Uruguay está bajo la mira de la industria de la celulosa. La multinacional finlandesa Metsa Botnia y la española Ence se proponen instalar dos fábricas para la producción de celulosa de eucalipto ("al sulfato") blanqueada con dióxido de cloro (proceso ECF), con un volumen máximo de producción de 1 millón de toneladas anuales Botnia, y 500.000 toneladas Ence, para exportación. Las fábricas se instalarían sobre las márgenes del río Uruguay, el cual es compartido con Argentina, a la altura de la localidad de Fray Bentos.

Los proyectos han levantado una creciente oposición ciudadana tanto en Uruguay como en Argentina, que ha tenido como máxima expresión un multitudinario encuentro de ambos pueblos sobre el Puente General San Martín que une los dos territorios (ver boletín Nº 94del WRM).

Las cuestionadas fábricas de celulosa, cuya propia escala constituye un alto riesgo de contaminación del río y la atmósfera, están vinculadas además al modelo de monocultivos forestales en gran escala que las abastecerían, y acerca de cuyos impactos también se ha generado una fuerte denuncia (ver boletín Nº 68 del WRM).

La FAO, el Banco Mundial, y la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), han sido artífices de la creación de esa masa forestal para celulosa (ver boletín Nº 83 del WRM), en este país donde los árboles crecen rápido, la mano de obra es barata y los controles ambientales son muy débiles, al igual que el poder de un Estado condicionado por la deuda externa generada a lo largo de varias décadas, y aún más durante la dictadura militar instalada entre 1973 y 1984.

Ahora las IFIs entran en acción. Para llevar adelante su negocio, la empresa Metsa Botnia ha solicitado un préstamo de US$ 100 millones a la Corporación Financiera Internacional (CFI, institución miembro del Banco Mundial que promueve la inversión en el sector privado). Al mismo tiempo, la CFI también facilitaría un préstamo de otros US$ 100 millones por parte de la banca privada para este proyecto. Ence también acaba de solicitar un préstamo a la CFI para la instalación de la fábrica que aspira a comenzar a construir en octubre de 2005.

Cientos de organizaciones de Uruguay, Argentina, y del mundo entero enviaron una carta a la CFI reclamando que no apruebe el préstamo ya solicitado por la empresa Metsa Botnia, y el que se sabe está por solicitar la empresa Ence, debido a los graves impactos que la instalación de las fábricas de celulosa generarán en el Uruguay. En la carta, las organizaciones firmantes manifestaron las siguientes preocupaciones:

"En primer lugar, es importante destacar la escala de estos emprendimientos y sus posibles impactos acumulados en caso de que efectivamente se concretaran.

En segundo lugar, el informe ambiental de Metsa Botnia ha sido criticado en forma detallada por un conjunto de técnicos vinculados al grupo ambientalista uruguayo Guayubira.

En tercer lugar, ni Metsa Botnia ni Ence llevaron a cabo ningún estudio serio acerca de los posibles impactos sociales negativos de sus emprendimientos, tanto en materia de previsibles pérdidas de empleo (por la contaminación producida por los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas y con fuerte olor desagradable de las plantas de celulosa), como en los posibles impactos sobre la salud de la población local. Por otro lado, ambas empresas han exagerado el número de empleos "indirectos" que generarían, manejando cifras sin fundamento alguno.

En cuarto lugar, la instalación de una o dos plantas de celulosa implicaría el aumento del área actualmente plantada de monocultivos forestales. Es necesario señalar que ya se están constatando graves impactos ambientales y sociales en las plantaciones de eucalyptus existentes, que se agravarían en caso de que la superficie plantada se ampliara.

Es también importante señalar los impactos que una o ambas plantas tendrían en materia de uso de la infraestructura carretera del país debido al tránsito de cientos de camiones con cargas de 40 o más toneladas.

Existen además otros problemas no resueltos en torno a la instalación de ambas plantas:

1) Una disputa internacional aún no formalizada con Argentina, vinculada a la posible contaminación del río Uruguay, compartido por ambos países.
2) Un cuestionamiento acerca de la legalidad del otorgamiento de una zona franca a cada una de las dos empresas que pretenden instalar plantas de celulosa.
3) Un cuestionamiento acerca de la legalidad del uso de enormes volúmenes de agua y su posible contaminación luego de la aprobación de la reforma constitucional del agua en las últimas elecciones.

Finalmente, es fundamental destacar la creciente oposición social a estos proyectos, tanto en lo referente a las plantaciones de eucalyptus como sobre las plantas de celulosa".

Por estas razones, las organizaciones firmantes reclamaron a la Corporación Financiera Internacional que no se involucre en los proyectos de Metsa Botnia y Ence ni tampoco les otorgue crédito, ya que la instalación de las plantas de celulosa provocaría graves impactos ambientales y sociales que no sólo no resolverán, sino que agravarán los problemas que viven el país y su gente.

Extractado del Boletin 95 del WRM