El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano, ratificó hoy las buenas relaciones entre su país y Argentina, después de que en las últimas horas algunos medios advertían sobre un conflicto diplomático ante la decisión del gobierno uruguayo de instalar dos plantas de celulosa en una zona donde podrían causar daños ambientales a ambas naciones.

Por su parte, el canciller argentino, Rafael Bielsa, negó también la existencia del conflicto, aunque se supo que Argentina solicitó al Banco Mundial que no financie a las empresas Botnia, de Finlandia, y Ence, de España, que se instalarían en Fray Bentos.

Las inversiones de ambas plantas de celulosa suman mil 700 millones de dólares, lo que es muy atractivo para Uruguay, y aunque el gobierno de Tabaré Vázquez sostiene que se han tomado todas las precauciones para que no haya daños ambientales, las poblaciones de Fray Bentos, en ese país, y la limítrofe Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, han empezado un fuerte movimiento de rechazo. Ambas ciudades comparten el río que las separa.

Argentina exige también la instalación de una comisión bilateral para evaluar a fondo los posibles impactos ambientales de ambas empresas, compromiso que habían asumido en sus primeros encuentros los mandatarios Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, ya que con el gobierno anterior de Jorge Batlle las negociaciones estaban cerradas. "Nosotros fuimos al día de la asunción de Tabaré Vázquez porque pensamos que íbamos a defender lo mismo. Todavía esperamos que haya un cambio", dijo Daniel Irigoyen, dirigente de los ambientalistas en Entre Ríos.

Han sido más que conmovedoras las marchas protagonizadas por ambas poblaciones, inclusive, una ocupó todo el puente que separa a los dos países, con la asistencia de más de 40 mil personas. En los días pasados han advertido al presidente uruguayo que puede ser responsable de ecocidio.

Los voceros de la empresa finlandesa sostienen que está todo controlado y que se siguen pautas muy estrictas de la Unión Europea en la planta que ya está en construcción en la zona de Fray Bentos, 280 kilómetros al oeste de Montevideo. El canciller Gargano sostuvo que "se está intentando generar un diálogo para que todos tengan la seguridad de que se va a tener extremado cuidado en que no haya contaminación si se istala alguna empresa aquí".

Pero los ambientalistas demandan un trabajo bilateral para estudiar a fondo los impactos. Hace unos días, la carretera 136 fue cortada durante todo un día en una multitudinaria protesta de la Asamblea Ambiental, en la que entrerrianos y uruguayos -con fuertes lazos históricos- se unieron en el reclamo. Gran cantidad de uruguayos reclamaron además por el hecho de que tanto Ence como Botnia están eximidas de los impuestos departamentales, y van por los nacionales, buscando una "declaración de interés".

Afirman que las empresas harán pasta celulósica y se arrojarían al río productos químicos, además de que se utilizará a toda la región para el monocultivo de eucaliptus, que absorben el agua de las napas y generan desertificación.

Tanto los vecinos de Gualeguaychú como el Foro Ecologista de Paraná enviaron dos cartas a la cancillería argentina por incumplimiento de su palabra, ya que Bielsa había prometido entregarles la información sobre el posible impacto que producirán las dos plantas papeleras. Asimismo, se preparan para presentar un recurso de amparo ambiental contra la Comisión Administrativa del Río Uruguay, que involucra a ambos países.

Aunque el canciller Gargano consideró que se exageró al manejar el tema como un conflicto, y sostuvo que "hay un entendimiento básico sobre la necesidad de cambiar la vida de la gente para dar de comer a los pobres y generar un desarrollo sustentable en Uruguay", también muchos estiman que una vez terminada la construcción, que podría crear tres mil puestos de trabajo, no sería muy alto el número de operarios reales de las empresas en el futuro.

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, dijo que estas empresas son contaminantes, por lo que Europa ha dejado de instalarlas en su territorio, y lamentó que no haya habido reuniones previas entre ambos países. "Si Uruguay tiene la decisión política de traer esas fábricas, que lo haga en otro lado, no en un río compartido, donde hay un estatuto que dice que no se puede hacer una obra sin el consentimiento de una de las partes", dijo.

En Uruguay, algunos funcionaros habían hablado de los derechos soberanos del país para decidir sobre la construcción de las empresas.

La Jornada
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