En uno de los temas de debate hay una discusión de fondo que merece un análisis de mayor alcance. Se trata de la posible inclusión de criterios de desarrollo sustentable y los sistemas de monitoreo para ciertas actividades que podrían darse en los futuros acuerdos.

Mitigación nacional

Uno de los nuevos mecanismos que están en la agenda del debate son las llamadas NAMAs, acrónimo en inglés de las Acciones de Mitigación Adecuadas al País. De acuerdo a este nuevo esquema, los países en vías de desarrollo podrán recibir recursos financieros de fondos internacionales a ser creados a tal fin, además de aquellos obtenidos por los conocidos “mercados de carbono”.

No hay definiciones muy precisas aún respecto de la arquitectura final de estos nuevos procedimientos pero algo puede adelantarse. Las NAMAs se traducirán en planes o programas nacionales de mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), y que incluirán acciones y medidas a ser formulados por los países en vías de desarrollo, y que deberán registrar ante la Convención. Este nuevo mecanismo se está creando en función de la recomendación realizada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el sentido de que los países en desarrollo logren una desviación sustancial de la trayectoria de emisiones esperadas hacia el futuro.

Estos planes nacionales de mitigación podrán incluir tres tipos de medidas o acciones en función de la fuente de su financiamiento. En primer lugar estarían las medidas autofinanciadas, es decir, aquellas que los países lograrán en base a sus propios recursos y esfuerzos nacionales. En un segundo escalón, las medidas de mitigación propuestas podrían recibir recursos de un fondo internacional especialmente creado para este fin, para financiarlas total o parcialmente (su costo incremental). Finalmente, un tercer nivel incluye las acciones propuestas en el plan por encima de un cierto umbral de compromiso, y que podrán generar certificados de reducción de emisiones para ser comercializadas a través del mercado de carbono.

Estos planes nacionales deberán ser registrados ante la Convención, y estarán sujetas a un sistema externo de revisión y monitoreo para asegurar su cumplimiento. Hay dudas respecto a si todas las medidas tendrán este tratamiento (las establecidas en los tres escalones) o solamente las que reciban financiamiento internacional por la vía del fondo especial. En cualquier caso es claro que habrá un control internacional sobre todas o algunas de las medidas establecidas.

Las fallas del pasado

Uno de los temas cruciales de la estructura de las NAMAs es que, al igual que como ocurre hoy con el Mecanismo de Desarrollo Limpio, se requiere que contribuya al desarrollo sustentable del país, o demuestren co-beneficios ambientales y sociales. En el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio, se estableció que la evaluación de la contribución a la sustentabilidad es una decisión nacional. Es decir, es el propio país anfitrión quien decide cuáles proyectos son elegibles o no, y de acuerdo a sus propios criterios.

Sin embargo, la fragilidad de los procedimientos establecidos por la mayoría de los países para determinar esta condición resultó en que muchos de los proyectos aprobados no resultaran en una contribución al desarrollo sustentable. Muchos gobiernos, con el ánimo de obtener recursos adicionales para emprendimientos que se fueran a instalar en sus países, han otorgado aprobaciones sin análisis demasiado profundos.

En virtud de esto, renace el debate sobre la necesidad de imponer, o no, estándares internacionales bajo el marco de la Convención. Estos servirían para determinar cuales proyectos son o no elegibles, o cuales criterios serán aplicables para esta selección.

Las preguntas

Sumando las dos condiciones –el monitoreo externo de las medidas más la decisión sobre la contribución al desarrollo sustentable- podríamos estar ante una nueva forma de control internacional sobre parte de los planes y medidas que adoptan los gobiernos de los países en desarrollo.

Esto abre las puertas a un debate mayor: ¿pueden países soberanos someterse a un procedimiento de decisión y control internacional acerca de las medidas que adoptan en sectores estratégicos para su desarrollo, como puede ser la energía, el transporte o la agricultura? ¿Podría hacerse en todos los “escalones” o solamente en aquellos en los que las medidas o acciones reciben el apoyo de fondos internacionales para su implementación?

Y en caso de una respuesta negativa: ¿cómo van a asegurar los países en desarrollo que sus actividades en este marco van a contribuir verdaderamente al desarrollo sustentable, garantizando beneficios sociales y ambientales?

Desafortunadamente muchos gobiernos de los países en vías de desarrollo no han demostrado ser capaces de asegurarlo bajo el mecanismo de desarrollo limpio, ya que los fondos adicionales obtenidos por esta vía solo han servido para aumentar las ganancias de inversores y empresas, muchas de ellas multinacionales, y sin beneficios adicionales para sus propios gobernados.

¿Será necesario, para garantizar que los beneficios de los fondos internacionales lleguen a buen destino, que exista un mecanismo de control internacional como el que se vislumbra en las NAMAs?

Y si llegáramos a la conclusión que sí: ¿estaremos ante las puertas de un nuevo sistema de gobernanza mundial que vigile la senda del desarrollo sustentable de los países en desarrollo?

Por ahora no hay urgencia de responder a estas preguntas. En estos días en Bonn no se estará resolviendo esto definitivamente. Pero sí hay que irlo pensando porque es posible que en diciembre, cuando se celebre el encuentro clave sobre cambio climático en Copenhague, se llegue a una decisión en torno a la arquitectura final de las NAMAs. www.ecoportal.net

Gerardo Honty es analista de temas energéticos en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). En exclusiva para ALAI desde Bonn (Alemania).

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