Conflicto por las papeleras del río Uruguay

Quienes hoy toman decisiones que afectan la vida de los pueblos quizás lleguen a ser juzgados –en el futuro– por algún prestigioso tribunal como criminales de lesa naturaleza por el delito de ecocidio. Por ahora están a salvo pues aún no se ha establecido una normativa internacional que castigue a quienes, actuando como gobernantes, cometen tales delitos.

Plantas asesinas, compañeros entrampados

Quienes hoy toman decisiones que afectan la vida de los pueblos quizás lleguen a ser juzgados –en el futuro– por algún prestigioso tribunal como criminales de lesa naturaleza por el delito de ecocidio. Por ahora están a salvo pues aún no se ha establecido una normativa internacional que castigue a quienes, actuando como gobernantes, cometen tales delitos. Porque lamentablemente es lo que nuestro gobierno hace al permitir la instalación de plantas de celulosa sin exigir el uso de la tecnología que, en el proceso de fabricación de la pasta, garantiza un nivel menor de contaminación, esto es, la llamada TCF (Totalmente Libre de Cloro), dado que es una técnica de ciclo cerrado, casi sin efluentes líquidos.

A pesar de los enormes riesgos que implica y que el uso de la TCF no garantiza que no exista contaminación y que ésta se producirá de cualquier modo, debido principalmente al gigantesco volumen de sustancias tóxicas que serán vertidas al medio, al agua, a la tierra y al aire como resultado de un proceso industrial a gran escala, la exigencia de su aplicación sería una forma menos ominosa de soportar la imposición de estas plantas cuya instalación traerá al país muchos más perjuicios que beneficios.

Hay dos aspectos centrales en el debate sobre la instalación de las celulósicas Botnia y Ence (es un error llamarlas papeleras porque no producirán papel sino pasta de celulosa para exportar y para otros usos, de modo que quienes argumentan sobre la fatal necesidad de fabricar papel orinan fuera del tarro, algunos por ignorancia, otros a propósito) y que son, a saber: la creación de fuentes de trabajo y el grado de contaminación que provocarán estas industrias.

Respecto de este último punto es evidente que se le ha ocultado información a la opinión pública, tanto desde las empresas como desde el gobierno y desde los organismos internacionales. Resulta triste comprobar como nuestros gobernantes y algunos compañeros, cuando la prensa los consulta, argumentan que “si el informe del Banco Mundial dice que no habrá contaminación...”.

¿Es que ahora los informes del Banco Mundial son confiables?, cuando toda la vida esa institución se ha caracterizado por invertir millones de dólares en informes técnicos cuyos resultados han sido, invariablemente, favorecer a las grandes empresas transnacionales en perjuicio de las pequeñas empresas nacionales, favorecer a los países ricos en contra de los países pobres y dentro de estos, favorecer a las clases ricas en perjuicio de las clases pobres. El eterno discurso del Banco Mundial -así como de otros organismos financieros internacionales similares- es: “hacemos lo que hacemos para favorecer a los pobres”, y el eterno resultado de las acciones de esa entidad es que los países pobres como el nuestro y a su vez los pobres dentro de cada país son los eternamente perjudicados. ¿Por qué razón tenemos que confiar ahora en los informes del Banco Mundial cuando siempre nos han jodido?

Pero lo que parece el colmo de la ingenuidad o de la desvergüenza -vaya uno a saber- es que nadie parece darse cuenta de que era absolutamente lógico que el Banco Mundial aprobara el préstamo, porque prestar plata a interés es una de las actividades principales de un banco y para que la operación financiera se concretara era condición indispensable que el informe ambiental fuera favorable a las plantas. La desfachatez, el caradurismo, de estas personas no tiene límites: con un cinismo a toda prueba le pusieron el pomposo título de ombudsman (defensor del pueblo) a la persona que dirigía esta operación financiada por el Banco Mundial para engañar incautos. Y lo triste es que hasta el momento no se han escuchado voces que cuestionen semejante engañifa. Peor: para oprobio del pueblo frenteamplista sus dirigentes manejan ese informe como si fuese una verdad revelada1.

Sin plantas no había negocio, con plantas, en cambio, se generaba otro buen negocio para el Banco Mundial, un negocio que para colmo de males vamos a tener que terminar pagando de nuestro propio lomo. Porque, por si usted no lo sabe, amigo lector, la empresa Botnia anunció que, en realidad, no tiene la plata que antes dijo tener y que no puede invertir lo que anunció que iba a invertir, y por eso le pidió prestado al Banco Mundial, pero no sólo, también le pidió plata al gobierno uruguayo y este ya le concedió varios privilegios, entre otros una generosa exención de impuestos (la superficie donde se construye la planta y el puerto se han convertido en zona franca, entre otras prebendas). Esa es plata que vamos a tener que poner de nuestro bolsillo todos los uruguayos. De modo que argumentar sobre la base de un informe técnico viciado de nulidad, flechado y éticamente inadmisible por la conjunción de intereses, es una reverenda tontería, sino algo aun más grave.

Y lo que no dice ese informe, ni ninguno de los que se han elaborado hasta el momento, es que la contaminación que provocarán Botnia y Ence será realmente grave y perjudicial. En particular porque se utilizará la tecnología ECF (que significa Parcialmente Libre de Cloro o Libre de Cloro Elemental según sus siglas en inglés). Es una tecnología que tiene unos 15 años de atraso respecto del sistema TCF y cuyo uso está seriamente cuestionado, restringido y controlado en los países desarrollados. Incluso hasta la modesta Fanapel tiene planeado reconvertirse al TCF, pues es un método de procesamiento que minimiza los riesgos y reduce los daños ambientales, que suelen ser inevitables en este tipo de industria.

Uno se pregunta si una pequeña industria nacional, como Fanapel, que en Juan Lacaze produce entre 30 mil y 35 mil toneladas anuales de pasta de papel, es capaz de reconvertirse y usar el TCF, por qué no pueden hacerlo estos monstruos transnacionales que prevén una producción gigantesca, 50 veces mayor: un millón de toneladas anuales Botnia y medio millón Ence.
Las razones parecen claras: el sistema ECF es sensiblemente más barato que el TCF y el gobierno uruguayo no se ha tomado la molestia de exigir que se aplique este último, cosa que debería hacer como condición mínima previa a la instalación de estas plantas

Actualmente sólo hay dos plantas en el mundo que producen un millón de toneladas y no están en España ni en Finlandia sino en China y Brasil. La instalación de estas plantas en Uruguay, que juntas se convertirán en el mayor productor mundial de celulosa con un millón y medio de toneladas anuales, forma parte de un vasto plan de los países del Norte para trasladar gran parte de la industria altamente tóxica a los territorios de los países subdesarrollados. Una estrategia que cumple varios objetivos, entre ellos: alejar de los países centrales el peligro de la contaminación -que se envenenen los pobres- pues en la mayoría de los países pobres no hay conciencia ecológica desarrollada ni medios adecuados para controlar a las industrias contaminantes; y producir con costos sensiblemente inferiores: privilegios impositivos, exenciones tributarias, materia prima y mano de obra baratas. En esa estrategia se inscribe la imposición de un modelo forestal basado en el monocultivo de especies de crecimiento rápido en la mayoría de los países subdesarrollados.

Por otra parte, los que defienden la instalación de las celulósicas sostienen que son positivas porque van a generar fuentes de trabajo. Nada más falso. Es cierto que, parcialmente, durante dos o tres años, mientras dure la construcción de las plantas, se van a crear algunos puestos de trabajo en la construcción y en las industrias y servicios complementarios, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana.

En realidad la planta de Botnia sólo ocupará a unas 300 personas, la mayoría de los cuales serán técnicos y un alto porcentaje extranjeros. Sólo habrá unos pocos lugares para operarios altamente especializados y sólo habrá ocho puestos de trabajo para personas de educación media hacia abajo. De modo que los famosos puestos de trabajo para los fraybentinos quedarán en la nada: ni pensar que se genere algún empleo para algún uruguayo de otras latitudes, salvo que sea algún técnico o profesional especialmente preparado para trabajar en la industria y que tenga una suerte similar a la de ganar el Cinco de Oro, porque los empleos si los hubiere serán bien poquitos.

Pero lo más grave es que la cantidad de puestos de trabajo que esta industria va a destruir será sensiblemente mayor a los que va a crear. Se perderán cientos de empleos en la agropecuaria, en la agricultura, en la apicultura, en la pesca, en la hotelería y en el turismo, entre otras áreas importantes de la economía, no sólo de los fraybentinos sino de todo el país.

Está comprobado que, de todas las actividades económicas en el medio rural, la forestal es la que emplea menor mano de obra, menos incluso que la ganadería extensiva, actividad que tenía el peor índice del país antes de que se iniciara la forestación. Un solo ejemplo: diez mil hectáreas forestadas dan empleo, en promedio, a 45 personas. En igual superficie la horticultura (actividad que está en la mitad de la tabla del ranqueo en lo que a generación de fuentes de trabajo refiere) proporciona 1330 empleos, es decir, treinta veces más que la forestación2.

Además, los empleos forestales son los de peor calidad, condición y remuneración, al punto que han sido calificados como trabajo esclavo. La experiencia de la forestación en los últimos veinte años revela que esta industria ha destruido los ecosistemas, ha desertificado las tierras fértiles aptas para la ganadería y la agricultura, ha expulsado a los colonos de sus tierras y ha destruido cientos de puestos de trabajo en diversas áreas, empobreciendo al país y sus posibilidades de futuro3.

Sin embargo, hay quienes no se resignan a perder lo invertido en forestación y a costa del sufrimiento del resto del país y del alto riesgo de un gravísimo deterioro ambiental, presionan al gobierno para que convierta a Uruguay en un país forestal, es decir, que deje de ser el “Uruguay Natural” cuya imagen se ha promovido en forma publicitaria y pase a ser una especie de republiqueta bananera de las transnacionales forestales.

Los perjuicios para el país serán enormes, en particular para el propio departamento de Río Negro, cuyo balneario Las Cañas, uno de los más bellos y de mayor atracción turística del país, situado a ocho kilómetros aguas abajo de Fray Bentos, será el principal perjudicado. ¿Quién va a veranear a un lugar donde hay olor a huevo podrido? ¿Quién se va a bañar en las aguas de una playa sobre la cual se volcarán diariamente miles de litros de sustancias químicas peligrosas para la salud, en particular los ya conocidos contaminantes orgánicos persistentes (COP)? Los puestos de trabajo que se perderán en esa área turística todavía no han sido evaluados pero sumarán una cifra sin duda relevante.

Dicho sea de paso, al permitir la instalación de las celulósicas el gobierno violará los acuerdos internacionales que el propio país firmó, como la convención de Estocolmo para reducir la emisión de dioxinas y furanos. Uruguay, a contrapelo del mundo, aumentará la emisión de esas sustancias.

Pero no sólo el turismo de Fray Bentos se verá resentido, también el de todo el país y en particular el de la costa Este, porque ya la imagen de “Uruguay Natural” ha quedado muy deteriorada por todo este asunto y la obcecada negativa del gobierno uruguayo a escuchar la protesta de los ambientalistas argentinos y las advertencias de los ambientalistas criollos ha causado enormes perjuicios a las posibilidades turísticas del país, en particular la de los años venideros. El turismo representó en el año 2005 un alto porcentaje del total de ingresos de divisas al país, de modo que poner en riesgo la continuidad de esos ingresos es atentar contra la economía del país y contra los intereses del país mismo.

Pero lo más grave es que si el gobierno mantiene su tozuda posición se corre el riesgo de que el conflicto con Argentina se agrave al punto de poner en cuestión las relaciones comerciales con el principal comprador de nuestra producción exportable4.

En aras de la defensa de una posición favorable a las celulósicas -insostenible, a esta altura- se pone en riesgo uno de los principales soportes de la economía del país: la exportación al mercado argentino. No debemos olvidar que las campañas de boicot a determinados productos o marcas, que suele emplear como método de lucha la organización ecologista Greenpeace, suelen dar buen resultado y afectar grandemente el consumo de tales mercaderías. ¿Vale la pena exponernos a ese riesgo, que ya es una realidad en puerta?

Por otra parte, cuando nuestra etiqueta internacional “Uruguay, País Natural” pierda confiabilidad ante los consumidores internacionales, el turismo se resienta y el mundo comience a dejar de comprar nuestros productos, no digo árboles, sino carne, cueros, lana, lácteos, cereales o cualquier otro producto “natural”, ¿qué le va a decir este gobierno a la gente? ¿Ajo y agua?

Si la instalación de esas plantas trae tantos problemas y tan pocos beneficios, por qué razón nuestros gobernantes siguen empeñados en apoyarlas. ¿Los frenteamplistas no se han preguntado por qué los principales dirigentes políticos del Partido Colorado y del Partido Nacional apoyan al gobierno en este tema en forma casi más fanática que los propios militantes de izquierda?

Claro, tampoco parecen haberse percatado de que se ha montado una gran parafernalia mediática a favor de las plantas, diligente para descalificar cualquier opinión contraria, identificando el asunto como si fuera una causa nacional, en un bombardeo permanente que hace recordar la metodología goebbeliana en materia informativa.

No es porque esto beneficie al país, es porque tales organizaciones políticas están involucradas con el modelo forestal, en particular Lacalle y compañía y por eso el dirigente herrerista ha manifestado su apoyo incondicional a Vázquez en este asunto. ¿En qué se fundamenta, entonces, la postura del gobierno? (Véase recuadro).

Una punta del ovillo por donde empezar a comprender semejante embrollo parece ser el hecho de que buena parte del sector profesional uruguayo -abogados, médicos, escribanos, arquitectos y otros profesionales-, así como otros sectores de clase media y alta (bancarios y banqueros) realizaron en el pasado reciente grandes inversiones en forestación y ahora presionan al gobierno para que favorezca la instalación de las plantas, lo que le daría una salida rápida, segura y económica -sin el costo de los fletes- a los miles de árboles que ocupan hoy buena parte del territorio nacional.

Es sabido que en los años 80 y 90 muchos profesionales universitarios invirtieron en forestación. Es paradigmático el caso de las cajas de profesionales, de notarios y de bancarios, las cuales poseen grandes extensiones forestadas. Ya es conocido el hecho de que el gremio bancario (AEBU) apoyó un acuerdo entre Botnia y la Caja Bancaria para que esta institución provea de madera a la transnacional finlandesa. Si a esos antecedentes le sumamos que algunos izquierdistas todavía sostienen el ilusorio sueño de volver al pasado industrialista, con muchas fábricas echando humo por sus chimeneas y con el crecimiento del proletariado industrial como columna vertebral de una futura revolución social, entonces uno puede empezar a comprender por qué en la izquierda son muy pocos los que cuestionan esta nueva barbarie a la cual el imperio nos quiere someter y que el gobierno frenteamplista más que tolera, apoya con inusitado fervor.

La coima, el tiburón y la sardina

A pesar de que el canciller uruguayo ha sostenido que nuestro gobierno no acepta coimas, sugiriendo en forma elíptica que sí lo habrían hecho las autoridades argentinas, de haberse dado la oportunidad, es innegable que todos los partidos políticos uruguayos con representación parlamentaria (incluido el Frente Amplio) ya aceptaron el dinero que las empresas Botnia y Ence pusieron arriba de la mesa para financiar los viajes de un nutrido grupo de parlamentarios al viejo continente, quienes viajaron con todos los gastos pagos con la excusa de ir a inspeccionar las celulósicas en sus respectivos países.

Lo real es que hay mucho dinero de por medio, que estas empresas no escatiman en financiar gigantescas campañas publicitarias a su favor ni en apelar al medio que sea para ganar adeptos, y que la compra de conciencias está en el orden del día. Hasta han llegado incluso a organizar fiestas masivas y regalar toneladas de juguetes y artículos escolares en los barrios pobres de Fray Bentos para captar la simpatía de la opinión pública. Si uno no fuera tan crédulo podría llegar a pensar que se trata de demagogia pura.

Recientemente se denunció que la empresa Botnia pagó algo más de cuatro mil dólares a un dirigente ambientalista fraybentino para que actuara solapadamente entre los ambientalistas uruguayos con el objetivo de frenar las manifestaciones contrarias a la instalación de las plantas, e influyera en la asamblea ciudadana de Gualeguaychú para promover un ámbito de entendimiento entre las partes. Los directivos de la empresa reconocieron públicamente que le habían entregado al fulano solamente 50 mil pesos para que se encargara de tales gestiones, pero negaron que semejante conducta pudiera ser calificada de coima.

Pero aunque absolutamente todos los miembros del plantel gobernante fueran tan ingenuos como impolutos, hay algunos hechos que no pueden negarse: porque es innegable que la actual postura del gobierno en esta materia es absolutamente funcional a los intereses de los Estados Unidos. Es evidente que un Mercosur fuerte conspira contra los planes hegemónicos del imperio. Sobre todo con el acople de Chile, Bolivia y Venezuela, lo que conformaría un poderoso bloque no sólo ya económico sino también político que, a corto y a mediano plazo, podría convertirse cuando menos en una gran incomodidad para el gigante del norte. Por eso Estados Unidos arremete con el ALCA y por eso, a los fines de su estrategia, resulta funcional que el Mercosur se debilite, que no avance. En ese marco, la polémica por las plantas de celulosa y la grieta cada vez más agria en las relaciones entre Argentina y Uruguay acumula para los intereses estadounidenses y va en contra de los intereses de nuestras naciones. No es casual, entonces, que algunas voces del gobierno comiencen a hablar en forma favorable a un eventual tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos. Se cumple la vieja ley; el pez grande se come al chico.

PD: el flamante anuncio del presidente Vázquez en la propia sede del imperio, sobre el inminente alejamiento de Uruguay del MERCOSUR, no hace más que confirmar una triste sospecha: el viejo imperio sigue mandando, aunque la gente haya votado por el cambio y el socialismo. Una vez más los hechos convocan a no cejar en la lucha por los viejos sueños. www.EcoPortal.net

* Walter Falco
Montevideo, 1 de mayo de 2006

Notas:
1 El Grupo Guayubira –que cuestiona la instalación de las plantas– sostiene que el informe de la ombudsman confirma sus denuncias en lo referente a la insuficiencia de las evaluaciones de impacto ambiental (EIAs) realizadas por las empresas y aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA); en cuanto a la falta de controles adecuados por parte del gobierno y en lo concerniente a la inexistencia de evaluación de los impactos sobre diversos sectores económicos, en particular la agricultura, la pesca y el turismo, así como sobre las poblaciones, los sectores sociales y los individuos potencialmente afectados. Para mayor información consultar http://www.guayubira.org.uy/celulosa/Confirman_impactos.html
2 De acuerdo con los datos del censo agropecuario del 2000 el número de trabajadores permanentes por cada mil hectáreas forestadas es de 4,49. La ganadería de vacunos de carne genera 5,84 empleos permanentes en la misma extensión de tierra, en tanto que la ganadería de ovinos provee 9,18 empleos. Y éstas, junto con la producción de arroz (7,75), son las peores cifras. En el extremo opuesto se encuentran la producción para autoconsumo (262 empleos/mil hectáreas), de aves (211), la viticultura (165), la horticultura (133) y la producción de cerdos (128), en tanto que en el medio se ubican la producción de vacunos de leche (22), los servicios de maquinaria (20) y los cultivos cerealeros e industriales (10).
3 En los departamentos de Tacuarembó y Rivera, al norte del país, decenas de colonos que arrendaban parcelas para diversos cultivos –en la mayoría de los casos en régimen de huerta familiar– fueron expulsados de sus tierras por los propietarios para destinarlas a plantar eucaliptos o venderlas a transnacionales de la forestación. En aquellos lugares donde antes se concentraban hasta 200 personas ocupadas ahora basta con cuatro peones para vigilar grandes extensiones de campo forestado. Una serie de notas del periodista e investigador social Víctor Bachetta, publicadas por el diario La República entre febrero y mayo de 2005, ilustra ese proceso con mayor detalle y claridad.
4 La gremial uruguaya de transportistas, junto a sectores exportadores, anunció recientemente que el país ya perdió más de treinta millones de dólares a raíz de este conflicto. ¿Hasta cuando el gobierno uruguayo seguirá manteniendo una posición que conduce a nuestra economía y al país a situaciones críticas y ruinosas?