Este mega-proyecto fue presentado a la CONAMA Región de Atacama, el 21 de octubre de 2008, iniciándose el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, pero su maquinación y gestación data de mucho antes.

El yacimiento era llamado originalmente “Regalito”, y la empresa desde hace aproximadamente 5 años ha venido sondeando el terreno para la aprobación de su proyecto.

A esto se incluye el mejoramiento de la ruta C-453 (una de las vías de acceso al proyecto) por parte del MOP, para el tránsito de carga pesada, obra realizada con la plata de “todos los chilenos” para un proyecto privado aún en evaluación (situación que ya ha ocurrido en casos similares en otros lugares del país).

A esto se suma que al interior de la empresa trabajan influyentes personeros de la Concertación, tal es el caso del Sr. Jaime Andrade (PS), ex director nacional de la CONADI (quien además fue el gerente de asuntos externos de Minera Pelambres), hecho que viene a demostrar lo que comúnmente se conoce con el nombre de “Lobbystas”.

La empresa, sistemáticamente ha sostenido reuniones y negociaciones con distintos actores claves del territorio, como también con las comunidades afectadas mediante la antigua práctica de entregar “regalitos” y otros apoyos económicos para influir voluntades, además de prometer progreso y desarrollo económico, cosa que en la realidad y a raíz de la experiencia y del “prontuario” de la gran minería, sucede todo lo contrario. Impactos ambientales y sociales del proyecto.

Durante todo el proceso de evaluación ambiental, el proyecto ha recibido serios cuestionamientos de parte de los distintos servicios públicos encargados de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sobre todo por el hecho de que el titular no reconoce dos de sus impactos principales: El impacto social del proyecto (alteración significativa de los sistemas de vida de los grupos humanos) y segundo, el impacto sobre el recurso hídrico (calidad y cantidad), ambas, alteraciones que no proponen medidas de mitigación.

Las observaciones han sido explícitamente planteadas en el ICSARA (informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones), con más de 50 páginas de observaciones negativas, algunas bastante graves, como la falta de información sustancial para la evaluación del impacto ambiental del proyecto, pocas garantías técnicas sobre la estabilidad y seguridad de algunas obras (tranque de relaves y vertedero) en virtud de las inclemencias climáticas, refutación y rechazo de las medidas “voluntarias” para mitigar el impacto hídrico (entre ellas un programa de estimulación artificial de precipitaciones), figuras que se mencionan en los índices pero que no aparecen posteriormente en el documento, conclusiones sin ningún sustento y mala caracterización de la línea de base en relación al tema de hidrogeología (aguas subterráneas) y medio humano (no reconocimiento de las estructuras comunitarias y culturales del área de influencia).

Además se le sugieren medidas concretas a considerar, como la incorporación de otra fuente de abastecimiento de agua para el proyecto (planta desalinizadora o traer agua desde otras cuencas) y la construcción de un by-pass en la pequeña localidad de “Los Loros”, para prevenir los riesgos asociados al tránsito de cargas peligrosas y descongestionar a la localidad del enorme tráfico vehicular asociado a la construcción y operación del proyecto (725 vehículos por día).

Impacto en el recurso hídrico. Sin duda, las mayores objeciones al diseño original es lo relacionado con el tema del uso de agua para el proyecto. La minera tiene derechos de agua por 1.095 Lt/seg. de los cuales declara utilizará sólo 580 Lt/seg. (entonces ¿Por qué adquirir el doble de derechos?), lo que es el equivalente al consumo de agua potable de toda la ciudad de Copiapó, aunque la diferencia radica en que este uso es permanente y continuo, las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que significa un gran estrés hídrico para el sistema.

El titular en su línea de base no reconoce la actual situación de déficit hídrico de la cuenca del río Copiapó, ni incorpora esta situación para evaluar otras alternativas de suministro, por lo que no reconoce impacto alguno sobre la cantidad y calidad del recurso hídrico, utilizando una modelación sin el suficiente respaldo técnico que avale sus conclusiones.

Por tal motivo, sus medidas de mitigación tienen el carácter de “voluntarias”, lo cual ha sido concluyentemente rechazado.

El suministro de agua para el proyecto provendrá de una batería de pozos ubicados en el sector del valle, que luego será bombeada desde los 1000, hasta los 4000 Mts. sobre el nivel del mar, lo que significa un enorme consumo de energía.

Debido a los enormes costos asociados a esta alternativa, la empresa ya ha evaluado otra opción, pero que no es la declarada en el EIA, y que corresponde a la extracción superficial del agua desde el río “Ramadillas” para luego compensar esta extracción con los pozos que poseen aguas abajo en el valle.

Una parte del ahorro por concepto de energía, estarían dispuestos a entregarlo para la evaluación de una planta desalinizadora, pero según sus propias estimaciones, no existe la factibilidad económica para materializar esta inversión por sí solos, por lo que deberían entrar otros actores al juego (en clara alusión al gobierno).

Tal alternativa ha sido expresamente manifestada por la empresa en diferentes reuniones, pero cuidándose de siempre hacerlo de manera informal. Dicha situación es una modificación sustancial al proyecto original, por lo que debería ser nuevamente evaluado por los servicios competentes, con el consiguiente gasto de recursos y tiempo en evaluar un proyecto que no corresponde al que la empresa realmente quiere ejecutar, lo que constituye un engaño manifiesto a la institucionalidad ambiental del país.

El rol de la Municipalidad de Tierra Amarilla. Por primera vez en su historia y dada la envergadura del proyecto, la Municipalidad de Tierra Amarilla se ha hecho parte de un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Apoyada por los profesionales del Programa Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, redactó un documento donde se manifiestan las principales observaciones al proyecto, en función de la misión del municipio de velar por la calidad de vida de la población.

Las principales objeciones son las siguientes: Ampliación del área de influencia directa del proyecto a todas las comunidades presentes en la ruta de acceso a la mina, reconocimiento por parte de la empresa del impacto social que significará el proyecto, sobre todo en la localidad de “Los Loros” y proposición de medidas de mitigación al respecto.

A esto se agrega, el reconocimiento de las estructuras comunitarias y culturales de las comunidades al interior del valle, apoyo concreto en infraestructura, tanto a bomberos de Tierra Amarilla, como a la Posta Rural, para enfrentar distintos tipos de emergencias químicas derivadas del transporte de sustancias peligrosas, la construcción de un by-pass en “Los Loros”, resguardo de las rutas de tránsito ancestrales de los crianceros al interior del valle y, finalmente, la construcción de una “planta desalinizadora de agua” para el proyecto que asegure la sustentabilidad hídrica de la cuenca para todas las actividades productivas, humanas y la biodiversidad de la zona. Más participación ciudadana.

El proyecto “Caserones” tal como está originalmente diseñado, no ofrece las garantías suficientes para asegurar que el titular ha identificado y previsto todos los impactos ambientales que su actividad podría generar en el Valle de Copiapó.

Por lo tanto, si no se incorporan las rectificaciones y observaciones propuestas por la institucionalidad ambiental, el proyecto constituye un grave riesgo para la sustentabilidad ambiental del territorio, sobre todo a lo que concierne al impacto social y sobre el recurso hídrico que el proyecto podría generar.

Esta situación representa una enorme responsabilidad para las organizaciones sociales del territorio, ya que son ellas las que mediante la activa participación y seguimiento del proceso, deben velar por el resguardo de un valle y sus habitantes, que históricamente han sabido subsistir de otras actividades económicas de menor impacto.

Los beneficios de este proyecto son netamente privados, ya que los recursos inyectados al sistema público se administran a nivel central y poco quedan en las regiones. Más aún si se considera que sólo un 20% del personal permanente será de la Región de Atacama (citado en el propio EIA de la empresa), lo cual implica un porcentaje mucho menor de trabajadores de Tierra Amarilla, la comuna más afectada por el proyecto.

Cabe recordar que Tierra Amarilla es una comuna rica en recursos naturales, pero en la que sin embargo no se visualiza esta situación en la comuna, tanto a nivel de infraestructura, servicios e indicadores sociales de calidad en salud y educación.

La comuna será declarada como zona saturada de contaminación, tiene un índice de pobreza de un 11.9% (CASEN 2006) y el Índice de Desarrollo Humano la ubica en el puesto 161 del ranking de 345 comunas del país, afectada especialmente por la variable ingreso y su mala distribución.

En alrededor de 20 años de gran minería en la comuna, donde se esperaba progreso y desarrollo para todos, el aporte de las empresas privadas al bienestar de la comuna ha sido escaso, considerando que hoy la comuna sufre más los impactos negativos de la actividad minera, que el goce de sus beneficios, por lo que esta es una gran oportunidad de plantear un trato más justo para con estos posibles “nuevos vecinos”.

La invitación es a informarse, participar, tener una postura crítica y demandar un discurso claro de las autoridades comunales, para sacar así sus propias conclusiones de manera informada y responsable. www.ecoportal.net

Manuel Pizarro M. Ingeniero Ambiental
Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina
www.conflictosmineros.net