La ley ambiental del embudo: Cajamarca, La Oroya y Río Corrientes

Esta semana se dio un ejemplo clave de cómo opera la ley del embudo en nuestro mineralizado país, según las preferencias y usos de los gobernantes peruanos. Por un lado le dio luz verde a la propuesta de ampliar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la Doe Run Perú (DRP). Por el otro, fue rechazado por el gobierno regional el reclamo de la población ante el ingreso agresivo de la minera Consolidada en una zona ganadera.

Esta semana se dio un ejemplo clave de cómo opera la ley del embudo en nuestro mineralizado país, según las preferencias y usos de los gobernantes peruanos. Por un lado, finalmente, este viernes el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), le dio luz verde a la propuesta de ampliar, en 20 meses, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la Doe Run Perú (DRP). Mientras, de otro lado, el lunes pasado, el pedido de una delegación de la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), liderada por su alcalde, de que se conforme una comisión de alto nivel que atienda los reclamos de la población ante el ingreso agresivo de la minera Consolidada en una zona ganadera, fue rechazado por el gobierno regional. Por su parte, la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) le pidió a Pluspetrol cumplir con la remediación ambiental adecuada de la zona ribereña, deficiente según una evaluación internacional. Por lo pronto, el segundo hecho desembocó en un lamentable choque entre pobladores del caserío de Vista Alegre, con pérdida de dos vidas humanas, debido a la intervención de personas ajenas a la comunidad, que jugaron un papel aún por esclarecer. Y lo más grave fue, que a los pocos días, los indignados campesinos de Vista Alegre y otros caseríos quemaron propiedades de la minera, haciendo de la violencia su último recurso de resolución del conflicto, a semejanza del caso Tambogrande (Piura).

El hecho referido a La Oroya se dio después de una serie de vaivenes, durante medio año, al interior del Estado, entre apoyar (extender el PAMA) o fiscalizar con rigor (multar) a la DRP. Como era inevitable, se optó por el apoyo, pero de manera que no resultara tan condescendiente, como también se hizo con la ampliación anterior (la empresa pidió el 2006 cuatro años más, pero se le dieron menos de tres, bajo una serie de condiciones). Así que se recomendó seguir la propuesta de la Comisión Multisectorial, de darle 20 meses más a la empresa, y no los 30 meses pedidos por esta inicialmente, que ahora los subió a 36 meses. Lo que debería preocupar es que a la fecha la discusión predominante está centrada en cuantos meses más darle a la DRP, y qué poder del Estado tiene la palabra final. Cuando lo principal debería ser bajo qué nuevas condiciones darle esa ampliación (que no avala esta publicación), a fin de impedir un nuevo incumplimiento, vencido este plazo. Pues, al ritmo que se va, en el mejor caso, la DRP concluirá su PAMA recién en junio del 2011, cuatro años y medio después de lo que debió ser (fines del 2006), de haber existido un aparato estatal relativamente eficiente y firme frente a las inversiones extranjeras.

Sin embargo, tan o más importante como las nuevas reglas de juego es la óptima capacidad de fiscalización por parte del Estado peruano, a fin de que estas reglas no sean violadas tan fácilmente, o que su violación no quede impune o apenas castigada. Hoy, el procedimiento de las multas es bastante largo, toda vez que es muy fácil apelar y el procedimiento es lento, o se otorgan significativos descuentos si aquellas se pagan pronto. Así, no ha entrado en la discusión cómo potenciar las capacidades de fiscalización de las entidades estatales responsables de la cuestión minera, desde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) hasta el Ministerio del Ambiente (MINAM), pasando por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). A la fecha, si bien ha habido cambios positivos en las normas que rigen los Estudios de Impacto Ambiental y otros estudios en minería, haciéndolos más exigentes, sobre todo los procedimientos de la participación ciudadana, la falencia sigue siendo cómo garantizar que esos mecanismos se den, más allá del papel, de manera adecuada y transparente. Lo cual empieza por una actitud estatal menos promotora de la minería, y más favorable a las demás potencialidades del país, como lo está exigiendo a gritos una comunidad ganadera como Vista Alegre. www.ecoportal.net

Raúl Chacón Pagán

EL E-COCHASKI Nº 30. Notas socioambientales del Perú (y allá).
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