Artículos por Darío Aranda

Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance. Un bosque es un lugar diverso que presenta tres estratos vegetales: uno en el que predominan los pastos, otro de arbustos y un tercero con especies arbóreas. En el bosque habitan muchas especies animales y de allí los hombres generan soberanía alimentaria, abrigo, calefacción y medicinas. “Eso no se encuentra en un monocultivo de pinos”, explican desde la Mesa Campesina del Norte Neuquino.

El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. Protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio, priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina.

El modelo sojero funciona sobre la base de un agrotóxico, el glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Varios estudios confirman el daño que produce en humanos. Campesinos, pueblos originarios, médicos rurales, bioquímicos e investigadores coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de monocultivo, semillas transgénicas y químicos.

Tras diez años de denuncias de los habitantes del barrio Ituzaingó, de Córdoba, rodeado de campos de soja, la Justicia prohibió fumigar con agrotóxicos cerca de zonas urbanas. De cinco mil habitantes, 200 tienen cáncer. Todas las familias tienen un enfermo. El modelo sojero funciona sobre la base del glifosato. Las denuncias que se han hecho en todo el país han sido ignoradas por los importantes intereses en juego.

El monocultivo de soja es política de Estado desde hace quince años.También fue política de Estado, de todos los gobiernos, permitir las consecuencias sociales y ambientales que acarrea el modelo de agronegocios.Tampoco es nueva la contaminación ambiental y los desastres en la salud que ocasiona el modelo agropecuarios vigente, donde el glifosato (o Roundup, marca comercial de la multinacional Monsanto) es sólo su cara más famosa.

El investigador de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco confirmó hace veinte días, mediante ensayos de laboratorio, el efecto devastador del glifosato en embriones, aún en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. Desde entonces es blanco de una campaña de desprestigio, sufrió amenazas e intimidaciones, y presiones de funcionarios nacionales. Agrotóxicos, la corporación científica, los periodistas, las comunidades fumigadas, el Gobierno y la necesidad de nuevos estudios.

La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.Por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.

Lajmanovich es uno de los investigadores que más estudiaron el efecto de los agroquímicos en Argentina, y su voz aún no había sido escuchada fuera del ámbito académico. El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”Los habitantes del campo o zonas periurbanas son rehenes de un modelo productivo poco sustentable.

“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.

Una compañía líder, un modelo agrario y sus consecuencias sociales y sanitarias. Los secretos de la empresa, su poder ante los gobiernos y la ciencia. La investigadora francesa aborda todas las claves para contextualizar el monocultivo de soja y los agrotóxicos a nivel global.