Doble cara del gobierno frente a minería

Hace un año era casi un hecho que una nueva etapa de minería metálica a gran escala arrancaría en El Salvador a partir del 2009, impulsada por la llegada de transnacionales emocionadas ante el aumento del precio del oro en el mercado internacional (US$1,000 la onza). Pero nuevos factores han puesto en jaque los proyectos mineros en el país, sobre todo el que pretende impulsar la trasnacional canadiense Pacific Rim.

Elecciones, presión popular y la llegada de nuevos aliados en contra de esa industria han parado ese y el resto de proyectos mineros en general.

Estos proyectos —la mayoría en manos de compañías estadunidenses y canadienses— poseen permisos de exploración, y en conjunto extraerían unos 12 millones de onzas de oro y 78 millones de onzas de plata, según el estudio “El lado oscuro del oro: Impactos de la minería metálica en El Salvador”, elaborado por Cáritas de El Salvador y la organización no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), publicado en diciembre del 2008.

El documento señala que si todos esos proyectos se implementaran, generarían ganancias por el orden de los $10 millardos, de los cuales $9.8 millardos irían a parar a las transnacionales, y sólo $200 millones llegarían al Estado salvadoreño.

Generación de empleos

Se estima que se generarían unos 14,000 empleos directos e indirectos en ese sector, pero las organizaciones civiles sostienen que eso apenas representa el 0.3% de la población económicamente activa del país.

Otro estudio, “Minería de metales y desarrollo sostenible en Centroamérica”, a cargo de la organización humanitaria Oxfam América, señala que el sector minero exagera con frecuencia los beneficios en relación a los empleos que se producirían, sin considerar los costos sociales y ambientales. Oxfam critica un estudio elaborado por el ex ministro de Hacienda, Manuel Hinds, consultor de la empresa canadiense, quien a partir de una cifra de 450 empleos que se crearían en el caso de Pacific Rim, multiplica tal cifra por otros factores hasta llegar a 36,000 empleos, directos e indirectos, únicamente en el caso de esa compañía.

Pacific Rim es la más agresiva de las compañías involucradas, y es la que está en el ojo de la tormenta porque está presionando fuertemente para obtener la aprobación del gobierno para empezar a explotar la mina El Dorado, ubicada a 65 km al noreste de San Salvador, en el departamento de Cabañas.

La compañía solicitó en el 2005 el permiso para la explotación del yacimiento de oro, del cual pretende extraer, si consigue el aval oficial, unos 1.4 millones de onzas de oro, durante un periodo de 6 años. Desde entonces la empresa ha venido peleando por disipar las dudas que varios sectores plantearon a su Estudio de Impacto Ambiental, lo cual retrasaba el visto bueno gubernamental.

La empresa desarrolló durante todo el 2008 una agresiva campaña mediática, vendiendo la idea de una “minería verde” o “minería sustentable”, sabiendo que su proyecto no era bien visto por grupos ambientalistas ni por la población en general.

El gobierno, aunque ambiguo, daba la impresión de que terminaría dando a los canadienses la luz verde.

Los votos cuentan

Sin embargo, nuevos factores han inclinado la balanza, de momento, en contra de la Pacific Rim. El proceso eleccionario que ha vivido el país desde enero pasado con los comicios de alcaldes y diputados, y que finalizará el próximo 15 de marzo, con los presidenciales, es quizá el de mayor peso.

La minería es un tema controversial, con poca aceptación entre la población. Ante la cercanía de las presidenciales, y con las encuestas a favor del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha cambiado de actitud y ahora rechaza el proyecto de El Dorado. Todo indica que su rechazo es contra la industria en general, y no contra un proyecto en específico.

“El país tiene todo el derecho de dar o negar permisos de explotación minera”, dijo el presidente Antonio Elías Saca, en declaraciones a la prensa a fines de febrero. El mandatario aduce que no se han despejado las dudas sobre los impactos negativos de la minería sobre las personas y el ecosistema.

Nuevos actores han aparecido también en contra de la industria minera. El 22 de febrero, el nuevo arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar, se manifestó en contra de la minería, una actitud que representa un giro importante respecto a la visión pro-empresarial de su antecesor, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, salido de las canteras del Opus Dei.

“No es conveniente que se haga la explotación en este momento, porque no tenemos los recursos ni la capacidad para explotarla a favor nuestro”, dijo el prelado, en conferencia de prensa.

El pasado 9 de diciembre, la compañía canadiense —cuya matriz tiene sede en Nevada, EEUU —amenazó con demandar al Estado salvadoreño por negarle el derecho de extracción, amparándose en cláusulas de protección de inversiones recogidas en el Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con EEUU (TLCAC+RD). La demanda podría superar los $75 millones, que es el monto que, según Pacific Rim, se ha invertido hasta ahora en El Dorado.

Sin embargo, organizaciones en contra de la minería creen que hay intereses ocultos.

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, que aglutina a varias organizaciones locales y nacionales que se oponen a esa industria, publicó el 9 de febrero un aviso pagado en el que señala que Saca maneja un doble discurso: por un lado rechaza la minería, pero por otro “a los directivos de la Pacific Rim les ofrece el permiso después de las elecciones del 15 de marzo”.

El acceso al agua por parte de las comunidades cercanas a El Dorado también está en juego. Algunos nacimientos de agua, dicen los pobladores, han comenzado a secarse ya, aun en esta fase de exploración.

“Hemos visto cómo algunos pozos están casi secos, y eso no pasaba antes”, dijo Guadalupe Avilés, una joven oriunda de San Isidro, el poblado en cuya jurisdicción se levantaría el proyecto El Dorado.

Avilés formó parte de un grupo de unos 50 habitantes de San Isidro que llegaron a San Salvador el 3 de marzo, para marchar hasta el Congreso y exigir a los legisladores que retomen un proyecto de ley presentado hace tres años por la Mesa Nacional Frente a la Minería, en el que se pide la prohibición de esa industria.

El cianuro —precisa el informe de Cáritas— reaparecería en los ecosistemas de las zonas vecinas de las minas, como contaminación difusa, por la condensación y precipitación de las lluvias. Otras sustancias tóxicas incluyen el arsénico, mercurio, cromo, entre otros.

La contaminación alcanzaría incluso San Salvador, pues el agua con que se abastece la capital proviene del río Lempa, cuyas aguas se nutren con los afluentes contaminados en las zonas mineras. www.ecoportal.net