Como es de conocimiento general, desde el año 2006, en el marco del proceso de cambio impulsado por el Gobierno boliviano y en la firma del Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP) y la Alternativa Bolivariana de las Americas –ALBA, se promovió el intercambio comercial entre Bolivia, Cuba y Venezuela en primera instancia. Es así que el Gobierno Venezolano suscribió un acuerdo para comprar a Bolivia anualmente, 200.000 toneladas de soya, con el requisito que dicho grano provenga de pequeños productores y no sea transgénico. Este proceso que si bien se inició con buenos augurios y como un ejemplo de integración comercial en base a criterios de responsabilidad social y ambiental, se fue distorsionando debido a que en la implementación de dicho acuerdo, por parte del gobierno boliviano, surgieron acciones contrarias a los objetivos del TCP-ALBA.

En primer lugar, el gobierno boliviano creó EMAPA, una empresa estatal para promover la producción de alimentos, por parte de los pequeños productores, la misma que no cumplió con los requisitos establecidos para la producción de soya y no se enmarcó en el apoyo que requieren los pequeños productores para la producción de un cultivo destinado al mercado interno y a las exportaciones.

Esta distorsión se expresa en el incumplimiento de EMAPA en el apoyo a los pequeños productores, violando las políticas nacionales con referencia a la producción de alimentos y que ha generado como consecuencia la introducción de semillas de soya transgénica que se ha incrementado de un 40 a un 60% con el consiguiente aumento del herbicidas en un 40%, no ha solucionado la falta de combustible, no ha superado la falencia de pagos atrasados y con descuentos injustificados, falta de apoyo en centros de acopio, transporte, etc, y ello esta llevando a la falta de credibilidad en esta iniciativa por parte de los pequeños productores pertenecientes a los movimientos sociales y que se ha agudizado además, en actos de corrupción mediante la otorgación de recursos a asociaciones fantasmas, sobreprecios, etc. que han generado masivos cuestionamientos de los pequeños productores que cuestionan además la falta de conocimiento en el apoyo a la seguridad alimentaria, ya que EMAPA ha llegado a apoyar apenas el 20% de lo que requieren los pequeños productores para satisfacer el mercado interno y los compromisos suscritos en el marco del TCP-ALBA. Como consecuencia, el déficit alimentario es cubierto por las medianas y grandes empresas que se han fortalecido económica y políticamente.

Por otra parte, y ante el incumplimiento del gobierno boliviano en los acuerdos suscritos en el marco del TCP-ALBA es que el gobierno venezolano adquirió de empresarios privados bolivianos, una de las plantas de acopio y procesamiento de grano de soya más grande en Bolivia, llamada GRAVETAL, la misma que procesa cerca de 800.000 toneladas de grano al año.

Lo preocupante de este proceso es que, una oportunidad histórica de integración regional, establecida en el marco de los principios del TCP-ALBA, ha sido distorsionada y violados dichos principios por parte del gobierno boliviano y que se agudiza con la puesta en operaciones de GRAVETAL que impulsará en mayor medida el uso de semillas transgénicas, herbicidas, fertilizantes de alto impacto ambiental y social, generando fuerte dependencia a las empresas transnacionales y la habilitación de tierras ricas en biodiversidad y declaradas sitios RAMSAR (Como es el caso del Pantanal boliviano), para la promoción de agrocombustibles. Lo preocupante es que GRAVETAL será la empresa que viabilizará la producción y comercialización del grano y derivados del grano de soya a los países suscriptores del ALBA. Conoce estas intenciones el gobierno venezolano? Conocen de estas intenciones las organizaciones venezolanas que serán afectadas con alimentos provenientes de soya transgénica que no forma parte de las políticas de seguridad y soberanía alimentarias establecidas por el estado venezolano?

Lo anterior supone una violación al proceso de cambio impulsado mediante la aprobación de la nueva Constitución Política del estado boliviano, una violación a los principios del TCP-ALBA, supone la pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria y fortalece un modelo de producción extractivo, irresponsable, dependiente é insostenible y en el que las empresas transnacionales son las mas beneficiadas.

En otras palabras, los países del ALBA serán inundados con el grano y derivados de soya transgénica provenientes de Bolivia y que conlleva graves impactos sociales y ambientales, destruyendo territorios indígenas, contaminando suelos y aguas, etc.

Aun estamos a tiempo de frenar este proceso retrógrado impulsados por los operadores del gobierno boliviano y venezolano respectivamente. Por esta razón hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales del continente, a fin de que asuman medidas que eviten que esta grave amenaza se consolide en momentos en que soplan vientos de cambio en nuestro continente. www.ecoportal.net