El Pueblo Indígena Mosetén habita ancestralmente en la región del Alto Beni, una zona de selva montañosa en la Amazonía meridional de Bolivia. Como es de conocimiento público, el año pasado, su territorio comunitario de origen fue asediado por las labores de exploración petrolera a cargo de la estatal boliviano-venezolana Petroandina, contratista a su vez de la empresa norteamericana Geokinetics. Ésta última ya anunció a los indígenas que se retirará del sector durante este mes de enero. Petroandina, por su parte, dijo que permanecerá en la región, pero pocos le creen. Una serie de acuerdos para la construcción de pequeñas obras en las comunidades afectadas por la labor sísmica (programas de apoyo social los llama la cuestionada Ficha Ambiental del proyecto) pueden quedar sólo en promesas desechas.

Daniel Gigasi es el cacique mayor del Pueblo Indígena Mosetén. Es alto y flaco, pero fibroso. Habla con calma pero se tensa cuando me dice que “nosotros lo veníamos alertando desde fines de noviembre del año pasado. Cuando Geokinetics se vaya, los compromisos quedarán en nada. Ahora que sabemos que se va a ir, está creciendo el descontento entre nuestros hermanos”.

Vilma Mendoza es la presidenta de la OMIM, la Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes. Es baja de estatura pero de carácter fuerte: estuve ahí cuando encaró con voz de mando a una improvisada asamblea de cientos de colonizadores una noche en Tucupi, y cómo llamó a todos a no enfrentarse entre bolivianos, mientras algunas voces buscaban enardecer a la turba para quemarla. Sí, leyeron bien, y sólo porque denunciaba los malos manejos de los funcionarios del ministerio del ramo y de la empresa. Cuando le pregunto qué siente por lo que está pasando con las comunidades de su gente y la experiencia todavía traumática y no cicatrizada con las petroleras, me contesta con una palabra que la pinta entera y lo sintetiza todo:

—Rabia, eso siento.

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Durante el 2009, el mundo conoció a los Mosetenes. Ellos se volvieron protagonistas internacionales de las noticias sólo porque reclamaban el cumplimiento de las leyes bolivianas y los acuerdos internacionales en defensa de los derechos indígenas firmados por el país que hoy preside Evo Morales, frente a los abusos y el avasallamiento —ya denunciados judicialmente en Bolivia— de las empresas petroleras ya mencionadas.

De nada valió la presión mediática: Geokinetics prosiguió y concluyó las labores sísmicas dentro de su territorio y está a punto de alzar sus equipos y levantar sus campamentos y marcharse a Houston, Texas, donde está su sede matriz. De manera más que acelerada, y en medio de una nueva coyuntura electoral que se verificará en abril de 2010, el gobierno de Morales ya anunció que dará a conocer resultados de la exploración petrolera el próximo 23 de enero, un día después que Evo reasuma la primera magistratura del Estado.

Como sea, entre los mosetenes, quedan dos sentimientos. Ante todo, el dolor de haber visto su territorio avasallado, sus bosques lastimados y sus aguas amenazadas como nunca. El impacto ambiental de los trabajos ya realizados es una dramática incógnita. Según Gigasi, no hubo una verdadera medición de los daños. Hay denuncias, como la que hizo un comunario de Inicua —una de las poblaciones mosetenes afectadas— que no sólo no se respetó la distancia estipulada entre los cursos de agua y los sitios donde se efectuaron las detonaciones para las perforaciones, sino que en el caso del arroyo cercano a la comunidad —y donde la misma se provee del líquido elemento— se han realizado no una, sino tres perforaciones. Hay otras denuncias que hablan de afectación de salitrales y ojos de agua. Cultivos de cacao, plátano y papaya que han sido dañados, además de los bosques del territorio comunitario. Éste último hecho fue visto por nosotros en el mismo terreno.

Al dolor por esas agresiones al medio ambiente y a la Madre Tierra, se suma el descontento —la rabia diría Vilma— por la falta de cumplimiento de Petroandina a los compromisos de realización de pequeñas obras como parte de los que ellos mismos consideraban los impactos (¿positivos?) “desde el punto de vista socioeconómico”, como dice la Ficha Ambiental: “se prevé la generación de empleo para mano de obra no calificada, necesidades comunales satisfechas por la aplicación de programas de apoyo social y incremento de ingresos por la adquisición de bienes y servicios en el área del proyecto, así como la compensación a propietarios privados afectados por la habilitación de las líneas sísmicas, campamentos volantes o helipuntos”.

La realidad se encargó de poner las cosas en su lugar. Según nuestros entrevistados, el empleo sólo benefició a una veintena de personas —2 ó 3 por comunidad—, encargadas por la empresa de hacer el acompañamiento al monitoreo del impacto ambiental. Sin embargo, asegura Gigasi, nunca se conoció ni siquiera un informe de los mismos. Los de la Geokinetics no compraban ni un plátano, me grita y a la vez se ríe Vilma por aquello que la actividad petrolera atraería ingresos a las comunidades. La carne la traían sellada desde Santa Cruz, agrega Daniel. Algunos comunarios fueron compensados por el uso de sus terrenos donde se instalaron campamentos. Conocimos un caso en la comunidad Villa Concepción. Sin embargo, cuando se habla de las compensaciones establecidas por ley por los daños graves y evidentes al ecosistema, Gigasi asevera que los funcionarios de Petroandina aclaran que ellas se pagarían sólo si se encuentra petróleo. Finalmente, en el caso de las obras “de apoyo social”, éstas sólo han avanzado en 3 de las 9 comunidades y esto es lo que más ha provocado malestar entre los indígenas. Los mosetenes son bien expresivos para reflejar cómo se sienten. Un comunario de Inicua me dijo que “nos vienen falseando hasta ahora. Que ya no vengan a engañar aquí… ¡esa mulita no entra más a mi corral!”. Se refería a Petroandina, para que quede claro.

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La inversión total de las dos fases de la exploración sísmica 2D del bloque Lliquimuni, según sus propias fichas ambientales, asciende a 82.060.000 de dólares americanos. Los acuerdos de “apoyo social” con las comunidades, siendo muy generosos para con las empresas, no exceden los 200 mil dólares de gasto. Representa el 0.24 por ciento del total erogado por el gobierno. Desde ya que invitamos a Petroandina a que nos rectifique si estamos equivocados y muestre sus propios datos. Hablamos de generosidad para con la cifra ya que, en el conjunto de los acuerdos, los propios comunarios están obligados a aportar los materiales de construcción de las obras (madera, arena, grava, piedra, tierra, etc.), con lo que, según los entendidos en la materia, los presupuestos pueden ser reducidos a la mitad. Pero lo peor de todo es que ni siquiera así, las promesas se han cumplido, al menos en las comunidades más “rebeldes” que son la mayoría.

En San Pedro de Cogotay, el primer acuerdo con Petroandina incluyó la compra de una peladora de arroz y de una antena para capturar señal de televisión y el acabado de la construcción y el equipamiento de una posta sanitaria. El segundo acuerdo incluyó las labores en la posta y ocho mil dólares en efectivo para el tendido de luz eléctrica a través de 7 kilómetros. Hasta ahora, nada se hizo.

En Simay, el acuerdo fijó como meta la construcción de una sede social para la comunidad. A fines de diciembre, un arquitecto vino de turista enviado por la empresa a visitar la población, y eso ha sido todo.

En Santa Ana, se acordó la construcción de la plaza. Un arquitecto llegó, hizo un presupuesto estimado que fue rechazado por la empresa. Presentó otro proyecto, de más bajo costo y donde ahora se incluía el aporte comunal de material. Hasta ahora, no se supo más nada.

En Inicua, se solicitó la construcción de cinco aulas. Luego se modificó a dos aulas, dos dormitorios para maestros y una oficina de dirección. La empresa adjudicó las obras al responsable eclesiástico del Proyecto Oscar. Pero que se sepa no se movió una piedra.

En Muchanes, se estableció que se refaccionarían la iglesia y la escuela y se donaría un motor de luz. Se volvió a acordar que sólo sería donado el motor y que se cablearía el poblado, eso sí: los comunarios deberían aportar con los postes. Hasta ahora, siguen a oscuras.

En San Juan, se pidió la construcción de una escuela. No va, dijo Petroandina. Contraofertaron el pago de dos mil dólares, que incluye el pago adeudado de los sueldos de cuatro meses de la profesora, y la dotación de combustible para la apertura de un camino. No se ha cumplido hasta el presente.

En Covendo, Villa Concepción y San José, Petroandina está acabando las obras de dos sedes sociales y una infraestructura de salud (“micro hospital”, dicen nuestros testimoniantes) respectivamente, donde la contraparte de materiales fue rigurosamente cumplida por los comunarios. En Covendo, se está iniciando, a la vez, la construcción de la plaza, pero la gente se queja por qué dicen que la obra está siendo mal hecha y que nadie la controla.

Como referencia, la sede social de Villa Concepción es una edificación de una planta de 20 x 8 metros, o sea un total de 160 M2. El precio final promedio por metro construido para este tipo de proyectos en el área rural de Bolivia es de 120 dólares (aunque el FPS, el Fondo Productivo y Social dependiente del gobierno paga sólo 80 dólares a las empresas para hacer lo mismo). El precio total de la obra sería de 19.200 dólares. La comunidad, insistimos, aportó los materiales. Mientras Petroandina se manifieste, saquen ustedes sus propias cuentas. Debo anotar que los más interesados en saber cuánto cuestan las obras que se están acabando y las prometidas que hasta hoy no se hicieron, son los propios comunarios. Ellos también quieren sacar sus cuentas.

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El 29 de diciembre de 2009, en La Paz, Oscar Coca Antezana, el Ministro de Hidrocarburos y Energía del gobierno de don Evo Morales, firmó una resolución (Resolución Proceso de Consulta y Participación. RES. 001/2009… rara la numeración pero figura así), rechazando la petición de Nulidad del proceso del proyecto Exploración Sísmica 2D Bloque Lliquimuni Fase 2, planteado por varios dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas del Departamento de La Paz (CPILAP), Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) y la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM).

En este asunto del petróleo, los indígenas del sur amazónico, a llorar al río. Ya lo aclaró, muy enérgicamente, el Vicepresidente de la República, don Álvaro García Linera, en una entrevista que concedió a Le Monde Diplomatique-Edición Bolivia, y que se publicó en su edición de agosto del año pasado: “… hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades para llevar adelante la exploración y la explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio. En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica, pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante”.

Las afirmaciones del Vice no tienen desperdicio pero no es el momento de comentarlas aquí. En todo caso, reconocer que sí, que tiene razón en lo último que afirma, que así se está procediendo, prueba de ello es la resolución ministerial firmada por Coca hace apenas unos días. Procedan nomás. Lo que, en todo caso y si no es molestar tanto, sería deseable si es que le pueden llamar la atención a los funcionarios de Petroandina para que de una vez cumpla esos acuerdos con las comunidades mosetenes y así le pagan los sueldos a la profesora de San Juan o llega la luz a Muchanes o a San Pedro de Cogotay o construyen la sede social de Simay. Digo: ¿es mucho pedir a cambio de todo lo que han sufrido a nombre del Derecho del Estado Plurinacional? A veces, da rabia, ¿no? www.ecoportal.net

Río Abajo, 6 de enero de 2010