COLOMBIA
Desastrosos efectos de las fumigaciones en Nariño. Muere un niño
En el marco de la agudización del conflicto social y armado que viene atravesando el suroccidente colombiano, en especial la Costa Pacífica nariñense y el piedemonte costero, las comunidades organizadas en la Asociación de Porvenir Campesino y en la Asociación de las Comunidades de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, hicieron presencia en la gobernación de Nariño, exigiendo al gobierno departamental y nacional, mayor atención a sus necesidades y el cumplimiento de los acuerdos realizados alrededor de la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Los campesinos denuncian la muerte de un menor de edad y los continuos asesinatos selectivos de los que viene siendo víctimas los líderes comunitarios a manos de los paramilitares en zonas en donde la presencia de la fuerza publica es numerosa.
La Red de Prensa del Suroccidente Colombiano realizó una entrevista a Alirio Nastacuas, habitante de la zona.
http://www.prensarural.org/
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PERU
Minera Rio Blanco Cooper no tienen licencia social
La anulación de la denuncia por usurpación de tierras presentada por la comunidad campesina de Yanta (Ayabaca) en febrero del 2007, ha originado la reacción del presidente campesino de esta comunidad , Senecio Jiménez Pena quien dijo que “(…) la empresa (Rió blanco cooper) no tiene los permisos legales para que estén en nuestros territorios, (…) todas las empresas tienen que tener licencia social para que se dé una actividad (minera) y si no tiene la licencia social no puede haber minería” afirmó.
La anulación de la denuncia interpuesta por la comunidad campesina de Yanta proviene de la cuarta sala penal de Lima, a consecuencia de un Habeas Corpus interpuesta a favor de Andrew Peter Jhon Bristow, alto funcionario de la minera Río Blanco Cooper.
Al respecto Senecio dijo que no puede ser anulada porque “tiene que tener validez (…) estamos en nuestro derecho de reclamar nuestro recursos, (…) no estamos denunciando cosas ilegales sino lo legal”.
Asimismo informo que han demostrado la propiedad legitima del territorio perteneciente a la comunidad campesina de Yanta “Nosotros presentamos la resolución ministerial, el plano catastral otorgado por el ministerio de agricultura y el título de propiedad inscrito en registros públicos”. Afirmó Jiménez Pena
Por otro lado el fiscal de Ayabaca Manuel Sosaya López ha sido removido de su cargo por el dictamen de la cuarta fiscalía Penal de Lima como se recuerda el 22 de febrero del 2007 el presidente de la comunidad de Yanta (Ayabaca), Senesio Jiménez Peña, denunció a Majaz (hoy Río Blanco coooper) por el delito de usurpación de Tierras, ante la Fiscalía de Aybaca quien atendió la denuncia por encontrarse ocupando territorios comunales ilegalmente, lo cual fue corroborado en un inspección técnico judicial posteriormente.
La denuncia se basa en un informe de la Defensoría del Pueblo, donde se cuestiona a la minera Majaz por no contar con los permisos de las comunidades Campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huamcabamba), autorización que debe ser respaldada por la asamblea de las comunidades con la aprobación de los dos tercios de los comuneros.
Red Regional Agua democracia y Desarrollo
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ARGENTINA
Repudio a fallo judicial contra pueblos originarios en Chubut
El Movimiento de Apoyo en la Lucha por la Tierra (MALUT) repudia el fallo dictaminado por el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Esquel, que absolvió a los doce policías que estuvieron involucrados en el maltrato a integrantes de la Comunidad Mapuche de Vuelta del Río, en la provincia de Chubut, cuando resistían al despojo de sus tierras generacionales.
Este hecho, lejos de ser un incidente aislado, forma parte de la realidad que enfrentan cientos de comunidades indígenas y campesinas del país y Latinoamerica, como consecuencia del desplazamiento de las fronteras agropecuarias y el descubrimiento de recursos que lleva a que tierras antes "marginales" sean recategorizadas ahora como "productivas". En el despojo de los pobladores participan empresas mineras, pooles de siembra, consorcios agropecuarios y grandes propietarios con la complicidad de los gobiernos y de la Justicia.
En La Pampa los puesteros del oeste, muchos de los cuales son descendientes de los pueblos originarios, enfrentan esta situación. Algunos ya han sido desplazados y otros se mantienen en sus tierras gracias a su resistencia y al apoyo de distintas organizaciones, incluida la nuestra.
Por ello el MALUT repudia el fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Esquel, adhiere a la lucha que la Comunidad Mapuche de Vuelta de Río está llevando a cabo contra el despojo de sus tierras generacionales y solicita la presencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Defensor del Pueblo de la Nación y de la provincia de Chubut, y de todos los organismos correspondientes para defender los legítimos derechos de los pueblos originarios.
Santa Rosa (La Pampa), junio de 2008
Reenviar este comunicado a los siguientes correos y a todos los contactos que crean necesarios:
Defensor del Pueblo de la Nación: mondino@defensor.gov.ar
Defensor del Pueblo de la provincia de Chubut: defgral@juschubut.gov.ar
Oficina de Asistencia a la Víctima: ofavi@mpf.gov.ar
Unidad fiscal de coordinación de las causas de violación a los Derechos Humanos: ufiddhh@mpf.gov.ar
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: indigena@inai.gov.ar
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UNION EUROPEA
La Directiva de Retorno de la Unión Europea es represiva e inhumana
La Directiva de Retorno de la Unión Europea, para determinar las normas europeas para la devolución de inmigrantes irregulares, se discutió y se aprobó en el pleno del Parlamento Europeo el miércoles pasado en Estasburgo. Yo fuí uno de los 5 diputados europeos de los 54 españoles en el Parlamento Europeo que votamos en contra de esta normativa indigna.
Es verdad que nos hace falta una política europea de inmigración pero esta propuesta es represiva e inhumana. No habla de organizar la inmigración o de la protección de los más débiles, solo de expulsar a millones de personas en tiempos de crisis económica. Es una propuesta de "usar y tirar" para los tiempos económicos de vacas flacas.
La Directiva debilitará la garantías legales de los inmigrantes en países como España, que tienen actualmente un marco más garantista. Uno de los aspectos más criticables de la Directiva es la posibilidad legal de encerrar durante 18 meses a adultos o incluso a menores por el simple hecho de no poseer papeles
Además, es inaceptable de prolongar la detención si el país de origen no coopera en mandar los papeles correctos. En la práctica esto significará que cuanto más dure la detención más difícil será el regreso del inmigrante.
Especialmente negativo es la propuesta de permitir la deportación de una persona inmigrada a su "país de tránsito". Significará mandar desde España a muchas personas africanas subsaharianas a Marruecos donde pueden ser encarceladas o sufrir una situación muy precaria.
Es profundamente injusto e inhumano prohibir la entrada al UE durante 5 años a personas que simplemente han venido a Europa para visitar a un miembro de su familia. La regla no toma en cuenta las circunstancias familiares de cada individuo al prohibir la entrada a la UE.
Esta Directiva puede suponer una ligera mejoría en algunos países de la Unión pero en general impone el denominador común más bajo y elimina muchas garantías legales que todavia existen en países como España.
David Hammerstein
Eurodiputado de Los Verdes
www.davidhammerstein.org
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ECUADOR
Se crearán fiscalías para atender asuntos indígenas
El país contará con fiscalías indígenas que se encargarán de tratar temas relacionados a estos colectivos. El Ministerio Público de anunció hoy la creación de fiscalías en las provincias de Pastaza y Morona Santiago en la región amazónica, Cañar y Loja, en la Sierra, y Guayas y Esmeraldas, en la Costa.
En un comunicado el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, explicó que la decisión se enmarca en un convenio suscrito por el Ministerio Público y el gubernamental Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (Codenpe).
Según el Ministerio Público, el propósito de las nuevas unidades de la Fiscalía es "optimizar el servicio de la institución y permitir a los diferentes pueblos y nacionalidades el acceso a la justicia penal".
Además, recordó que el artículo 24 de la Constitución ecuatoriana establece que "toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada, en su lengua materna, de las acciones iniciadas en su contra".
La creación de las fiscalías también pretende resolver problemas del pasado, pues muchos casos relacionados con indígenas se llevaban a cabo en español, pese a que la mayoría de estos hablaba quechua.
Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que estas primeras oficinas para atender los asuntos indígenas serán una especie de "unidades piloto" y que luego se prevé extender la cobertura a todo el país.
Ecuachaski
