Artículos por Raúl Chacón Pagán

La población de La Oroya continúa respirando diariamente altos niveles de dióxido de azufre (S02), plomo (Pb), arsénico (As) y cadmio (Cd), según un informe de la Asociación Civil Labor, basado en los Reportes de Monitoreo, entregados por la empresa Doe Run Perú (DRP) al Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Funcionarios públicos, líderes religiosos y de ONG y dirigentes de La Oroya se declararon a favor de la multa aplicada recientemente por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) a Doe Run Perú (DRP) por haber cometido cuatro infracciones graves y una simple en su fundición de La Oroya

Autoridades de gobierno y eclesiásticas, así como dirigentes sociales de La Oroya manifestaron su gran preocupación por la segunda vez, al igual que el año pasado, que La Oroya figura dentro del ranking de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el Instituto Blacksmith, de Nueva York

Como cada 28 de julio, el presidente constitucional de la República del Perú dirigió a la ciudadanía su mensaje de balance anual y líneas a seguir durante los siguientes doce meses.

La semana pasada dos de los conflictos sociales más relevantes del país, del todo distintos entre sí, el de La Oroya y el amazónico, tuvieron algo en común: moverse al nivel de la justicia internacional. Algo que se está dando también de maneras muy distintas, que revela, además de la ineficiencia y lentitud de nuestros mecanismos nacionales de justicia, la desconfianza generalizada en la gestión del Estado peruano, sobre todo para atender los reclamos más legítimos de la población afectada en sus derechos.

Esta semana se dio un ejemplo clave de cómo opera la ley del embudo en nuestro mineralizado país, según las preferencias y usos de los gobernantes peruanos. Por un lado le dio luz verde a la propuesta de ampliar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la Doe Run Perú (DRP). Por el otro, fue rechazado por el gobierno regional el reclamo de la población ante el ingreso agresivo de la minera Consolidada en una zona ganadera.

El domingo 27 de setiembre se produjo al sur del Perú un momento estelar en el complejo proceso de construcción de la ciudadanía ambiental. Nos referimos al acto que, para fines concretos, se denominó, a nivel de la provincia de Islay, consulta vecinal. Consulta desconocida por el Estado central a través de sus instancias pertinentes, como era de esperarse.

El 20 de noviembre, al igual que en todo el mundo, se conmemoró discretamente en el país, ante el poco interés de los medios y el público, salvo por un foro en el Congreso de la República y un pasacalle por el centro histórico de Lima, los 20 años de la Convención de los Derechos del Niño. Documento suscrito por entonces por el Perú, como hicieron otros 193 países. La pregunta es, sin negar el valor de lo lúdico de una intervención urbana, si hay más razones para lamentar que para celebrar respecto al estado de nuestra niñez.

Era de esperarse que los EE.UU. no cambiarían de la noche a la mañana su política sobre disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al margen de quien lidera la Casa Blanca. En realidad, a nadie le sorprendió mucho el mediocre resultado de la COP 15...

En lo que va del mes, mientras el mediático tema indígena parece politizarse cada vez más, en consonancia con los tiempos cada vez más tempranamente pre electorales, un tema también clave para el desarrollo nacional y local vuelve a su relativa invisibilidad en los medios nacionales, por no decir capitalinos: el debate sobre el canon minero de una región.