La miopía ambiental de García

Como cada 28 de julio, el presidente constitucional de la República del Perú dirigió a la ciudadanía su mensaje de balance anual y líneas a seguir durante los siguientes doce meses.

Como cada 28 de julio, el presidente constitucional de la República del Perú dirigió a la ciudadanía su mensaje de balance anual y líneas a seguir durante los siguientes doce meses. Un mensaje, a primera vista, cargado de optimismo y triunfalismo desarrollistas que, como era previsible, culminó con un llamado a rechazar el divisionismo y autodestructivismo. En aras de salvaguardar la democracia y el progreso, tal como los entiende el actual régimen. Desde luego, Bagua, Andahuaylas y Sicuani, todos mencionados, eran los principales demonios a exorcisar.

Desde luego, las opiniones sobre el mensaje están tajantemente divididas: El gremio de los grandes empresarios y la bancada aprista, sobre todo, se mostraron bastante satisfechos con aquel, mientras que la oposición y los intelectuales de izquierda no tardaron en lanzarle sus críticas del caso. Es decir, lo que para unos eran méritos e indicios de seguir por el buen rumbo, para los otros eran vacíos o señales de un manejo preocupante de los recursos económicos del Estado.

El meollo del mensaje de García fueron las cinco reformas necesarias para convertirnos, según él, en un país “del primer mundo, desarrollado y justo” el año que se cumplen 200 años de la declaración de nuestra independencia. Esas reformas son las de la descentralización, la educación, la salud, la administración de justicia y la reducción de la pobreza. Ejes alrededor de los cuales García se explayó largamente. Sin embargo, hubo un vacío especialmente preocupante: la reforma de la gestión ambiental. Algo urgente en un país donde, según la Defensoría del Pueblo, casi la mitad de los conflictos sociales tienen un trasfondo ambiental, es decir, son conflictos socioambientales (128 de 273 conflictos). Lo más saltante de esta ausencia es constatar que en un mensaje de más de 10,000 palabras, sólo se menciona una vez la palabra “ambiente”. Curiosamente, lo hace tras hablar de la pequeña empresa, y no de las grandes empresas más contaminadoras: ciertas mineras e industrias. Este sinsentido no le impidió al mandatario mencionar dos veces a la empresa Doe Run Perú y nueve veces al gas natural. Con lo cual se asomó a dos complejas problemáticas socioambientales: la contaminación ambiental a causa de la metalurgia y la minería, y la gestión adecuada de recursos naturales como la fuente más limpia de energía no renovable.

En cuanto a lo primero, fue decepcionante que al ocuparse de la DRP, García no dijo claramente qué se hará a corto plazo para que La Oroya deje de ser una de las ciudades más contaminadas del mundo. Literalmente, García sostuvo: “Si la empresa aporta nuevo capital y da al Perú garantía económica suficiente de que esta vez sí cumplirá el Estado podrá conversar y concertar; de lo contrario la ley será aplicada implacablemente”. La primera duda que despiertan estas palabras es: ¿Qué significa concertar para el presidente? ¿Acaso es un sinónimo de ceder a los requerimientos de la empresa de contar con más tiempo para terminar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)?. No es difícil deducir que así sería. Es decir, en caso de que la empresa ponga el dinero requerido sobre la mesa, de inmediato el gobierno sacaría la bandera de la “concertación”/ flexibilización. Sin importarle si con esa decisión, se incumplen por un tiempo más los estándares ambientales que la DRP debía cumplir desde octubre del 2009, y ya no en diciembre del 2006, como se normó en mayo del 2006. Ello pese a que la ampliación del PAMA otorgada a la empresa aquella vez era supuestamente la última. Una señal clara y lamentable de que las leyes no se cumplen con quienes tienen el poder suficiente como para desafiarlas impunemente y sin el menor rubor.

Dos vacíos adicionales de García sobre La Oroya fueron: no se preocupó por constatar si con la culminación del PAMA de la DRP se solucionará definitivamente el alto nivel de emisiones de la fundición, y no tocó el tema de la remediación de los pasivos ambientales (residuos minerales tóxicos acumulados) que dejaron décadas de metalurgia en La Oroya. Aspectos que deben resolverse cuanto antes para mejorar de verdad las condiciones ambientales de dicha ciudad. Así, el derecho a la salud de la población de La Oroya y la cautela del medio ambiente, queda relegado frente a la capacidad de presionar de la DRP que, una vez más, con o sin nueva multa de por medio, está a punto de incumplir con sus compromisos ambientales. www.ecoportal.net

Raúl Chacón Pagán

EL E-COCHASKI Nº 23.