Una nueva amenaza se está concretando para la Reserva Nacional de Paracas (Ica). Esta vez se trata de la construcción de una industria petroquímica, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas al grupo Bresia. Este proyecto, que ha recibido el respaldo estatal, pone en una situación vulnerable a tan representativo espacio cultural, histórico, paisajístico y ambiental. Curiosamente, el lugar donde se establecería tiene el estatus de “zona de interés para inversiones en petroquímica” y forma parte de la Zona de Amortiguamiento de esta área natural protegida.

En el 2004 el debate se centro en la instalación de la planta de fraccionamiento de gas, en la playa Lobería, por la compañía Pluspetrol Perú Corporación S.A. Se trataba de una propuesta valorizado en 4,000 millones de dólares (7.5 por ciento del PBI) y el monto de sus beneficios netos sería de 10,000 millones de dólares. Las sospechas en torno a la seriedad de sus operaciones eran válidas por su ubicación (lugar altamente sísmico y próximo a la Zona de Amortiguamiento) y debido a que este consorcio produjo una catástrofe al derramar 5,500 barriles de petróleo en el río Marañón. Ello afectó a las poblaciones nativas y el ecosistema de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (2000).

Este reciente episodio se suma a una larga lista de graves acontecimientos suscitados en esta admirable joya ecológica, desde hace varias décadas, que han estado relacionados con la permanente confrontación entre la conservación del ambiente y los desmedidos afanes de favorecer a élites económicas, sin una visión de futuro sobre los alcances de estas iniciativas relacionadas con la explotación de los recursos naturales. Sobre el particular, hagamos un poco de historia.

La presencia del puerto San Martín (Punta Pejerrey) hasta donde llegan camiones cargados de ácido sulfúrico que atraviesan la Reserva Nacional de Paracas, impidió concretar la propuesta del prestigioso biólogo británico Ian Grimwood para declarar santuario nacional la península. Con esta nueva y controvertida intención de la corporación Bresia, el tráfico terrestre y fluvial aumentará y, por lo tanto, los peligros de accidentes, derrames y alteraciones al ecosistema.

En 1983, y a partir del “Fenómeno del Niño” de ese año, se produjo una sobreabundancia de la concha de abanico en Paracas y, consecuentemente, el gobierno -a través del Ministerio de Pesquería- benefició a ciertas empresas con la extracción ilimitada de esta riqueza hidrobiológica para los mercados internacionales. A los desórdenes de esta actividad -que se extendió durante varios años- se sumó la edificación de dos muelles financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (1985). Estas acciones contaron con el aval del ministro Ismael Benavides Ferreyros, a quien su tío, el recordado conservacionista Felipe Benavides Barreda, denunció denominándolo: “Abimael Benavides: terrorista de la naturaleza”.

Este suceso sólo tiene parangón con la “fiebre del oro” en California (1849). Entre 1983 y 1987, según el disuelto Instituto de Comercio Exterior, se generaron 74 millones de dólares por el comercio de este recurso, pero también se establecieron asentamientos humanos e instalaron 5,000 pescadores, 700 embarcaciones y 800 buzos, ocasionando incalculables trastornos ambientales y sociales. No faltaron senadores, diputados, alcaldes y amigos de los partidos gobernantes que estuvieron involucrados en estas sórdidas acciones, como Alberto Galeno Tapia (AP) y Agustín Mantilla Campos (PAP), este último específicamente señalado en el informe de la Comisión Investigadora sobre la Extracción de la Concha de Abanico en la Bahía de Paracas de la Cámara de Diputados (1987).

Pero, eso no es todo. El pretendido aprovechamiento de bentonita (1982), la edificación de albergues turísticos en la playa Atenas (1986), la emisión de los desechos domésticos e industriales en el río Pisco y en la bahía de Paracas, el establecimiento de industrias y el turismo descontrolado, etc. son algunos de los males que perjudican éste escenario de inigualable valor ornitológico, entre otros aspectos. Asimismo, una deficiencia en la conducción de esta reserva es la poca participación de la población local, que tiene elevados niveles de pobreza, y también los escasos índices de inversión en actividades concordantes con sus fines conservacionistas.

Algunos de los pusilánimes “funcionarios públicos de carrera” responsables de estos sucesos y que tienen como habitual comportamiento el miedo, la apatía, los silencios cómplices, la sumisión ante decisiones comprometedoras y exhiben efímeras lealtades (eso lo puedo acreditar por mi experiencia en la conducción del Parque de Las Leyendas) integran controvertidas organizaciones no gubernamentales y han sido asesores de organismos oficiales en este gobierno.

Es oportuno recordar que el actual régimen, a pesar de su aparente disposición para asumir la temática ecológica tuvo que retroceder en su afán de reducir el Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios y Puno), proyecto que de haberse concretado habría permitido la utilización de gas y petróleo en este espacio natural. Sobre el particular, cabe agregar que el intendente de Áreas Naturales Protegidas del Inrena (Instituto Nacional de Recursos Naturales) pagó con su cargo el haberse opuesto a las intenciones del titular de Agricultura (2007). La denuncia de parlamentarios norteamericanos (en vísperas de la aprobación del Tratado de Libre Comercio) obligó al estado peruano a rectificarse. No necesitamos decir lo que pasó, hace escasos meses, cuando el Poder Ejecutivo pretendió desconocer legítimos derechos de las comunidades nativas y lo expresado en tratados internacionales para usufructuar la diversidad biológica en la amazonia.

Todos estos hechos demuestran que la constitución del Ministerio del Ambiente (2008) no responde a una real y honesta decisión de incorporar el quehacer ambiental como eje central del desarrollo. Como lo dijimos en su momento, su creación evidenció el agudo olfato político y mediático del jefe de estado en vísperas de la V Cumbre de ALC-UE. A más de un año del nacimiento de este portafolio, pocos son los resultados y muchas las contradicciones, desautorizaciones y retrocesos relacionados al manejo de la gestión ambiental y a su injerencia en las políticas gubernamentales. Este año el Ministerio de Economía le asignó 95 millones de dólares de presupuesto de los 260 millones de dólares solicitados. Este ejemplo es más que elocuente.

Consideramos significativa la llegada de capitales orientados hacia sectores que contribuyan a impulsar propuestas de largo aliento. Pero, el Perú requiere que éstos se desenvuelvan respetando los controles y reglamentaciones ambientales, en un medio en donde todavía el marco institucional presenta debilidades, vacíos e inconsistencias y, especialmente, teniendo en cuenta la carencia de voluntad para conciliar los asuntos “verdes” con los grandes temas de la agenda nacional.

Es importante que el Ministerio del Ambiente, de donde depende ahora el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), tenga el apoyo político y económico que facilite el cumpliendo de sus atribuciones, tal como sucede en las naciones industrializados que tienen un sólido ordenamiento ambiental y cuyas inversiones son promovidas por este gobierno. Creemos que el progreso debe tener en cuenta, como su mejor aliado, a la biodiversidad y, consecuentemente, al hombre que es el “fin supremo de la sociedad”. www.ecoportal.net

Wilfredo Pérez Ruiz - Docente, conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda.

Foro Ecologico del Peru
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