Para los pueblos indígenas en nuestro País, la violencia institucional se ejerce con la represión directa o generando la división, el enfrentamiento, la marginación y el olvido. En el caso de Oaxaca y sus comunidades indígenas, la violencia ha existido por siglos. Hoy, quienes detentan el poder le apuestan al olvido y a la falta de acción como política de gobierno de quienes siguen demostrando su incapacidad para gobernar y el carácter ilegítimo de los cargos que ostentan. El estado de derecho es sustituido por el narco paramilitarismo y los grupos u organizaciones de choque, impulsadas y protegidas por el poder, gozan de impunidad para operar la política de exterminio para los pueblos originarios. Desde los tiempos de la conquista, el asesinato, el cepo, los azotes, la persecución, el desplazamiento forzado, la violación, las desapariciones forzadas y la esclavitud han sido nuestro destino, destino determinado por los conquistadores y sus santas instituciones desde hace más de 515 años. Desgraciadamente esto no aplica sólo para nuestro país, porque los hermanos latinoamericanos tienen que soportar a narco genocidas como Álvaro Uribe, que además de asesinar a nuestros jóvenes Verónica Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo, y herir gravemente a Lucía Morett, con la complicidad de calderón se atreve a proferir insultos en nuestra propia patria.

El asesinato de las dos indígenas triquis, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, es solamente el último episodio de una historia de miseria y abandono, donde los últimos acontecimientos pretenden lanzar al olvido eventos presentes y dolorosos como la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, hace menos de un año, y el asesinato de hombres mujeres o niños que en la mayoría de las veces no alcanzan a comprender el origen de tanta violencia. Esta violencia, provenga de donde sea, dibuja claramente las responsabilidades del gobierno local y federal.

En todo esto, hay actores políticos que han capitalizado el presente conflicto social para agazaparse en la impunidad, fortalecer sus intereses políticos y económicos y prepararse para dar los siguientes pasos que les permitan mayor control, en una sociedad convulsionada donde los rezagos históricos que evidenciaron el conflicto, siguen sin resolverse en todas las regiones del Estado.

En este contexto, la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo de 2007, es la continuidad de la Guerra de Baja Intensidad emprendida por Diodoro Carrasco Altamirano, principalmente en los Loxichas, en 1996. Se da también en el marco de una crisis del principal grupo de la narcoactividad al que como Gobernador y Secretario de Gobernación dejó operar impunemente. El secuestro de Jesús Díaz Parada, originó golpes mortales no sólo del grupo en mención sino también de los grupos policiacos y militares que cegaron la vida de varias personas y fue aprovechado por el estado para argumentar que la desaparición de estos dos luchadores sociales era un ajuste de cuentas al EPR por parte de dicho grupo, en el supuesto de que esta organización armada revolucionaria habría secuestrado a Jesús Díaz Parada; siendo así, tendrían que aceptar entonces, que fueron los operadores policiacos y militares en el Estado quienes los hicieron partícipes, porque la desaparición se da en la línea de seguimiento histórico a estos luchadores sociales y no en la de pugnas internas, como lo quieren hacer creer algunos ingenuos partidarios de la confusión, para alimentar sus intereses políticos y económicos. Desde luego que los nexos de los Díaz Parada con el estado siguen vigentes, así lo evidencia la toma de las escuelas en San Pedro Totolapa por los esquiroles del Ulises Ruiz Ortiz, aglutinados en lo que se les ha dado por llamar Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo la protección de los viejos caciques de la región que han impuesto un incondicional en la presidencia municipal, al cuidado de sus intereses.

La ilegal detención y tortura el 25 de mayo de 2007 del indígena zapoteco Daniel Santiago Matías; la falta de voluntad para pre liberar a cuatro indígenas de la Región Loxicha y las aberrantes condenas contra los ocho restantes del fuero federal, presos desde hace doce años; sumado a las nuevas detenciones, incluida la de Isabel Almarás Matías; la militarización y paramilitarización evidencia que el riesgo para nosotros es latente y con el falso argumento de que somos del EPR, para eliminarnos pueden recurrir a los cuerpos policiacos-militares o a los grupos narco paramilitares de nuevo o viejo cuño .

Es obvio que los más altos niveles políticos, policiacos y militares conocieron de la detención de los dos luchadores sociales y que cualquier negativa, sólo evidencia el carácter cínico de los actores políticos que esperan una oposición arrodillada bajo la premisa de que mantienen rehenes para doblegar al adversario.

En el caso de los Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha, no admitimos esa condición y exigimos se deje en libertad a quienes ya alcanzan el beneficio legal de pre liberación y en general a quienes desde hace 12 años han sido los chivos expiatorios de Diódoro Carrasco Altamirano para mantener sus cotos de poder y la consiguiente impunidad para los mercenarios políticos y policiacos que desde sus sexenio operan en nuestro estado.

Consideramos necesario dar la voz de alerta y responsabilizar al gobierno local y federal de nuestra integridad física y psicológica, pero sobre todo exigimos:

¡Presentación con vida de las y los desaparecidos! ¡Libertad a las y los presos políticos y de conciencia de la Región Loxicha!¡Alto a la represión y la violencia en el campo y la ciudad! ¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión!

OPIZ/FNLS - Juan Sosa Maldonado - Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 01 de mayo de 2008 http://mx.geocities.com/opiz_lox/

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Pueblos triquis: pensar el futuro

Francisco López Bárcenas *

Felícitas López y Teresa Bautista, las jóvenes locutoras de La voz que rompe el silencio lograron su propósito después ser asesinadas el 7 de abril pasado en Llano Juárez, territorio controlado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT): romper el silencio sobre la violencia y la impunidad que se vive en la región. El revuelo que causó que hayan sido asesinadas por difundir a través de la radio indígena, impulsada por el municipio autónomo de San Juan Copala, la situación que vive su pueblo, obliga a realizar un análisis de la problemática triqui. No son las únicas ni las primeras mujeres muertas a lo largo de 35 años de disputas políticas entre grupos rivales, inclusive ha habido niños asesinados; vale recordar, entre los casos más terribles, el del 7 de agosto de 1996, cuando en los límites con San Pedro Chayuco fueron violadas siete mujeres, así como el de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz, hijas de un dirigente del MULT, quienes fueron desaparecidas el 5 de julio de 2007.

La primera pregunta que nos abofetea la cara es: ¿sabrán los dirigentes de esas organizaciones cuánta sangre inocente ha corrido en estos años, cuántas vidas se han perdido? El MULT afirma que ha perdido unos 300 militantes, lo que arroja 10 muertos por año, cifra igual a la que reclaman otras organizaciones. ¿Quiénes son y dónde están los responsables de tanta infamia? ¿Cuántas familias ha desarticulado la violencia? ¿Dónde están los migrantes involuntarios que han huido de su tierra de origen para sobrevivir? Y, sobre todo, ¿los dirigentes de esas organizaciones serán conscientes de que por esa vía no se va a ningún lado?

Es un hecho que atrás de estas cuestiones existen otras mucho más profundas: ¿cuáles son, pues, las causas que llevaron a los triquis a tomar este camino? La respuesta fácil sostiene que son violentos por naturaleza porque conservan la cultura de la muerte, que es parte de su cosmovisión, pero esto es una afirmación falsa y discriminatoria que en nada abona a la pacificación ni al desarrollo de la región. Una respuesta acorde con la realidad habría que buscarla en el modelo de dominio de la región, impulsado por la clase política después de la Revolución Mexicana: por un lado, los ricos y sus políticos alimentaron para su beneficio las facciones en la región, comprándoles las cosechas de café y plátano a precios bajos y vendiéndoles armas para que disputaran el poder a sus rivales, lo que se conjugaba con la apropiación de sus productos y hacía depender su seguridad de sus explotadores. Por el otro, la burocracia política, el Poder Judicial y los militares crearon un entramado para someterlos políticamente, dislocando la estructura del gobierno indígena al tiempo que se imponía el mestizo.

Algo ha cambiado al paso de los años, pero el sistema de dominio regional se mantiene. Por eso las organizaciones políticas que actúan en San Juan Copala han levantado como bandera de lucha la defensa del territorio, el autogobierno y, más recientemente, la autonomía. Así lo hizo en los años 70 el CLUB, primera organización independiente triqui. Cuando ésta fue aniquilada, su bandera la levantó el MULT durante casi una década de lucha heroica que comenzó a cambiar cuando los fundadores fueron asesinados o emigraron para evitar la represión. Quienes los sucedieron modificaron sus demandas, primero por proyectos productivos, y después entrando a la disputa por el poder estatal mediante la formación del Partido Unidad Popular, que los acercó a los funcionarios estatales al tiempo que los alejaba de sus bases, en medio de acusaciones de corrupción. El PRI mantuvo dos frentes: uno por conducto de la Confederación Nacional Campesina y otro con una organización que el gobierno impulsó como forma de intervenir en la región: Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Paradojas de la política, el gobierno tuvo muchos problemas con ésta, porque sus dirigentes sentían que favorecía más al MULT, lo cual no era de su agrado, porque los priístas eran ellos.

Entrado el siglo XXI, la región parecía apaciguada: el gobierno mantenía el control mediante tres organizaciones que en apariencia controlaban a sus bases, pero cuando los recursos dejaron de fluir y los dirigentes se eternizaron en la dirección, las comunidades comenzaron a protestar, y ante la falta de respuesta o de franca represión interna, el MULT y Ubisort se escindieron: los primeros formaron el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y los segundos abandonaron el PRI. Las dos nuevas expresiones políticas se juntaron y crearon el municipio autónomo de San Juan Copala, reivindicando las demandas de autogobierno, pero sobre todo el cese a la violencia, haciendo esfuerzos por construir un sistema educativo que forme nuevas generaciones de jóvenes y promoviendo programas de salud.

Hoy, ante la presión nacional e internacional tras el asesinato de Felícitas y Teresa, el gobierno de Oaxaca ha llamado a las partes a un diálogo; al mismo tiempo, la Cámara de Diputados ha exhortado a la Procuraduría General de Justicia de la entidad y a la Secretaría de Gobernación a buscar una solución al conflicto. Las partes también se han expresado en ese sentido y, salvo la Ubisort, todas han coincidido en que el Ejército no debe intervenir, ya que la solución debe ser política. Estas posturas abren caminos de diálogo, pero no es fácil recorrerlos. Bastaría decir que eso ya se hizo durante los gobiernos de Heladio Ramírez y Diódoro Carrasco sin resultados positivos para las comunidades. Por eso, si las partes quieren encontrar soluciones deberían analizar quiénes deben dialogar: los dirigentes de las organizaciones o las autoridades de los barrios, o ambas; sobre qué temas se va a dialogar, y si será en torno a causas coyunturales o profundas; de qué manera se va a dialogar, en público o en privado; si habrá o no mediadores y, en su caso, quiénes podrían ser. Y, finalmente, cómo se garantizará el cumplimiento de los compromisos

Comenzar a andar ese camino puede ser una forma de honrar la memoria de las muertas y los muertos. Y comenzar a imaginar que San Juan Copala puede vivir en paz en un futuro no muy lejano. www.ecoportal.net

La jornada 24 de Abril de 2008