España vive estos días inmersa en lo que ya califican como su primera guerra del agua, en referencia a los vaticinios que los expertos pronosticaron para el siglo XXI sobre los
conflictos geopolíticos en el mundo por la carencia del líquido. La falta de lluvias y la pérdida a borbotones de las reservas en los pantanos españoles ha provocado una situación inédita hasta ahora, al menos en la capital de Cataluña, Barcelona. Se corre el riesgo de que si no se adopta una medida de urgencia podrían quedarse sin abastecimiento más de 5 millones de personas que viven en la región.

La primera gran crisis del reelecto gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está abierta y, quizá, en su fase más cruda: la del enfrentamiento abierto entre líderes regionales, sin distinción de color político, por garantizar para su zona el suministro del recurso.

El origen del problema es un factor ajeno a las decisiones políticas: España ha vivido la peor sequía de su historia, que se ha ensañado especialmente con Cataluña, donde ha pasado más de año y medio sin llover de forma constante, ya que en este tiempo se han registrado algunas lloviznas aisladas que en ningún caso alcanzan a paliar el problema.

Nivel de emergencia

La falta de precipitaciones en Cataluña y en el resto del país ha tenido una consecuencia inmediata: la pérdida a borbotones de las reservas de agua en los distintos embalses o pantanos existentes en todo el país, que han servido para abastecer a la población. Actualmente los embalses en Cataluña están a 20 por ciento de su capacidad, es decir, se encuentran al borde de lo que los expertos llaman “nivel de emergencia”, y de continuar así se pondría en riesgo el abastecimiento a Barcelona y los municipios de alrededor, lo que significa que más de 5 millones de personas están en peligro de quedarse sin agua en octubre próximo –en sólo seis meses–, por lo que desde el pasado 8 de enero se aprobó una normativa de urgencia en la que se aplicaron restricciones al uso del líquido y las dotaciones para el riego. Un hecho insólito hasta ahora en
la región.

Ante la gravedad del problema y la tardanza en la construcción de dos desaladoras en Barcelona, cuyas obras llevan cinco meses de retraso, el gobierno de la Generalitat catalana, presidido por el socialista José Montilla, exigió a su homólogo español, Rodríguez Zapatero, la aprobación de una medida de urgencia. Fue entonces cuando estalló la primera guerra del agua, al menos entres las regiones limítrofes y que se abastecen del codiciado y hoy venerado río Ebro, el más caudaloso del país.

El presidente español, que en su día derogó el trasvase del Ebro, previsto por el anterior gobierno del derechista José María Aznar, no tuvo más remedio que aprobar un pequeño trasvase en la desembocadura del Delta del Ebro, para utilizar el agua sobrante para el abastecimiento de Barcelona. Así se inició la construcción de una tubería de 60 kilómetros que iría de Tarragona a la capital catalana.

Tanto el gobierno central como el catalán defendieron la obra –que costará 180 millones de euros– con el argumento de que “estamos ante una situación de emergencia” y que dicha agua únicamente se utilizaría en caso de “necesidad apremiante”.

El programa que prevé el gobierno catalán para afrontar el problema es el siguiente: 45 por ciento del agua se abastecerá por medio de los embalses, incluso con los índices bajos registrados en estos días, mientras que el restante 55 por ciento se captará de la gestión de recursos, las captaciones en desuso, la alimentación de las reservas mediante barcos y 15 por ciento de cuencas externas.

En cualquier caso, la solución del llamado “minitrasvase del Ebro” ya ha provocado tres reacciones airadas: la de los presidentes de Valencia, Murcia y Aragón, Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel y Marcelino Iglesias, respectivamente.

Los dos primeros consideran “una humillación” que se apruebe el traslado de agua a Barcelona, cuando en años recientes ellos han solicitado un trasvase a gran escala, además de acusar al gobierno central de discriminarlos por pertenecer a otra ideología política, al ser ambos del derechista Partido Popular (PP). Mientras que el líder de Aragón, el socialista Iglesias, pidió a su gabinete jurídico un estudio para valorar la legalidad de la medida y analizar posibles vías para invalidarlo, una vez que el caudal del Ebro pasa sobre todo por territorio aragonés.

Las organizaciones ecologistas Greenpeace, Seo BirdLife, WWF Adena, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra también entraron en la disputa, al criticar el “minitrasvase”, si bien matizaron: “el trasvase del Ebro que planteaba el PP hablaba de detraer mil hectómetros cúbicos para el regadío y la actividad económica del levante, mientras que ahora hablamos de 50 hectómetros cúbicos para uso de agua de boca”. www.ecoportal.net

La jornada, abril de 2008