El incremento de los conflictos socioambientales en los últimos doce meses no solo es el resultado del estilo de desarrollo que ha propiciado el gobierno para el Perú, también es una muestra de que la población tiene más conciencia que el gobierno sobre lo que está en juego, sostuvo Nelson Manrique.

Según el reporte número 61 de Defensoría del Pueblo, correspondiente a marzo del 2009, los conflictos socioambientales generados por la industria extractiva aumentaron hasta llegar a convertirse en el 49 por ciento de los conflictos sociales del país.

“Este hecho es sorprendente y apunta a la lógica estatal de dar garantías a empresas para sus actividades sacrificando el patrimonio de los peruanos, que son nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad” indicó el sociólogo.

Las compañías mineras tendrían que gastar lo que corresponde a una explotación limpia de los recursos, agregó Manrique.

El elevado número de conflictos socioambientales registrados en el último año se han producido en 108 localidades del país.

Coincidentemente, todas estas poblaciones presentan niveles de pobreza y pobreza extrema, donde el analfabetismo sobrepasa el 50 por ciento de sus habitantes, como ocurre en Llusco y Chumbivilcas, Región Cusco.

Lo que lleva a estos peruanos a ser actores de este conato social es, según el informe de la Defensoría del Pueblo, el gran temor de que su medio ambiente sea agredido.

Otro motivo es la supuesta contaminación generada de sus recursos naturales. Y, también, el incumplimiento por parte de las empresas de los compromisos pactados con las comunidades.

Los otros conflictos

Es revelador que el 49 por ciento de los conflictos sociales tengan que ver con demandas socioambientales, seguida de lejos por asuntos de gobierno local (13%), y asuntos de gobierno local y laboral (9%).

Esas cifras indicarían el desplazamiento de las tradicionales demandas laborales por las de tipo ecoambiental.

En opinión del sociólogo Nelson Manrique, estas últimas se mantendrán, mientras que las demandas laborales crecerán fuertemente en los siguientes meses, debido a los efectos de la crisis económica que ya golpea al Perú.

Capacidad de solución

José Luis López Follegatti, ejecutor de espacios de concertación minera, refirió que más que el número de conflictos socioambientales, lo que le preocupa es el bajo nivel de diálogo en que se encuentran los mismos, para calificarlos de positivos o negativos.

No es malo, indicó López, que en la sociedad haya divergencia de ideas y de intereses. Lo malo es la anulación de uno u otro en la confrontación, añadió.

Y señaló que los conflictos más difíciles en este momento son los relacionados a las empresas Casapalca y Volcan, “donde no encuentro una buena actitud en el actor empresarial”.

En la misma línea colocó a Southern Perú y a Doe Run. Consideró improbable que esta última culmine el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) al que está obligada.

Se debe definir, dijo, cuánto tiempo más Doe Run va a postergar el Pama, qué sanciones recibirá, y la posibilidad de modificar la relación Estado-empresa.

López Follegatti resaltó la experiencia de consulta ciudadana aplicada por Xstrata en Las Bambas, Apurímac, que mejoró su relación con la comunidad.

Para Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el Estado debe invertir en potenciar y capacitar a más funcionarios en el manejo y resolución de los conflictos sociales. Esta inversión es a todas luces rentable si se tienen en cuenta las pérdidas que ocasionan estos para el Estado y el sector privado.

Lamentablemente, señala el especialista, en el Perú la capacitación en este tipo de materia aún es incipiente y solo algunas universidades dictan cursos o talleres al respecto. “Por ello la defensoría, cumpliendo sus funciones, iniciará pronto la capacitación en este tema de funcionarios de los gobiernos regionales y locales de Piura, Cajamarca, Junín, Arequipa y Cusco”, detalla Rolando Luque. Justamente en esas regiones es donde hay pendientes muchos conflictos que requieren urgente atención.

El número de conflictos sociales en el Perú suma 238 (en marzo del 2008 eran 93), pero solo la Presidencia del Consejo de Ministros tiene una unidad de manejo de conflictos. Si usted entra a la página web de ese organismo, verá que sus reportes dan cuenta del trabajo realizado solo hasta octubre del año pasado. Eso no quiere decir que los últimos meses no han trabajado, sino, por el contrario, que el poco personal con el que cuentan ha sido superado por el creciente aumento de los conflictos.

Con relación a la protesta de los nativos, el más reciente conflicto social que afronta el Estado, Luque recomienda a los especialistas del Estado que una vez que se den las condiciones para conversar separen los temas sociales de los legales a fin de facilitar el diálogo.

“La discusión acerca de las leyes que por ejemplo aprueban los tratados de libre comercio y los temas de concesiones para exploración y explotación en terrenos nativos debe ser separada de los reclamos sociales a fin de facilitar la resolución de los problemas más urgentes”, sugiere Luque quien tiene experiencia en este tipo de diálogos.

Cusco, Áncash, Ayacucho, Cajamarca y Lima son las regiones con mayor número de conflictos socioambientales en marzo del 2009. El 62% de los casos se concentra en ocho regiones: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Loreto, Pasco y Lima. De los 116 conflictos socioambientales, 33 se encuentran en la fase de diálogo, es decir un número mayor al que había en febrero. Entre los conflictos socioambientales, los más numerosos (82) tienen que ver con la actividad minera. www.ecoportal.net

Fuentes

http://www.larepublica.pe

http://www.elcomercio.com.pe

Muqui "Red de Propuesta y Acción" www.muqui.org