El Famatina es un Pasivo Ambiental, que debe ser intervenido para mitigar y controlar los drenajes ácidos, originados en forma natural pero incrementados por la actividad minera pretérita sin control, que determina la presencia de contaminantes, metales pesados y del ocre, que disminuyen la calidad del agua, y pone en peligro no sólo la salud de la población, sino la presencia de contaminantes que son asimilados por los cultivos, disminuyendo la calidad de los derivados y los productos, por la presencia de elementos trazas, potencialmente tóxicos que pueden ser introducidos en la cadena trófica, y son rechazados en el comercio internacional y por el código alimentario.

Tras 15 años de explotación, se convirtió en la mejor prueba de la megaminería: los estudios de impacto ambiental hechos por la empresa confiesan cómo afecta a la región. El Informe Alumbrera da cuenta de la magnitud de las afectaciones a los ecosistemas que provoca esta explotación; la disminución de cuencas hídricas, la depresión de acuíferos, reducción del caudal de los ríos, alteraciones en la calidad del agua y el aire, destrucción de hábitats, a afectación de la flora y la fauna”. Ademas el municipio de Andalgalá cumplió la regla que se repite en toda Latinoamérica: todos los municipios con megaminería son pobres.

La minería a cielo abierto se ubica muchas veces en las nacientes de los cursos de agua (glaciares). El agua de la superficie o subterránea primeramente se roba a las comunidades durante el período de explotación y luego se devuelve contaminada para siempre con metales pesados y otros tóxicos. En poco tiempo se llega al deterioro permanente de enteras cuencas hidrográficas, incluso hasta su desembocadura en el mar, con contaminación de zonas costeras. Así el agua no sirve más para uso urbano, para riego, o consumo de los animales de crianza, las tierras se van abandonando en forma definitiva.

La actividad minera se regula en México por varias leyes, pero la principal es la Ley Minera. La Ley Minera mexicana contradice los fines establecidos en la Constitución Mexicana, como el de aprovechar los recursos naturales para el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos (Art. 27). La ley de minería mexicana es la expresión del capitalismo salvaje.

Cada vez más, la minería se desarrolla a cielo abierto. Para acceder a los yacimientos de mineral es necesario destruir plantas, animales y a menudo poblados humanos enteros. Materiales de menor valor como arena, grava, arcilla, se extraen en mayores cantidades destruyendo montañas enteras. Los minerales y metales preciosos se obtienen en cantidades mucho menores, pero conllevan la remoción de enormes cantidades de residuos y la utilización de metales pesados y tóxicos como el cianuro (lixiviación) y el arsénico que contaminan irreversiblemente el agua potable.

La Universidad más antigua del país rechazó en 2009 los fondos provenientes de Minera Alumbrera (3.300.000 pesos) fundamentando con duras críticas el efecto ambiental, económico, social, de calidad de vida y de derechos humanos, que implica la megaminería, todo lo contrario a lo que sostienen empresas, gobernadores y funcionarios nacionales.

La primera entrevista que dio el intendente electo de Andalgalá, Alejandro Páez, fue a Javier Rodríguez Pardo. La reunión se llevo a cabo en el municipio, a las siete de la tarde del 10 de diciembre de 2011, después de los festejos de asunción y momentos antes de la reunión con el equipo que gobernará el ayuntamiento. El diálogo giró en torno a la mega minería hidroquímica a cielo abierto.

El estudio del economista estadounidense Thomas Michael Power, desmiente el discurso usado para justificar la actividad minera en los países en desarrollo y afirma que Estados Unidos, Canadá y Australia no se desarrollaron gracias a la minería sino debido a procesos institucionales, tecnológicos y empresariales más complejos donde la explotación minera no fue necesaria o suficiente para que se produjera. Una mirada sobre el impacto regional y local en esos países, negativo en lo económico y de mínima incidencia en las economías nacionales.

El informe entregado por Aratirí al gobierno uruguayo para la construcción de cinco minas de hierro a cielo abierto en el centro del país mantiene indefiniciones e incoherencias en puntos clave, pero la estrategia de aprobación de la minera no consiste en brindar amplia información sino sólo lo necesario en los niveles de decisión política, eludir los debates con la oposición social y dejar que las autoridades locales se ocupen de convencer a la población.

En estos días se discute la enajenación por parte del Estado del padrón 1645 en las costas de Rocha, entre Valizas y Aguas Dulces y un plan del municipio rochense para erradicar las viviendas asentadas en condiciones irregulares. En la información de la DINAMIGE relativa al departamento de Rocha es posible verificar que en los años 2010 y 2011 se presentaron solicitudes de exploración y prospección en ese padrón y otros adyacentes, por empresas mineras sobre la ilmenita presente en ese lugar. La extrema vulnerabilidad de la costa rochense pareciera no ser tenida en cuenta al momento de promover, estimular o incluso, autorizar proyectos de alto impacto ambiental. Una situación similar estaría ocurriendo con la ya atiborrada costa de Maldonado.

El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países de América Latina, África y Asia cuyas economías dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros, no saldrán de la pobreza.

Aratirí renovó su apuesta para la extracción de hierro a cielo abierto en Uruguay pero, a pesar del mayor esmero en el maquillaje, es imposible esconder los perjuicios del proyecto, que se extenderían por más de 80 años, sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas, con el agregado de un emisario submarino para descargar efluentes en el océano.

Hay delitos vinculados a la minería que por su gravedad son de competencia federal. Tal vez el más emblemático sea el Caso La Alumbrera y el más doloroso sea el Caso Abra Pampa, donde cerca del 80% de los niños sufren graves problemas de salud por la plombemia provocada por los residuos de escoria de plomo causados por una mina cercana. Y es que la explotación de minas a cielo abierto es una fuente inagotable de delitos ambientales y, consecuentemente, contra la administración pública. Tan íntima vinculación surge por dos razones. Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y, habitualmente, quienes promocionan la industria minera en el ámbito del Poder Ejecutivo son los mismos a los que se les encomienda el control de la contaminación.

En el presente informe, Swedwatch -a petición de Solidaridad Suecia-América Latina (Latinamerikagrupperna)- ha revisado las inversiones que los Fondos Nacionales de Pensiones de Suecia han realizado en empresas multinacionales que extraen oro en Perú, Guatemala y Chile. Se examinan tres compañías mineras en las que los Fondos Nacionales de Pensiones de Suecia poseen acciones: Newmont, Barrick Gold y Goldcorp. Las tres empresas han sido vinculadas a violaciones a los derechos humanos y a graves problemas ambientales asociados con la extracción de oro en Latinoamérica.

La exposición al vapor de mercurio generado por la reducción del mercurio usado en la extracción informal del metal precioso, causa extensivos daños a los pulmones y acumulación de mercurio en la sangre y finalmente en los riñones que causan daños degenerativos en los adultos. En el resto de los familiares causa igual daño, sin embargo en las mujeres embarazadas y niños menores de 12 años y ancianos, se da un deterioro de las capacidades neurológicas, de aprendizaje y movilidad similares al autismo.

Es necesario contar con una estrategia de difusión amplia del impacto de los proyectos mineros en las zonas transfronterizas, demandando la intervención de los países implicados en la búsqueda de una solución a favor de los pueblos y no de los intereses de las grandes transnacionales, depredadoras del medioambiente. No se debe soslayar el rol de las comunidades, de la población, pero se debe reconocer que los gobiernos y otras instituciones internacionales de Derechos Humanos y de defensa del medioambiente pueden y deben jugar un rol más activo e importante.

Poco a poco, se ha ido develando la historia por detrás del maravilloso proyecto de inversión para la explotación de las enormes reservas de hierro del país por una empresa familiar india enamorada del Uruguay. El gobierno y la población no saben exactamente aún qué llevó a que Zamin Ferrous decidiera "rebajar la prioridad" de su proyecto estrella.

Ante el avance del frente petrolero, minero o sojero se repite el mismo testimonio, como si quienes hablaran formaran parte de una misma comunidad, de un mismo territorio. Celina, joven de la localidad de Yanta, situada en los Andes peruanos, afirma: “Si la minería (transnacional Majaz-Río Blanco) entra acá destruye todo, destruye el medioambiente, el agua, si no hay agua no podríamos vivir”. Se repiten las denuncias pero también las luchas en multitud de lugares separados por miles de kilómetros: en Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, México, Panamá... Y cada vez en más territorios.

Como dice Eduardo Galeano en su ya clásico Las venas abiertas de América Latina: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”.

Se ha comprobado que el desarrollo de actividades industriales para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos genera una liberación, dispersión y deposición de productos químicos y residuos de diversa naturaleza, tales como cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados. Ellos contaminan directamente o por infiltración, los recursos hídricos (glaciares, lagos, ríos y el agua en el subsuelo), el aire y el suelo. En algunos casos la contaminación perdura por miles de años, provocando graves enfermedades y mutaciones genéticas. Este hecho, sumado a la destrucción de suelos (lixiviación) y de paisajes –que para algunas comunidades indígenas son considerados sagrados-, perjudica sensiblemente la calidad de vida tanto de las personas como de animales y plantas.

La división de la población local a favor y en contra del proyecto de megaminería que se pretende instalar en Uruguay, lejos de ser excepcional, es una estrategia usual de empresas internacionales interesadas en ejecutar proyectos de extracción en gran escala de los recursos naturales de un país, cuyos impactos afectan gravemente al medio ambiente y la forma de vida de comunidades enteras.

Colombia, país con una de las mayores riquezas hídricas del mundo, está hoy amenazada por el boom minero. Ya está solicitado más del 40% del territorio nacional, en buena parte, alta montaña, por empresas mineras colocando en riesgo tanto las fuentes de agua, como la soberanía alimentaria, la megadiversidad y las formas de vida tradicionales. El tema minero está hoy dentro de las preocupaciones del pueblo colombiano y en ello ha contribuido la lucha por la defensa del páramo de Santurbán. Así lo evidencian múltiples grupos creados en las redes sociales, blogs, videos, noticias, comentarios que levantan la voz de los medios alternativos de comunicación, mientras en los medios regionales y nacionales, el debate continua, y se registran a diario noticias y editoriales.

La divulgación de los informes oficiales presentados por la empresa Aratirí al gobierno uruguayo solicitando autorización para su propuesta de minería de hierro a cielo abierto en gran escala en el centro del país pone en evidencia que, de implementarse este proyecto, estaríamos ante la destrucción total y definitiva del ecosistema en una extensa área del territorio nacional.

En el parlamento uruguayo se está debatiendo un nuevo proyecto económico, que involucra una inversión millonaria por parte de la empresa Aratiri (de la India) transnacional, para la extracción de hierro en minas a cielo abierto a gran escala en el centro del país. Es importante tener en cuenta que estas empresas invierten sólo para obtener sus ganancias, sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales del proceso que le dejan a los uruguayos, sin dar a conocer en esta iniciativa y sus impactos tanto en la sociedad, como en los costos ambientales. No existen aún evaluaciones oficiales de la solicitud de estos inversionistas, que están identificados como una empresa familiar India, pero que en realidad son la fachada de un gran operador del mercado mundial de materias primas.

Con un cuestionamiento jurídico de la conducta seguida por el gobierno uruguayo con respecto la propuesta de inversión y proyecto minero de Zamin Ferrous, el fiscal Enrique Viana presentó ante la Justicia una solicitud de información urgente al Poder Ejecutivo -preparatoria de posibles acciones en defensa del medio ambiente-, a fin de determinar el carácter de las negociaciones en curso con dicha empresa.

En un debate en el Senado uruguayo sobre el nuevo Código de Minería, donde en todo momento estaba presente el proyecto de Zamín Ferrous, integrantes del gobierno de José Mujica y líderes de la oposición no asumen los impactos sobre el ecosistema de una mina de hierro a cielo abierto de gran porte en el centro del país y lo conciben, a lo sumo, como un diferendo entre intereses económicos particulares.

El gobierno uruguayo negocia un proyecto de mina de hierro a cielo abierto a gran escala en el centro del país, de cuyos impactos no existen aún evaluaciones oficiales, aparentemente, con una empresa familiar india que, en realidad, es la fachada de un gran operador del mercado mundial de materias primas

Sin una evaluación de los impactos del proyecto, se anuncia alegremente una mina de hierro a cielo abierto en el centro del país, con un mineroducto de 230 Km hasta un puerto de gran calado en la costa oceánica, que afectaría severamente al ecosistema y la ganadería pastoril de la Cuchilla Grande, a los Palmares y Humedales, la Laguna Negra, al medio ambiente, al turismo y a las poblaciones costeras de Rocha.

Una encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Siete de cada diez personas de las provincias mineras se oponen a esa actividad. El relevamiento cuestiona también la supuesta licencia social de las compañías mineras y, por primera vez, aporta elementos cuantitativos a una de las consignas históricas de las Asambleas: “El agua vale más que el oro. No a la mina”. Las Asambleas Ciudadanas (UAC) rechazan la megaminería por las consecuencias sociales, económicas y ambientales. Entre las mayores críticas sobresale el enorme consumo de agua, siempre en zonas semidesérticas, que se contamina y se vuelve irrecuperable.

Al norte de España, en Asturias, hay un pequeño pueblo llamado Salave (muy cerca de Tapia de Casariego) que desde hace unos años luchan denodadamente para evitar la explotación de una mina de oro por la empresa Goldmines. En principio parece que lo habían conseguido, pero con la entrada en el juego del persistente Cary Pinkowski, las cosas han cambiado. En este mundo globalizado, aunque cambien los lugares, las historias de las personas son idénticas. Las empresas mineras hacen y deshacen sin importarles su entorno, tratando con total desprecio la vida de personas y animales, con el único afán de enriquecerse.

El ‘modelo minero’ -como caso extremo del extractivismo primario-exportador en general- condensa una multiplicidad de expropiaciones neocoloniales: en primer lugar, la expropiación ‘ecológica’ del territorio, del suelo y el agua como fuentes indispensables de vida; la expropiación económica, es decir, la de los medios de vida y formas de trabajo históricamente vinculadas a las economías locales que se ven amenazadas y desplazadas por la nueva ‘actividad global’; finalmente, la expropiación cultural y política, ligada tanto a la imposición de una nueva ‘identidad’ fabricada desde las necesidades gerenciales de los ‘administradores del poder’, cuanto a la negación y avasallamiento de los derechos más elementales de las poblaciones, los derechos formalmente consagrados por la Constitución, y el derecho básico a decidir sobre las propias formas de vida.

Porque la mega minería saquea y contamina. Porque ya hay mas de 30 emprendimientos mineros en La Rioja. Porque ya comenzó el plan nuclear y el uranio es radiactivo y mata. Porque ya Guandacol está contaminado. Porque ya están usando el agua de Huaco que todos bebemos. Porque ya se sancionó la ley 8.388 de infraestructura hídrica en Famatina para darles nuestra agua a las mineras. Porque ya destruyeron la cascada Aberastain en Juan Caro. Porque ya se expropiaron miles de hectáreas para la explotación minera. Porque ya Catamarca está contaminada y pobre, luego de 12 años de explotación. Por esto y más...los riojanos decimos No a los proyectos mega mineros. Sí al agua. Si a la vida.

Los pueblos de Famatina y Chilecito se oponían enérgicamente los proyectos mineros con claros e indiscutibles fundamentos: 1) saqueo, 2) contaminación y 3) destrucción territorial. La oposición se extendio por toda la provincia y nacieronn en ciudades, pueblos y parajes, las Asambleas Ciudadanas, organizaciones horizontales sin partidismos políticos, sin pertenencias religiosas, sin distinciones sociales ni laborales, financiadas con el aporte voluntario de sus integrantes, con un único objetivo: EL FAMATINA NO SE TOCA. La Barrick se fue porque la echó el pueblo de Famatina, como Facundo echó a los ingleses en el siglo XIX, y sabemos que quieren regresar para robarnos nuestras riquezas con la complicidad de los gobiernos nacional y provincial.

El movimiento expansivo que vienen llevando a cabo los capitales internacionales, con sus consiguientes efectos sobre la geografía argentina y la disponibilidad de los recursos locales, no sólo provoca el rechazo de ambientalistas sino que también motiva el surgimiento de acciones legales que apuntan a limitar el negocio de las mineras. En ese sentido, el diputado Fernando Solanas, líder de Proyecto Sur, acaba de presentar un proyecto que, de ser aprobado, prohibirá la explotación minera a cielo abierto. También inhibe la posibilidad de usar agua de ríos o vertientes para la extracción de minerales, y propone el establecimiento de monitoreos y multas con el fin de evitar acciones negativas sobre el medioambiente.

Talan y deforestan el bosque en dimensiones mayores a 3 hectáreas por cada corte minero, utilizan monitores hidráulicos que cortan la tierra con agua a alta presión y destruyen completamente el suelo, descargando el material mezclado con grandes cantidades de agua, directamente al curso del río Yuruaní. Para agravar el ecocidio, los mineros están usando mercurio indiscriminadamente para atrapar el oro en los implementos que utilizan para decantar el metal, cuyos restos se mezclan con las aguas y lodos, con las graves consecuencias a futuro para la ictiofauna y el resto de la cadena trófica que ya todos sabemos.

El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente.

Para comprender los motivos de comunidades y organizaciones para oponerse a la minería de metales, no podemos hacerlo sólo desde la lógica de la economía capitalista. La razón es simple: ningún problema debe entenderse sólo desde uno desde uno de sus ángulos. Por ello se intentará abordar la cuestión de la minería desde el campo de la ecología política, que a nuestro juicio integra elementos económicos, ambientales y políticos.

La minería, al igual que otras industrias extractivas como la petrolera, causa severos e irreversibles impactos, en las sociedades y en el medio ambiente. Uno de estos impactos es el incremento del calentamiento global, con los consecuentes desastres climáticos. Aunque no siempre sea evidente, la relación entre minería y cambio climático es directa. Como una forma de lavar su imagen de ser parte de los responsables del cambio climático las empresas mineras promueven también los agrocombustibles con los conocidos impactos sobre el suelo, las comunidades, las culturas, los territorios indígenas, etc.

Los privilegiados del planeta han hecho del trasiego Sur-Norte el eje fundamental de su propio desarrollo. Es lo que sabemos que ha pasado con el oro, el azúcar, las telas y en todo caso con la mano de obra, por un tiempo Sur-Sur (de África a América, la mano de obra esclava) pero únicamente para integrar lo producido a la corriente Sur-Norte. Significativamente, las legislaciones nacionales de EE.UU. y Canadá, por ejemplo, son mucho más estrictas en materia de vertido de residuos a ríos o submarino a mares que las normas “internacionales” que promueve la agencia del gobierno de EE.UU. llamada engañosamente Banco Mundial en su promoción de la minería en los países del suburbio planetario. Y aun así, la investigación que publica ahora el SINC revela que los “frutos”, envenenados de la exacción minera en EE.UU. superan con creces todo lo previsto.

El molibdeno aparece en Cerro Solo con una ley promedio de 0,3% sobre 1.500 toneladas, pero –según los geólogos que trabajaron en el yacimiento– la presencia asociada de renio es mucho más importante. Se trata de minerales que alcanzan elevada cotización en el mercado internacional y que generalmente no son declarados por las transnacionales. En la carpeta elevada al Ejecutivo provincial chubutense expusimos nuestra oposición al daño territorial y al saqueo que significaba regalar tres metales críticos y estratégicos.

El denominador común de las multinacionales que operan en nuestro país es el uso de esta metodología: mentir, hacer falsas promesas, dar dádivas engañosas a la comunidad, influir con la prensa oral, escrita y televisiva, perseguir, reprimir y censurar a los miembros de las asambleas ciudadanas y, lo más grave, contaminar sin controles adecuados. Todo ello para obtener las máximas ganancias posibles, amparadas en nuestro régimen legal permisivo y que les da, en forma vergonzosa, un tratamiento de excepción en relación con otras actividades económicas. Simultáneamente, nuestros gobernantes les permiten que hagan negocios con nuestras vidas. Y si los dejamos, van a hacer desaparecer la ciudad de Andalgalá.

Bosques se convierten en desiertos por avance de la minería informal que extrae ilegalmente oro. Exigen regular compra y venta de mercurio que se usa para la extracción del preciado metal. Ingenieros de minas y ambientalistas sostienen que si se regulara la comercialización de este se resolvería en gran parte el problema de la minería ilegal y la destrucción de los bosques. Pero eso no ocurre: el mercurio se vende sin ningún control en las poblaciones que se encuentran alrededor de las zonas de extracción de Puno y Madre de Dios.

Actualmente, uno de cada seis niños en el mundo está implicado en alguna forma de trabajo infantil, realizando trabajos que perjudican su desarrollo psicológico, físico y emocional. Esos niños trabajan en diversas industrias, y en muchas partes del mundo. En Latinoamérica, alrededor de 1 millón y medio de niños y adolescentes trabajan en la minería artesanal. La OIT ha lanzado una campaña para eliminar el trabajo infantil en las minas y canteras y que al cabo de 10 años se pueda retirar a un millón de niños de las minas y llevarlos a la escuela, para que se forjen un futuro, y para poder crear estructuras que garanticen que no volverán a ser sometidos a esta peligrosa forma de trabajo y de explotación.

La empresa trasnacional canadiense Blackfire Exploration lleva años explotando las montañas para extraer la barita. Los campesinos denuncian la contaminación del agua y la muerte de ganado. El óxido de bario es un irritante. Puede provocar dolor y enrojecimiento en los ojos o la piel, pero es mucho más peligroso cuando se ingiere. Puede causar náusea y diarrea, parálisis muscular, arritmia cardíaca e incluso provocar la muerte. Muchos vertederos de residuos peligrosos contienen ciertas cantidades de Bario que sí afectan a quienes viven cerca de ellos y están expuestos a respirar polvo, por contacto con la piel, por comer tierra o plantas, o beber agua que está contaminada con bario.

En este esquema de capitalismo salvaje e irracional, el caso de las mineras es paradigmático: compran impunidad política y económica; pagan a la gran prensa con el propósito de que su actividad pase desapercibida para la gran mayoría de los argentinos, intentan chantajear a los habitantes de los pueblos que contaminan, con quienes emplean denigrantes prácticas clientelares disfrazadas de “responsabilidad social empresaria”. Al mismo tiempo son favorecidas por los gobiernos de los países que saquean, contaminan y endeudan con leyes a medida, subsidios, beneficios fiscales e impositivos increíbles y cuantiosas obras de infraestructura para desarrollar sus actividades sin contratiempos.

En Perú se comprueba que las empresas de la Gran Minería siguen impunes en su política de arrasar las cabeceras de cuenca, los pueblos y las riquezas, dejando como secuelas directas degradación ambiental y pobreza. Actualmente esto se agrava por la compra directa de tierras a los campesinos. Así se despuebla la zona para evitar la actividad de quienes defienden los ecosistemas y es más fácil demandar luego la Concesión Minera en territorios de su “propiedad”.

La industria minera desde sus albores, hace aproximadamente 3000 años, ha legado problemas socioambientales difíciles de solucionar y está creando problemas que afectan la estabilidad y sustenabilidad de esa industria. La aplicación de algunos conceptos basicos en la extracción y uso de recursos, puden hacer que la actividad minera sea responsable y sostenida. De otra manera, la actividad minera responsable y sostenida seguirá siendo un mito.

Pascua Lama es el nombre del proyecto de megaminería ubicado en las entrañas de la cordillera de los Andes justo en el límite que separa Argentina de Chile, a la altura de la provincia de San Juan. Este territorio corresponde formalmente a la transnacional canadiense Barrick Gold Corp., gracias al Tratado de Integración y Complementación Mineras, firmado por los presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y Carlos S. Menem en el año 2000. Por medio de ese tratado binacional, se permite la creación de “países virtuales”, denominados como “área de operaciones”, en donde la soberanía de Chile y Argentina se ve profundamente restringida en favor de las empresas adjudicatarias.Es por ello que se puede decir que entre nuestros países emerge un “territorio Barrik Gold”.

El Tratado suponía la creación de un Área de Operaciones de 340.835 km2 aportados por Chile y Argentina. Este territorio sería gobernado por una Comisión Administradora –poder ejecutivo- que estaría financiada por corporaciones mineras. Existiría un Reglamento Interno –una suerte de Constitución- que ella misma se generaría. La Comisión Administradora tendría atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre “las partes”, es decir: Los Estados.

Las Nacionalidades y Pueblos de la Amazonía rechazan a la minería transnacional a cielo abierto y viven movilizados en Zamora y Morona Santiago para defender sus territorios amenazados por los proyectos mineros inconsultos." La minería a gran escala no respeta los derechos del agua, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el Sumak Kawsay (buen vivir) y por ello rechazaremos este tipo de minería”, dice Salvador Quisphe.

Camionadas de cianuro empezaron a surcar las rutas argentinas desde el puerto hasta la Cordillera para surtir a las minas a cielo abierto de las trasnacionales. Nos dejan el veneno y se llevan el oro y la plata. La lixiviación es una palabra extraña al oído del inexperto, pero es bueno que la vayamos conociendo porque así se denomina al método que se está empleando en la minería a cielo abierto a pesar de que envenena la tierra, las vertientes y al hombre.

Los efectos negativos de la industria minera en el medio ambiente se manifiestan principalmente por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, aire, suelos, vegetación y biota. Tambien en problemas ambientales de salud, contaminación de ruido, y conflictos culturales y sociales. Últimamente, en base evidencias científicas, la industria minera, especialmente la industria extractiva de carbón, han sido notificados que desde sus inicios son también un activo contribuyente en las consecuencias del cambio climático.

La cordillera de los Andes en casi toda su extensión tiene minerales de cuantioso valor. Pero sólo a partir de la década del 90 el apetito capitalista comenzó a observar con atención sin igual estas riquezas. Desde la patagonia hasta la puna jujeña se expande la minería de explotación a cielo abierto, pese a la oposición de la población cercana que las empresas se han ocupado de tornar invisibles.

Percibimos la destrucción de los bosques y la contaminación de la madre tierra, debido a la insaciable ambición por los minerales. Todo esto es resultado de la ausencia de políticas inadecuadas para proteger el ambiente, y como consecuencia se atropella la dignidad humana y no se respeta la soberanía de nuestros pueblos. A este respecto en la última reunión que realizó el Secretariado de los Obispos de América Central afirmaron que “Se sigue impulsando un modelo de desarrollo en el que se privilegia el lucro y el afán desmedido de ganancias sacrificando los recursos naturales”.

La minería como actividad primaria y extractiva genera impactos directos e indirectos sobre el medio. Los directos repercuten inmediatamente sobre el ecosistema, (utilización del agua; diques de cola; tratamiento del mineral; open pit; tratamientos de desechos, movimiento de material, acción sobre la fauna y flora etc.) acrecentando impactos y riesgos en la etapa de producción... Los impactos indirectos no se identifican fácilmente originando cambios sociales y ambientales por la contaminación a largo plazo.

Actividad intensiva en bienes de la naturaleza si las hay, la minería resulta un ejemplo extremo del derrotero tecnológico de la industria moderna: a medida que el agotamiento de las reservas de bienes naturales se hace más evidente, las dimensiones y características de los procesos extractivos se tornan progresivamente más destructivas; las escalas requeridas para que los ‘emprendimientos’ resulten ‘rentables’ son cada vez más grandes y, consecuentemente, las mediaciones del trabajo demandadas para tales empresas se apoyan en ecuaciones que combinan dosis cada vez más altas de ‘trabajo muerto’ (capital) y cuotas mínimas de ‘trabajo vivo’ (empleos).

Pese a proclamarse socialista y defender el "buen vivir", el presidente Rafael Correa impulsa la gran minería a cielo abierto, que en toda la región viene provocando graves daños ambientales y sociales. Ecuador nunca había sido un país minero. En toda la región andina la minería ha provocado la contaminación de las fuentes de agua que amenaza la sobrevivencia de miles de comunidades, hecho que está en la base del nacimiento de una nueva generación de movimientos sociales.

Carcel o muerte, es el precio del agua que tienen que pagar los campesinos en Cajamarca que se atreven a defender sus fuentes de agua y luchar contra los saqueadores de los recursos naturales, coludidos con el gobierno de turno que dictatorialmente emitió normas que criminalizan la protesta social.

Toda minería a cielo abierto utiliza una técnica que conlleva a la destrucción y agotamiento de los ecosistemas del planeta. La eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y freáticas, la división en las comunidades, el soborno a funcionarios, la amenaza, el chantaje y la violación de leyes y derechos forman parte de las acciones rutinarias con las que se desenvuelve la minería a cielo abierto en muchas partes del mundo.

Uno de los puntos más delicados es la protección de las fuentes de agua potable, especialmente en zonas áridas y semiáridas, que son aquellas donde se localiza la mayor parte de los yacimientos mineros. Recordemos que la minería es una actividad de corto plazo (se termina cuando se agota el yacimiento), pero el daño sobre una fuente de agua potable puede ser irreversible, si no se toman las precauciones necesarias.

Para extraer una onza de oro, la empresa minera remueve 20 toneladas de roca y tierra; utiliza entre 200 a 320 galones de agua por minuto. El cianuro ocupado en la actividad minera es el principal encargado de contaminar el agua. Sumado a esto, cuando se remueven rocas y tierra se liberan metales pesados de las rocas fragmentadas, contaminando los mantos acuíferos, el aire y los suelos.

Desde el primer caso de resistencia en Esquel contra la instalación de la Meridian Gold, los emprendimientos son cada vez más rechazados por poblaciones del interior. Sin embargo, favorecidos por la legislación vigente que se dictó en tiempos de Carlos Menem, en la actualidad existen 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto que abarcan 12 provincias. Los intereses económicos y el papel de los gobernadores.

Cuestionado megaproyecto metalífero avanza en la Patagonia. La compañía canadiense Aquiline Resources y el gobierno provincial impulsan en plena meseta de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos para la salud y el medio ambiente. Con reservas por diez mil millones de dólares, vulnera media docena de leyes, avanza sobre pueblos originarios.

En el noroccidente de la provincia ecuatoriana de Pichincha, las poblaciones han vivido por décadas de la agricultura campesina, la ganadería, el turismo, el pequeño comercio. Pobladores y autoridades de las localidades de Mindo, Pacto, San Francisco de Pichajal, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quitoy San Miguel de los Bancos juntan en los últimos tiempos sus manos en defensa del territorio, a lo que se suman habitantes de otras partes del país.

Fragmentos de testimonios, análisis, documentos y crónicas de lo que significa la minería en varios países, y del rechazo y la resistencia que se levanta para impedir la explotación y la devastación que acompaña extraer minerales en gran escala.

En la zona de La Agraciada, sobre el Río Uruguay, estaría/estará desembarcando la cuestionada Río Tinto, una corporación minera trasnacional de capitales ingleses y australianos, en cuyos planes está la construcción de un puerto y una terminal de acopio de millones de toneladas de mineral de hierro extraídos de Corumbá, en Mato Grosso, en una zona fronteriza con Bolivia.

En el debate sobre la nueva Ley de Minería al gobierno ecuatoriano se le escapa ciertos elementos fundamentales que, si realmente pretende hacer una Ley justa y racional, deben ser tomados en cuenta. Sin salvaguardias como el "consentimiento previo" las comunidades y pueblos ancestrales quedan desprotegidos, y ayuda a crear el escenario perfecto para generar desastrosos impactos ambientales y permanentes conflictos sociales.

Ante las experiencias vividas en años recientes en Chicomuselo en torno a la explotación de la minería, y las experiencias de los hermanos y hermanas de Guatemala, surge la preocupación por el escenario a mediano plazo ante la nueva oleada que se avecina de inversiones mineras. Al menos 10 concesiones han sido otorgadas a la empresa canadiense Linear Gold Corp para la extracción de oro en Chiapas.

Al Famatina “hay que tocarlo” para eliminar la contaminación y solucionar el tremendo pasivo ambiental acumulado en siglos de explotación sin control, darle el valor como reserva natural, fuente de alimentación y recarga del recurso hídrico, proteger el glaciar y la cuenca hídrica por la contaminación natural y por la contaminación originada por la actividad minera durante toda su historia sin control y sin realizar ninguna remediación del pasivo ambiental.

El planeta que habitamos es el hogar que debemos cuidar y compartir. Los estragos ecológicos y económicos que viene desencadenando “la nueva fiebre del oro y de otros metales codiciados” está sembrando la destrucción de los territorios y de los pueblos que los habitan, desde las montañas mexicanas hasta el extremo sur de Tierra del Fuego.

En las zonas de concesiones mineras, socialmente hay totales carencias de infraestructura, empleo, salud y educación. Tampoco está en duda que son zonas ricas en biodiversidad, bosques o fuentes de agua, y en algunos casos, territorios con pueblos ancestrales ricos en su cultura. Pero de ahí a plantear que la minería metálica a gran escala o a cielo abierto sea la varita mágica que resuelva todos los problemas como país hay un enorme abismo y distorsión.

El proyecto minero de la Argentina, avalado por la Ley Minera, no trae beneficio alguno a las regiones en donde se encuentran las explotaciones. La inexistencia de una autoridad ambiental con capacidad de acción en el tema provoca situaciones ambientales de extremo peligro para las generaciones actuales y futuras ya que el pasivo ambiental de estos mega emprendimientos será de magnitudes enormes.

A fines del mes de noviembre se realizó en Quito la Conferencia de Comunidades, Minería y Desarrollo con participación de académicos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Ecuador. Se analizó el modelo extractivo actual, la política petrolera y los conflictos mineros, su dinámica, actores y participación de las comunidades.

En Intag, al expulsar a los mercenarios de la transnacional Ascendant Copper, sus habitantes defendieron también sus economías regionales, la exportación de café orgánico que colocan en los mercados de oriente con notable valor agregado, y muchos otros cultivos de los que se valen para su diaria subsistencia.

Se realizó en Ibarra, provincia de Imbabura, el Foro Regional “El Ecuador que queremos” con la participación de pueblos afectados por las actividades extractivas. Representantes de los movimientos sociales de Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y militantes ecologistas locales, confluyeron en ponencias que permitieron debatir sobre la contaminación, destrucción y saqueo de las transnacionales mineras, entre otras.

Un informe de Corpwatch, organización de investigación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes ambientales producidos por las grandes corporaciones, estudia minuciosamente a la mayor aurífera del mundo, la Barrick Gold. El estudio explica de qué modo esta empresa contamina el aire y el agua, y destaca como victoria comunitaria lo ocurrido en La Rioja, donde las asambleas ciudadanas del Famatina lograron detener la exploración.

Argentina se transformó en un país de importancia en la minería mundial en 1997, cuando la mina Bajo la Alumbrera entró en actividad en la provincia de Catamarca. Hasta entonces la minería consistía en la explotación tradicional de minas subterráneas. Actualmente no podría ser más diferente: gigantescas minas a cielo abierto van tomando cuerpo en todo el país.

Diez días de movilización social en el noroeste argentino, contra la contaminación y el saqueo de los minerales metalíferos. Más de cuarenta prospecciones metalíferas convierten a Salta en una de las principales provincias amenazadas por la invasión minera. Arrasar es el verbo que practica la minería transnacional con autorización del estado y sin la licencia social.

En octubre de 2005 la empresa Montana Exploradora de Guatemala inició con sus operaciones mineras en la región montañosa de San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala. Desde su inicio, los trabajos mineros están realizados sin el respaldo de las comunidades indígenas cercanas a la mina. Sin embargo, la empresa minera sigue insistiendo que la explotación minera está provocando el desarrollo de los pueblos en la cercanía de la mina.

Existen dos insumos imprescindibles para este sistema de extracción a cielo abierto: la energía y el agua. Cualquier emprendimiento estándar debe utilizar un metro cúbico de agua por segundo, noche y día, durante décadas, desde el inicio hasta el cierre del complejo minero. Mezclada con la sopa química y aplicada a la roca triturada, produce montañas de estériles contaminados que emanan tóxicos hacia las aguas superficiales y subterráneas a veces muchos años después de cerrada la mina.

En manuales de 9º grado se han incluido folletos y cuadernillos destinados a alumnos de escuelas rurales, cuyo material está dedicado exclusivamente a exaltar las bondades de la minería en el país, acompañado por otro referido a la energía nuclear. Dicho material fue editado por organismos estatales. De hecho, en el encabezado figura la plana mayor del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación

“Es en el terreno donde se cruzan la ciencia y la política donde se debe trabajar para prevenir los desastres ambientales. Los accidentes ocurren en la mayoría de los casos en países con instituciones débiles, poca independencia de los organismos de control, una sociedad con bajos niveles de acceso a la educación y con altos índices de pobreza”

Una de las razones que llevaron a mercenarios como Cristóbal Colón y los que le siguieron a buscar “perdidos” territorios, fue la firme creencia en mitos que aseguraban la existencia de legendarias tierras, como el “Dorado” o la Atlántida, en donde fastuosas construcciones estaban hechas totalmente de oro y piedras preciosas.

El 7 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Minería. Los tiempos han cambiado mucho y ya no se conmemora en esa fecha el valor y sacrificio de los obreros mineros que entraban en el corazón de las montañas con sus picos y sus cascos con linternas, ganando salarios que apenas les alcanzaban y dejando muchas veces sus vidas por causa de las explosiones de gas grisú o los derrumbes.

Analizando el contexto mundial, la afectación producida por la minería a cielo abierto y el empleo de sustancias toxicas en actividades mineras a lo largo de todo el planeta ha generado la necesidad de establecer nuevas normas adecuadas a las nuevas realidades, advirtiéndose que en el derecho comparado la tendencia legislativa se dirige a la prohibición de dichas actividades y a la prohibición del empleo de sustancias tóxicas en la minería

Mientras en Cajamarca tenemos operando a Newmont, la productora de oro más poderosa del mundo, Cajamarca tiene un índice de pobreza regional de 77%. El Frente de Defensa asume el reto de evitar que Cajamarca termine en un futuro cercano como otros pueblos mineros hermanos, es decir, ENTORNOS DE POBREZA Y CONTAMINACIÓN.

El bajo costo y la extendida aplicación de la lixiviación de cúmulos, la carrera por nuevos yacimientos y la flexibilidad general de la Ley Minera y de los responsables gubernamentales, dan lugar a una peligrosa sinergia. Centenares de regiones silvestres y rutas de paso de la vida silvestre son vulnerables a la minería de oro a cielo abierto, gracias a la lixiviación con cianuro.

La minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido.

El Perú es un país minero, ocupando los primeros lugares a nivel de Latinoamérica y mundial referente a cobre, oro, plata, plomo, entre otros. Actualmente, la explotación minera comprende aproximadamente el 2 % de las reservas probadas y el 1% de las reservas posibles.

El impacto económico local de la minería en Estados Unidos, Canadá y Australia usualmente no fue positivo, ocasionó pobreza persistente o produjo pueblos fantasmas. Las inversiones mineras en los países en desarrollo pueden aumentar el conflicto social, expandir la corrupción gubernamental y empresarial y desplazar la inversión en el capital humano.

El estudio de el economista estadounidense Thomas Michael Power desmiente el discurso usado para justificar la actividad minera en los países en desarrollo y afirma que Estados Unidos, Canadá y Australia no se desarrollaron gracias a la minería. Una mirada sobre el impacto regional y local en esos países, negativo en lo económico por supuesto y de mínima incidencia en las economías nacionales.

Sin lugar a dudas que la explotación minera a cielo abierto en una región tan frágil como nuestros Andes septentrionales agotará y contaminará irreversiblemente nuestras reservas acuíferas. En muy poco tiempo destruirá un conjunto de ecosistemas que demoraron miles de años en desarrollarse, eliminará totalmente nuestra súper farmacia y extinguirá decenas de especies aun sin haberlas conocido.

En los últimos años, gracias a la constante prédica y al esfuerzo de algunos ambientalistas para que la población que habita las regiones cercanas a las minas tome conciencia de lo que puede esperarles, mucha gente comenzó a autoconvocarse y a realizar asambleas en diversas zonas. Esa reacción fue extendiéndose hacia otras provincias.

En agosto de este año, los vecinos de Punta del Agua distribuyeron los primeros ejemplares de Gotas de Vida. El folleto define desde el mismo título el espíritu y la fuerza que los agrupa. La población no llega a mil habitantes y se halla en las nacientes del río Atuel, aunque para las mineras sólo signifique que dispondrán de agua para lixiviar con químicos los minerales que encuentren.

La legislación minera actual, no garantiza una adecuada participación en la elaboración de los estudios ambientales ni en su evaluación. Los pobladores locales se sienten espectadores del proceso y no actores. Lo mismo ocurre en relación a las posibilidades de seguimiento y vigilancia de la actividad minera.

El Informe de Impacto Ambiental, de la minera canadiense Barrick Gold Corporation, dice que la explotación minera de la zona “no debe interpretarse de manera competitiva con otras actividades,” sino más bien “como la única y exclusiva alternativa productiva.” Barrick sabe que el agua no alcanza para todos y afirma sin rodeos que hay que dedicarse sólo a la minería.

Una visión particularmente aceptable de parte de alguien que se ha ocupado de investigar la falacia empresaria a la hora de convencer a la gente de las bondades de un emprendimiento minero. La ocupación de mano de obra y el empleo indirecto son los caballitos de batalla que utilizan para operar en la opinión pública.

A escasos mil metros de la cima, eternamente nevada, Barrick Gold Corporation se apresta a explotar los restos diseminados de oro y plata de la vieja mina inglesa La Mejicana. Los pueblos de Chilecito y Famatina se organizan para impedir que desaparezca el único curso de agua que reciben de la precordillera andina.

La minería de metales a cielo abierto es una explotación no sustentable que beneficia exclusivamente a las compañías transnacionales que la ejecutan. Los gobiernos de los países del Tercer Mundo, como Guatemala, se pliegan a ellas y, a través de mecanismos irregulares, les otorgan todos los beneficios, dañando a la población y violando sus propias leyes.

Desde los años 90´ a esta parte viene aumentando el número de empresas mineras que operan en el noroeste santacruceño, estimuladas por los sucesivos gobiernos y amparadas en el marco legal vigente.

La radiactividad, es acumulativa. Cualquier exposición de un individuo a la radiación puede incrementar la posibilidad de que contraiga cáncer, leucemia, desarrollar un desorden en su salud o un daño genético. La radiactividad altera las células de información genética.

Agua para no beber. Aire que mejor no respirar. Un pueblo pobre, sobre montañas de oro. Son algunas de las contradicciones de Andalgalá, una localidad catamarqueña de 17 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital provincial, donde funciona desde hace diez años la mina de oro y cobre más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo.

En el altiplano de San Marcos, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, está el infame proyecto Marlin, una mina de oro que desde finales del año pasado ya está siendo explotada por la empresa Montana Exploradora S.A., una subsidiaria de la transnacional canadiense-estadounidense Glamis Gold Ltd.

Quienes hayan tenido la suerte de conocer San Juan, habrá notado la aridez de su territorio. Hoy la Barrick utiliza ocho millones de litros de agua por día. El cianuro, utilizado por la Barrick, contaminaría todas estas cuencas, terminando con una forma de vida y una economía tradicional.

El Salar de Huasco es una de las pocas fuentes de agua dulce del altiplano de la I Región y la minera Doña Inés Collahuasi pretender aprovecharla para sus faenas. La comunidad se niega y acusan a la empresa de haber secado otros salares. La guerra está declarada. Éste es uno de los casos que deberá zanjar la nueva autoridad ambiental, a sabiendas que al actual ritmo de explotación se vaticina una crisis hídrica en la zona en menos de 10 años.

Desde hace diez años en Andalgalá, Catamarca, funciona una de las minas de oro y cobre más importante del mundo. Habitantes denuncian contaminación y un Estado cómplice. La empresa asegura que todo su accionar está sujeto a la ley. Los pobladores piden un plebiscito para evitar la instalación de otro yacimiento, que multiplicaría los problemas.

Los casos de violación de los derechos humanos relacionados con la actividad minera son cuantiosos y, al mismo tiempo, numerosas han sido las manifestaciones y acciones de los grupos (campesinos e indígenas) afectados por las exploraciones y explotaciones mineras.

Recordemos que la empresa minera Barrick Gold piensa operar en Pascua Lama sin mencionar la completa existencia de glaciares, al menos no había presentado estudio alguno. El reclamo lo recogió CONAMA, ente rector en la materia exigiéndole a Barrick un plan de manejo de glaciares. La réplica de Barrick fue trasladarlos de lugar.

La cantidad de oro en el Valle del Cura es impresionante. La ley (gramos de oro por tonelada) es fuera de serie. Sin embargo, para extraerlo, se debe utilizar cianuro, un metal pesado, el cual arrastrado por el agua, produce daño a cultivos, animales y humanos.

La ciudad de Cerro de Pasco está considerada como una las 16 ciudades más críticas del país, frente a lo cual es urgente asumir responsabilidades y no continuar en la indiferencia y conducta pasiva que muestran las autoridades de los gobiernos locales.

La historia de este modelo de minería revela daños incalculables, desde lesiones temporales en las zonas donde se lleva a cabo, hasta pérdidas irreparables en economías regionales, vidas humanas y ecosistemas destruidos, con toda su cadena trófica alterada, cuando no eliminada.

Barrick tiene una imagen mundial que no puede ocultar ni cambiar. Podrá comprar premios y colgar en sus oficinas certificados de buena conducta. Cualquier empresa puede adquirir nominaciones a la excelencia en seguridad y eficiencia. Sólo hay que pagar por ello.

Hoy como ayer Belén no tiene rutas pavimentadas para lucir, tiene 600 familias que sobreviven del gotero estatal del plan de ayuda Jefas y Jefes; Belén no tiene barrios flamantes con jardines donde leen el diario los nuevos burgueses, tiene un 26 por ciento de hogares que no cubren sus necesidades básicas.

En los últimos doce años, las multinacionales del cobre se llevaron de Chile veintitrés millones de toneladas de ese mineral, por un valor de cuarenta y tres mil millones de dólares, sin pagar impuesto alguno. En cambio Chile le debe a estas empresas extranjeras de la gran minería, más de dos mil millones de dólares en crédito fiscal.

Desde el 24 de mayo del corriente, la multinacional minera Barrick Gold y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, apresuran los papeles para la explotación de los yacimientos de Veladero y Pascua Lama. Es la fecha de la primera asamblea de "sanjuaninos auto convocados".

Este documento, se presenta como consecuencia de posiciones, a veces irreductibles, frente a la problemática de la actividad minera, señala algunos aspectos que pueden ayudar a conocer mejor esa problemática y sirven para encauzar los debates.

Durante la última década hubo cientos de accidentes graves donde el protagonista fue el cianuro y hoy nadie ignora que la minería a cielo abierto aplica nuevas técnicas extractivas que le permiten obtener minerales de baja ley diseminados en extensiones kilométricas.

Ing. Jacobacci tiene un antecedente minero que no deja dudas: la Mina Cerro Castillo-La Angela, que cerró en 1992, dejó cientos de desocupados, varias hectáreas contaminadas y arrasadas, secaron varios arroyos e incluso agotaron las fuentes de agua de un campo vecino.

Algunos habitantes de la Cordillera de los Andes Chubutenses, comenzaron antes del año 2001 a preocuparse por la anunciada explotación aurífera de El Cordón Esquel. Se cruzaron correos, acumularon información, tejieron alguna estrategia con el resto de la provincia de la costa, alertaron a organizaciones ecologistas, trabajaron en red.

Tambogrande establece un hito en la larga historia de disputas y enfrentamientos entre la actividad minera y los agricultores, que ven a la minería como una actividad depredadora y contaminante, que agota las riquezas de la zona, genera poquísimo empleo, aporta migajas en impuestos y se marcha sin haber aportado al desarrollo real y sostenible local.

La responsabilidad social minera en el desquite de Meridian Gold al ser rechazado por el 81% de la comunidad el proyecto del oro en el cordón Esquel. La empresa, nunca dio precisiones claras acerca de cómo controlaría el riesgo potencial de la contaminación del agua.

La minería es una actividad a corto plazo pero con efectos a largo plazo. A nadie puede (debe) caberle duda que cuando se realiza en zonas de bosque constituye un factor de depredación de los mismos. Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

Viajando desde El Bolsón a Esquel puede verse en la ladera montañosa de la pintoresca ruta las leyendas del NO a la MINA. En la ciudad, el grito del NO se lee en el pavimento de las calles y puede desde cualquier parte mirando al cerro. Se trata de la negativa a la explotación del Oro que intentan inversores canadienses de la Meridian Gold, con el respaldo del Gobierno de la Provincia del Chubut.

Los pobladores y organizaciones de la comarca Andino-Patagónica y especialmente de Esquel, han logrado alertar a la opinión pública nacional e internacional acerca de las devastadoras características de los mega-proyectos mineros en la región y a lo largo de toda la cordillera.

El bajo costo y la extendida aplicación de la lixiviación de cúmulos, la carrera por nuevos yacimientos y la flexibilidad general de la Ley Minera y de los responsables gubernamentales, dan lugar a una peligrosa sinergia. Centenares de regiones silvestres y rutas de paso de la vida silvestre son vulnerables a la minería de oro a cielo abierto, gracias a la lixiviación con cianuro.

La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento.