000 millones de pesos (3,5 millones de USD) al Fondo de promoción a las exportaciones de flores para la realización de campañas publicitarias “tendientes a consolidar a Colombia como el primer exportador mundial de flores y promover el consumo nacional”.

Tal vez esta insistencia revela la intención de exprimir un poco más el negocio con base en seguir la vía de la precarización laboral, a juzgar por los despidos sin justa causa a trabajadoras y trabajadores de más de 10 años de antigüedad incluso en empresas que no se han declarado en quiebra. También por la postura de Augusto Solano, presidente de Asocolflores, en la negociación del salario mínimo del 2.008, donde solicitó tener en cuenta que la revaluación había incrementado en un 30% los costos laborales. Este incremento, como es evidente, no se ha reflejado en el ingreso en pesos de las y los trabajadores.

También es posible que los dueños del negocio estén pensando como salida en otros “casos exitosos” en el marco del TLC como aromáticas, champiñones, uchuvas, moras u hortalizas, basados en el mismo modelo de producción y comercialización. Las trabajadoras y los trabajadores, en cambio, no tienen facilidades de ubicar su fuerza de trabajo en “sectores exitosos” para sus derechos laborales, ni cuentan con programas especiales del Gobierno que los protejan frente a los riesgos que el comercio internacional tiene para los monocultivos de agroexportación. Para ellas y ellos, y las comunidades afectadas, esta terquedad sólo significará más contaminación ambiental, trabajo esclavo y mayor pobreza.

No es legítimo, a la luz de los derechos de la población colombiana, que el Gobierno y el gremio empresarial insistan en la ratificación de un TLC que genera dividendos inestables y marginales, a costa de las comunidades, y en contra de una apuesta de desarrollo sustentable para el país. www.ecoportal.net

Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Alca, Recalca
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