Artículos por Alberto Acosta

Al introducir el concepto de patrimonio, que va mucho más allá de la definición de un bien, el agua no puede ser asumida como un servicio ambiental a ser mercantilizado. El patrimonio es algo que debe garantizarse para las futuras generaciones. Se puede usufructuar del bien, usar el bien, pagar por el uso del bien; pero cuando se trata de un patrimonio, para usarlo se tiene que garantizar la posibilidad de legarlo a las próximas generaciones. Hablar de patrimonio en este caso es garantizar los ciclos vitales del agua y sus diversos usos o valores: ambientales, sociales, culturales, económicos...

El agua no puede ser vista como un negocio. El agua es un derecho humano fundamental. Por eso la Constitución no se circunscribió exclusivamente en impedir la privatización del agua, sino que fue explícita al propiciar la desprivatización del agua. De esto se deriva la prohibición para todo tipo de venta de derechos o permisos de uso, no se diga concesiones que conducen al acaparamiento del agua por parte de unos pocos en desmedro de las mayorías. En la actualidad, la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en el parte aguas definitivo de la llamada “revolución ciudadana”. Aquí se decantarán las posiciones. No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución.

El Buen Vivir (sumak kausay) tiene que ver con otra forma de vida, con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. Los principios orientadores del régimen económico deben promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la Naturaleza. Lo que se busca es una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin tener a éstas como la meta final. El concepto del Buen Vivir no solo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se sustenta también en algunos principios filosóficos universales: aristotélicos, marxistas, ecologistas, feministas, cooperativistas, humanistas...

La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Las actividades extractivistas generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realizan. La pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales.

Hoy más que nunca hay que actuar con tranquilidad para evitar que la premura conduzca a cometer errores que pueden resultar muy costosos para el país. Por lo tanto, ante la importancia del tema propuesto y del reto que su resolución implica, sería de conveniencia nacional que las y los asambleístas devuelvan el proyecto de reformas para tratarlo con más calma. Hay que considerar varios temas por ejemplo que para finiquitar los actuales contratos o suscribir nuevos hay que considerar lo que implica la reparación de las áreas intervenidas. La nueva ley de hidrocarburos debe priorizar, los procesos de abandono, reparación integral y sanción a los responsables de los perjuicios al Estado. Estos elementos no aparecen en el proyecto de reformas a la ley, motivo de estas reflexiones

“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” - Artículo 12 de la Constitución de Montecristi, 2008

Ecuador tiene la oportunidad de ser una especie de sello de calidad del buen vivir. La tendencia mundial es aumentar la calidad de los alimentos para los seres humanos y huir del alimento transgénico. Si el Ecuador se declara libre de transgénicos, el mundo sabría que consumir productos ecuatorianos es consumir productos seguros y de calidad.