Ante la solicitud cursada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, esta institución ha pedido a la Comisión Europea que realice una investigación preliminar sobre los posibles incumplimientos de la legalidad medioambiental existentes en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020.

Con fecha del 17 de octubre de 2006, el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha comunicado al portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público que, examinada su petición, ha sido admitida a trámite.

La solicitud enviada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público señala que el Gobierno español redactó un “Informe de Sostenibilidad Ambiental del PEIT” que parece un subterfugio legal buscado expresamente por el Ministerio de Fomento para evitar la realización de una auténtica evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente. Da la impresión de que el Ministerio de Fomento, consciente de que el PEIT no superaría una evaluación ambiental estratégica, ha hecho todo lo posible por evitarla.

Parece un subterfugio legal porque el Consejo de Ministros Español tomó la decisión de elaborar el PEIT el 16 de julio de 2004, cinco días antes de que fuera obligatorio aplicar la Directiva 2001/42/CE, que entró en vigor el 21 de julio de 2001 y que debía aplicarse en todos los Estados Miembros antes del 21 de julio de 2004.

La citada directiva es consecuente con la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible (Consejo Europeo de Gotemburgo, junio de 2001) donde se estableció que una política de transporte sostenible debería hacer frente a las crecientes intensidades de tráfico y niveles de congestión, ruido y contaminación, y fomentar el uso de los modos de transporte menos agresivos con el medio ambiente, así como la plena asunción por cada modo de los costes sociales y ambientales. Además de señalar que es necesario actuar para conseguir el cambio modal de la carretera al ferrocarril.

La Directiva 2001/42/CE establece que el Informe Medioambiental (el ISA en este caso) “identificará, describirá y evaluará los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa”. Sin embargo, el documento presentado a información pública en España no incorporó una evaluación o estimación de esta probable incidencia, particularmente en lo que se refiere al aumento previsible de emisiones de CO2 que se derivarán de las actuaciones del plan. Pero el citado ISA si reconoce explícitamente que el escenario objetivo del PEIT no permitirá cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto. www.ecoportal.net

Más información: José Luis Ordóñez, T 609 065 165
Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público