Estamos de acuerdo con la viuda del administrador del campamento minero, cuando reclama en la entrevista publicada ayer en el diario El Tiempo de Piura, que no haya más inocentes muertos, cuando recordamos a los comuneros Reemberto Herrera Racho y Melanio García Gonzáles, fallecidos por la represión policial luego de las marchas pacíficas, realizadas en los años 2004 y 2005, al campamento minero, donde los campesinos en número de 5000, llegaron hasta dicho campamento de la empresa Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.), sin armas, solo algunos con el látigo en mano y algunos machetes para cortar las hierbas y abrir trocha en el camino, con la finalidad de exigir diálogo al gobierno y que haga respetar la ley y no sigan usurpando sus tierras, así como que les dejen vivir en paz.

Ayer, sin haber culminado las investigaciones sobre los lamentables sucesos acontecidos el pasado 1º de noviembre, y sin la presencia de representantes de las autoridades y organizaciones sociales legítimas, ni del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú que las agrupa y representa, el Ministro del Interior (MININTER), Octavio Salazar, conjuntamente con el Ministro de Energía y Minas (MINEM), Pedro Sánchez, el Viceministro de Minas, Fernando Gala, con la presencia del promotor de la minería en Piura, el Presidente Regional César Trélles Lara y el propio Gerente General de la empresa minera Rio Blanco Copper S.A., Jian Wu, han planteado en conjunto, nuevamente, la posibilidad de establecer una base militar en la zona del campamento minero.

Reitero lo antes dicho, porque no es primera vez que el tema se plantea como opción para posibilitar las operaciones de la empresa minera y del distrito minero de 29,000 hectáreas que se pretende implementar, iniciándolo con el primer proyecto denominado Río Blanco, justamente en el cerro Henry´s Hill. Tanto durante el período del presidente Toledo como durante el actual gobierno, se ha planteado implementar una base militar por la supuesta presencia o de terroristas o de narcotraficantes, a pesar que a la fecha no se ha aportado pruebas de dicha presencia en la zona.

Sin embargo, hay que aclarar que bien sabe la policía que en la zona del proyecto minero no se encuentra la zona de tránsito de sustancias ilícitas. Es conocido que en la zona de Aragoto en Ayabaca, que no es zona de influencia del proyecto minero, hay un corredor de tránsito de sustancias ilícitas hacia el Ecuador, y sin embargo hasta la fecha, no se han tomado ninguna medida, y se pretende ahora imponer una base militar, en otra zona, con el objeto, en la práctica, de viabilizar la minería.

Creemos que siendo este tema muy penoso, lo acontecido el 1º de noviembre no se debe utilizar para facilitar actividades extractivas como la minería, en una zona de ecosistemas frágiles, generadores de agua para la región Piura y el norte de Cajamarca, que sufrirían graves daños ambientales, ni tampoco se puede ser cómplice de una actividad ilegal, como la que ejerce la empresa minera Río Blanco Copper S.A., que no tiene permisos de las comunidades campesinas propietarias de las tierras superficiales, y por ello tiene denuncias por usurpación de tierras. Hacerlo sería acentuar la gravedad de los conflictos sociales.

El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) ha deslindado responsabilidades con cualquier acto de violencia y ha reiterado su voluntad de diálogo, esperando que su propuesta en ese sentido, que fuera entregada a la Defensoría del Pueblo, MINEM y PCM, permita reiniciar el diálogo y lograr una solución pacífica a un conflicto que ya lleva 5 muertes y numerosos heridos de gravedad, entre los campesinos, y una población que vive en la incertidumbre de saber que ocurrirá mañana.

Frente por el desarrollo sostenible de la frontera norte del Perú.

La lucha contra un supuesto foco de terrorismo no puede favorecer actividades ilegales de una empresa e incentivar con ello los conflictos sociales.

Una base militar perjudicaría los intereses económicos de esta zona de frontera y los del país y pondría en peligro el respeto a derechos fundamentales.

El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), sobre las medidas que se han anunciado luego de producidos los lamentables sucesos en el ilegal campamento minero de la empresa Minera Rio Blanco Copper S.A.(ex Minera Majaz S.A.), se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1. En nuestro pronunciamiento público del lunes 2º de noviembre, solicitamos que se realice una profunda e imparcial investigación sobre el ataque producido y las muertes acontecidas. Hasta la fecha, si bien las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional han viajado a la zona, se desconoce oficialmente los resultados de la misma. Sin embargo, diversos diarios y publicaciones han manifestado públicamente versiones distintas sobre la autoría de los hechos, que crean incertidumbre en la población.

2. Las autoridades de los Ministerios del Interior (MININTER) y de Energía y Minas (MINEM), han priorizado reunirse con la empresa minera y el Gobierno Regional de Piura, quienes tienen interés particular en la realización del Proyecto Minero Rio Blanco, al parecer para informarles de las investigaciones y plantear posibles soluciones, a la presencia de una empresa que realiza operaciones de manera ilegal, sin tener los permisos ni de las comunidades campesinas propietarias de las tierras en las que se encuentra el campamento minero, ni del propio Estado peruano a través del sector correspondiente (MINEM).

3. Al respecto, no entendemos como no se ha citado hasta la fecha a las autoridades, gobiernos locales y dirigentes sociales de las poblaciones directamente afectados por la actividad minera y por posibles brotes de terrorismo que se pudieran presentar en sus tierras, priorizando un enfoque de “defensa de la inversión” antes de priorizar la defensa de los “derechos fundamentales de todos los ciudadanos” que requieren conocer la verdad de los hechos y tomar medidas ante eventuales focos de violencia subversiva que puedan estar presentándose en la zona.

4. Ante estos hechos, y en respaldo de una investigación transparente e imparcial, que involucre este enfoque de derechos, acogemos la propuesta de la Red Muqui, de conformar una comisión que pueda participar en las investigaciones, y pedimos a la Defensoría del Pueblo que la promueva, con el fin de intervenir, vigilando la transparencia e imparcialidad de las mismas, y que permita que las informaciones lleguen a las autoridades y organizaciones sociales, a fin de evitar continúe este clima de incertidumbre, que crea temor en las poblaciones, por la manera como se han venido desenvolviendo desde el año 2003 las autoridades en este caso, favoreciendo especialmente los intereses de una empresa que se realiza actividades de manera ilegal y que ha recibido serios cuestionamientos en temas de índole social y ambiental.

5. De otro lado, no entendemos como nuestras autoridades, si es que aún se realizan investigaciones y aún no hay resultados, plantean de manera pública supuestas soluciones como la implementación de una base militar en la zona del proyecto minero, más aún cuando esta decisión ha involucrado en la discusión a una empresa minera ilegal , que tiene especial interés en continuar sus operaciones en la zona. Creemos que primero se debe amparar el derecho constitucional de propiedad de las comunidades campesinas, y no pretender que la actividad minera se realice al amparo de una base militar, lo que sólo podría generar que el conflicto social se agudice. Los lamentables hechos no pueden hacernos perder de vista que el Proyecto Rio Blanco tiene serios cuestionamientos legales, sociales y ambientales.

6. El Gobierno Nacional debe evaluar seriamente la instalación de una base militar en esta zona de frontera donde el Estado Peruano a través del Plan Binacional y del Fondo Binacional de Desarrollo de Frontera Peruano-Ecuatoriana vienen realizando esfuerzos importantes para lograr una paz con desarrollo, a favor de las comunidades y pueblos de esta frontera norte, que venimos saliendo de una etapa de crisis por el conflicto pasado con el hermano país del Ecuador.

7. Lamentamos que algunos medios de comunicación nacional y local y al parecer un fiscal, adelanten opinión, calificando de asesinos a los ronderos y comunidades campesinas, cuando el caso está aún en investigación. Es por ello que exigimos mesura en las declaraciones y transparencia e imparcialidad en las investigaciones para que se determine a los verdaderos responsables de los hechos.

Esperamos que las investigaciones sean transparentes, que las autoridades y dirigentes de las zonas comprometidas en esta situación aún incierta, sean informados, que la propuesta de conformar una comisión sea tomada en cuenta por la Defensoría del Pueblo y demás integrantes propuestos, que se revise la propuesta de implementar una base militar, por los graves riesgos que esto puede generar para un conflicto social que ya lleva 6 años, desde que la empresa opera ilegalmente en las tierras de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) y que finalmente se retome el diálogo, que el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) ha planteado a las autoridades y de cuya propuesta aún espera una respuesta.

Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú - (FDSFNP)

Gobierno Local Provincial de Ayabaca - Municipalidad Provincial de Huancabamba - Municipalidad Provincial de San Ignacio - Municipalidad Provincial de Jaén - Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera - Municipalidad Distrital de Pacaipampa - Comunidad Campesina de Segunda y Cajas – Huancabamba - Comunidad Campesina de Yanta – Ayabaca - Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca - Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba - Comité Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy - Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba - Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca

Pronunciamiento

La comunidad campesina Segunda Cajas, reunidos en su local institucional, con fecha 05 de noviembre de 2009, nos dirigimos a la opinión pública ante los hechos de violencia ocurridos en áreas de la comunidad y manifestamos lo siguiente:

1. Rechazamos todo tipo de violencia y expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias por la pérdida de sus seres queridos.

2. Por lo que exigimos a las autoridades del gobierno que profundice la investigación para dar con los responsables de estos actos delincuenciales.

3. Nuestra organización comunal y cada comunero es amante de la vida, la paz, la naturaleza así como la búsqueda del bienestar con amor y justicia respetando a nuestros semejantes y los derechos de la humanidad.

4. Hasta ahora la información que tenemos ha sido a través de los medios de comunicación local, regional y nacional, en la cual nos mencionan y hablan por nosotros y sin embargo nadie nos ha preguntado al respecto.

5. Asimismo, existen entre dichos por algunas autoridades, a través de los medios de comunicación, que nos quieren vincular con cultivos de amapola, narcotraficantes y terroristas.

6. Tenemos conocimiento que, con ese sustento, se están reuniendo a nivel del gobierno central, ministerio de energía y minas, para proponer militarizar la zona y así irrumpir la paz social a través del miedo y el terror, para favorecer actitudes ambiciosas de empresas mineras.

7. ¿No será que bajo este pretexto pretendan validar y legitimar la presencia ilegal de minera en aéreas de la comunidad, la misma que tiene problemas de usurpación del territorio, problemas sociales y ambientales? La empresa ha recibido el “no a su presencia” en la consulta vecinal en el distrito de Carmen de la Frontera, debe hacer frente al reciente congelamiento del capital la empresa matriz Monterrico Metals Plc, empresa matriz de la empresa minera Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.), y debe además responder a un juicio abierto ante la Alta Corte del Reino Unido en Londres por parte de la comunidad.

8. Al respecto nosotros reiteramos que rechazamos todo tipo de violencia y como lo venimos haciendo desde hace tiempo, solicitamos una vez más que nos tomen en cuenta como organización comunal, como ciudadanos peruanos, ya que conforme a la Ley, la Constitución del Estado y la legislación internacional, nos faculta y protege en nuestros derechos y nadie, por lo tanto, puede caprichosamente referirse en contra de nuestra dignidad y poner en riesgo nuestra tranquilidad como personas y ciudadanos peruano. www.ecoportal.net

Huancabamba, 05 de noviembre del 2009

Comunidad campesina de Segunda y Cajas

Distrito de El Carmen de la Frontera - Huancabamba