Las 23 organizaciones no gubernamentales (ONG) que el 21 de noviembre de 2005 concordaron el Acuerdo de Chagual con la Presidenta Bachelet, cuando ésta era candidata a La Moneda, dieron por desahuciado ese compromiso, al constatar nuevamente que el gobierno destinará recursos públicos para estudiar la opción núcleo-eléctrica. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado de prensa, en el cual aducen “la abierta y reiterada violación del compromiso N° 7, referido a ‘no incluir la opción nuclear en la política energética nacional’.

Comisión Zanelli, rol del ministro Tokman y política de represión

La declaración de rompimiento del Acuerdo de Chagual señala que “se ha incumplido gravemente el compromiso por parte del gobierno, al instituir vía Decreto Nº 49 del 13 de marzo de 2007 del Ministerio de Minería, una comisión presidencial denominada "Grupo de Trabajo en Núcleo Electricidad" (Comisión Zanelli) y al destinar $100 millones de fondos públicos para estudios y funcionamiento de dicha comisión”.

Aun cuando “algunos de los miembros del Acuerdo de Chagual interpretaron esto como una ruptura inmediata del compromiso suscrito, se optó en ese momento por atender a las diversas explicaciones entregadas por funcionarios de La Moneda”, en cuanto a que sólo se trataba de estudios sobre el estado del arte de la tecnología nuclear en el mundo, y que no se tomaría una decisión al respecto.

Sin embargo, versa la declaración, “el incumplimiento se reiteró de hecho al elaborar y enviar al Parlamento el presupuesto de la nación para el año 2008, pues en la Partida 17, Capítulo 5, Programa 1 del Ministerio de Minería, la Comisión Nacional de Energía (CNE) incluyó -en las glosas 2(f) y 3(d), páginas 518, 519 y 520,- financiación para el "funcionamiento del Grupo de Trabajo en Núcleo-Electricidad".

El comunicado agrega además que el propio ministro de Energía Marcelo Tokman, al patrocinar e inaugurar el seminario "Energía Nuclear: una opción para Chile" (auspiciado por las empresas del área nuclear Areva (Francia), General Electric (EEUU), AECL (Canadá) y la Corporación Núcleo Eléctrica (Rusia), el pasado 27 de marzo de 2008, anunció un presupuesto de US$2 millones para estudios tendentes a evaluar la incorporación de la energía nuclear en la matriz eléctrica del país”. En dicha ocasión, Tokman también expresó la intención del gobierno de destinar durante 2009 un monto similar para estos estudios.

En tal sentido, la declaración indica que “estos hechos configuran una clara violación del Acuerdo de Chagual, razón por la cual comunicamos a la Presidenta y al país que consideramos roto el compromiso sellado en dicho Acuerdo, y que, por lo tanto, las organizaciones ecologistas y ambientalistas firmantes se encuentran en libertad de acción respecto al compromiso que hasta ahora había implicado un apoyo a su gestión de gobierno".

En la conferencia de prensa, el presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), el abogado Fernando Dougnac, denunció que “los ecologistas somos tratados como un problema de seguridad. O sea, para el gobierno somos un peligro para la seguridad de la sociedad y del país porque no pensamos como ellos. Esto es grave. Las palabras del subsecretario del Interior Felipe Harboe no han sido suficientemente rebatidas por el mismo gobierno y los partidos políticos, pues son de una gravedad tremenda. Esto es la explicitación verbal de la política de represión que estamos sufriendo, porque han infiltrado nuestras organizaciones, han robado discos duros de computadores puntuales. En un caso, el mismo detective que indagó estos casos, apareció más tarde en uno de nuestros talleres con organizaciones sociales. A los amigos no se les trata así, por eso estamos obligados a desahuciar el Acuerdo de Chagual”.

Estado de los demás compromisos

Los ecologistas reconocen que “en el periodo 2006-2008 la ministra de Medioambiente ha realizado avances en la formulación de los proyectos de ley para la creación del Ministerio del Medioambiente, la Superintendencia de Fiscalización Ambiental, la creación del Servicio Nacional de Parques y en la elaboración de la Estrategia Integral de Cuencas, que corresponden a los compromisos 1, 2, y 10 del Acuerdo de Chagual”. Sin embargo, “el gobierno no ha concretado avance alguno en los compromisos establecidos en los numerales 4, 5, 6, 8 y 9, referidos al establecimiento de un Sistema de Cuentas Ambientales; 2 líneas de política fiscal para la sustentabilidad ambiental; ampliación del Fondo de Protección Ambiental; establecimiento de Estudios de Impacto Ambiental para la reproducción de semillas modificadas genéticamente y la protección de glaciares frente a remociones y destrucciones”.

“Por nuestra parte, en este período 2006-2008, como integrantes del Acuerdo de Chagual hemos entregado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y a autoridades sectoriales propuestas de política y normativa, tendientes a facilitar la implementación de los compromisos del Acuerdo”, señala el comunicado.

Finalmente, las organizaciones ecologistas expresan que “reconocemos el esfuerzo de algunos funcionarios de gobierno para el cumplimiento del Acuerdo de Chagual y para el avance de la agenda ambiental, pero lamentamos el desempeño de otros que han puesto a la Presidenta en una posición de no poder honrar sus compromisos”.

La declaración es adherida por el Programa Chile Sustentable, Instituto de Ecología Política, Fiscalía del Medio Ambiente, Fundación Terram, Comité Defensa del Ambiente Chañaral (Chadenatur), Eco-clubes, Red Nacional de Acción Ecológica (Renace), Movimiento Agroecológico Chileno (Mach), Eco-Conce de Concepción, Corporación Kairos, Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema), Comité del Medioambiente de Ovalle, Comité de Defensa del Medioambiente de Maipú, Consejo Ecológico de Estación Central, Escuela Agro Ecológica de Pirque, Bosque Antiguo, Ciclo Árbol-Vida, Fundación F. Albert, Defensores del Bosque, Consejo Ecológico de Lo Prado, Fundación para la Tierra y Comité Nacional Pro Defensa de Flora y Fauna (Codeff).

Los 1 compromisos para la sustentabilidad ambiental (Acuerdo de Chagual)

1-Envío al Parlamento, al terminar el primer año de gobierno, las reformas a la Ley 19.300 para la creación del Ministerio del Medio Ambiente.

1.1-Creación durante el mandato, de una Subsecretaría de Recursos Naturales y Biodiversidad (dependiente del Ministerio) que articule las políticas y programas sectoriales para el uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad. La actual Conama, pasara a constituirse en una Subsecretaria de Gestión Ambiental.

1.2-Generar una autoridad ambiental municipal articulada con el Ministerio del Medioambiente, a fin de que los gobiernos comunales tengan una política ambiental local. (requiere modificar Ley de Municipalidades).

2-Crear una Superintendencia Ambiental, que fortalezca el rol fiscalizador del Estado, reduzca la discrecionalidad y asegure la probidad funcionaria.

3-Formular y enviar al Congreso una Ley Marco de Ordenamiento Territorial, que articule los instrumentos existentes y equilibre la participación de los ministerios, las autoridades regionales y los ciudadanos, para ordenar estratégicamente el territorio

4-Establecer durante el mandato un Sistema de Cuentas Ambientales que incluya: cuentas de capital natural, rentas existentes por recursos naturales (agua, minería, tierra) e indicadores sobre cantidad y calidad.

5-Establecer durante el mandato 2 líneas de política fiscal para revertir la insustentabilidad ambiental: a) Reorientación de subsidios y mecanismos de fomento, b) Reformular instrumentos económicos existentes para internalizar costos y prevenir pasivos ambientales.

6-Ampliar el Fondo Ambiental (Ley 19.300) a un monto anual de 5 millones de dólares (20 millones de dólares durante el mandato), para investigación y acción ambiental. El Fondo estará orientado a apoyar centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil.

7-No incluir la opción nuclear en la política energética nacional.

8-No abrir el país a los cultivos transgénicos comerciales, y establecer el requisito de Estudios de Impacto Ambiental para la actual reproducción de semillas transgénicas.

9-Proteger los glaciares, y no aprobar su remoción y/o destrucción.

10- Establecer un Servicio Nacional de Parques Nacionales que se haga cargo de las áreas protegidas públicas; apoye y se articule con las áreas protegidas privadas. www.ecoportal.net