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En días recientes el gobierno uruguayo otorgó formalmente el permiso a la empresa española Ence de instalar una gigantesca fábrica de celulosa en Colonia. Si bien la empresa tuvo que sortear algunos obstáculos burocráticos para lograr la aprobación, era un secreto a voces que contaba con el total apoyo del Estado.
En días recientes el gobierno uruguayo otorgó formalmente el permiso a la empresa española Ence de instalar una gigantesca fábrica de celulosa en Colonia. Si bien la empresa tuvo que sortear algunos obstáculos burocráticos para lograr la aprobación, era un secreto a voces que contaba con el total apoyo del Estado. Tanto apoyo que no solo le dio el permiso, sino que le facilitó una zona franca. Parafraseando a García Márquez, era la “crónica de una aprobación anunciada”.
Al mismo tiempo, otra historia se estaba –y se está– desarrollando en España: la expulsión casi diaria de ciudadanos uruguayos y la entrada en vigencia de una legislación que facilitará la expulsión de miles de extranjeros –uruguayos incluidos– de Europa en general y de España en particular.
En este contexto, son muy ilustrativas las recientes declaraciones de Daniel Caserta, presidente de la Casa Uruguay en Madrid quien informa que “La situación está muy complicada” y que “se creó mucho temor e incertidumbre entre la gente". De acuerdo con lo informado por El Observador (2/7/08), Caserta reclamó más apoyo del gobierno de Tabaré Vázquez a los uruguayos que viven en España.
Más allá de la responsabilidad del actual gobierno, lo cierto es que el modelo económico aplicado por los sucesivos gobiernos uruguayos ha sido el responsable de que tantos y tantas compatriotas hayan tenido que migrar, en su gran mayoría por no encontrar en su patria las condiciones necesarias para vivir decorosamente. Los conciudadanos del Departamento 20 –creado por el actual gobierno– tienen todo el derecho a exigir apoyo al actual gobierno.
De acuerdo con Caserta, el gobierno uruguayo debería realizar una verdadera acción en repudio a la política migratoria europea. "El comunicado enviado por Uruguay a la Comunidad Europea criticando la nueva normativa queda lindo, pero no es una solución. Solución es lo de dijo Chávez de que si le tocan a un venezolano le corta el suministro de petróleo".
Pensando en términos uruguayos y siguiendo esa línea, lo primero que viene a la mente es decir: si nos tocan a un uruguayo le retiramos a Ence la bonificación de la zona franca y hasta el permiso de instalar su fábrica. Ese sería un acto de verdadero apoyo. www.ecoportal.net
Guayubira
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Y AHORA QUÉ?, por Benjamin Bof (29/07/2008)
MONTEVIDEO (De nuestro corresponsal).- Con mucha confianza en un resultado favorable en el litigio que mantiene con la Argentina por la fábrica de celulosa de Botnia, el gobierno uruguayo presentó ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya un extenso informe correspondiente a la dúplica del prolongado expediente. Allí se sostiene que Uruguay no violó tratados internacionales y que la polémica fábrica lleva abierta más de ocho meses y no ha contaminado. Mientras ese trámite se concretaba en La Haya, en la capital uruguaya se reunían anoche representantes de todos los grupos de la coalición oficialista Frente Amplio con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, para considerar los avances del proyecto de Portucel, para una tercera planta de celulosa, con una inversión que -de concretarse- será de US$ 3000 millones, el doble de la hecha por la compañía de Finlandia. El gobierno de Tabaré Vázquez hizo una fuerte defensa de la fábrica de Botnia con el argumento de que había tecnología adecuada y controles necesarios para no generar contaminación preocupante. Y asumió la defensa de este proyecto privado por considerarlo la inversión privada más grande de la historia de este país, positiva para la economía nacional. El ex canciller Héctor Gros Espiell presentó, en su carácter de agente de Uruguay en este diferendo, la dúplica en relación con el último escrito de la administración de Kirchner. "Uruguay ratifica su posición de que no hubo violación del Tratado del Río Uruguay de 1975, y que, además, la planta de Botnia no contamina", dijo Gros. en La Nacion 29 de julio de 2008