Alguien podrá afirmar, con su parte de razón, que una hectárea de campo de golf deja más beneficios que una de cultivo. El problema está en quién percibe esos beneficios en cada caso; quién es el propietario de un campo de golf y quiénes los son de las tierras de labor.

Hace diez años que se puso en marcha en Castilla-La Mancha el denominado Plan de Rentas, por el cual los agricultores han venido percibiendo ayudas económicas como compensación a la pérdida de ingresos que ha supuesto el menor gasto de agua en sus regadíos. Se trata de dismi-nuir los niveles de extracción de unos acuíferos sobre-explotados por el desarrollo de un modelo agrario insostenible debido a su enorme extensión y al tipo de cultivos de alto consumo hídrico que en los años anteriores se habían venido implantando. El objetivo de este Plan es doble. Por un lado, evitar la destrucción de las valiosísimas zonas húmedas manchegas, que el descenso de los niveles freáticos de los acuíferos estaba ocasionando. Por otro, evitar igualmente el previsi-ble hundimiento del sector agrario que ya se estaba viendo venir, toda vez que el citado descen-so de los niveles comenzaba a dejar en seco muchas explotaciones y a otras las hacía inviables por falta de rentabilidad.
Durante todo este tiempo, el Plan ha distribuido en torno a 200 millones euros (más de 30.000 millones de pesetas) entre los regantes de nuestra región. Esto ha supuesto un importante es-fuerzo por parte de todos; de los agricultores (pequeños y medianos, pues los grandes terrate-nientes han sido los grandes beneficiados, como siempre) que se han visto obligados a remode-lar sus instalaciones y a reconvertir sus cultivos para ajustarse a las exigencias de la nueva situa-ción; de los trabajadores agrícolas, que ante la disminución de la demanda de mano de obra se han visto obligados a emigrar a las grandes ciudades en busca de trabajo para poder vivir; del conjunto de los ciudadanos, de cuyos impuestos salen los fondos con que se pagan las subven-ciones.
Pese a los aspectos criticables y claramente mejorables del Plan, pese al grado de fraude que pueda existir, lo cierto es que éste ha supuesto un esfuerzo colectivo en la línea del ahorro y de la optimización del gasto nunca antes desarrollado en el campo manchego.
Sin embargo, ahora todo este esfuerzo puede resultar inútil ante la oleada de campos de golf y complejos turísticos que intentan instalarse en la región, en buena medida al amparo de la cele-bración del Centenario del Quijote en 2005.
El Reino de don Quijote, junto a Ciudad Real, es buen ejemplo de ello. Bajo este engañoso nombre se tiene prevista la construcción de cinco campos, lo que unido a la enorme urbaniza-ción y a los lagos artificiales que contempla el proyecto, duplicará, en opinión de los promoto-res, el consumo de agua de la capital manchega. Por su parte, el alcalde de Manzanares (Ciudad Real) anunció recientemente, como todo un logro de su gestión, la construcción de otro campo de golf y de un "complejo turístico asistencial" (sic) con capacidad para 2.000 personas. Final-mente, el ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), ha iniciado un expediente de reclasificación de unas mil hectáreas de suelo rústico para reconvertirlas en urbanizables, de modo que puedan construirse allí dos campos de golf (además de un hotel de 200 camas, 300 viviendas de súper lujo, y otras instalaciones anexas), en una actuación que indudablemente supondrá la destrucción irreversible de la zona, así como un incremento desmesurado -y en la práctica incontrolable- del consumo de agua del embalse de Peñarroya, en el río Guadiana.
Todos estos proyectos y los que probablemente les seguirán se caracterizan fundamentalmente por dos cosas. Son iniciativas privadas promovidas por empresarios que lógicamente buscan obtener un beneficio rápido con independencia de las consecuencias que ello pueda traer consi-go para el futuro de la región y sus habitantes; y, sobre todo, son proyectos enormemente derro-chadores de agua.
De este modo, podemos llegar a la triste conclusión de que, del ingente esfuerzo para ahorrar agua realizado durante estos años por las familias agricultoras y la sociedad en general, se apro-vecharán ahora estos avispados empresarios con la colaboración impagable de las administra-ciones públicas.
Alguien podrá afirmar, sin duda con su parte de razón, que una hectárea de campo de golf deja más beneficios que una de cultivo. El problema está en quién percibe esos beneficios en un caso y quién lo hace en el otro; quién es el propietario de un campo de golf y quiénes los son de las tierras de labor. Los campos de golf, pese a las siempre desmedidas y poco demostrables pro-mesas de puestos de trabajo y desarrollo que los promotores hacen (aunque la proliferación de tantos proyectos similares en el mismo espacio reduce por fuerza la rentabilidad del negocio), sólo benefician a unos pocos, mientras que del sector agrario vive directa o indirectamente la inmensa mayoría de nuestra población.
Jamás un agricultor tendrá el capital necesario -miles de millones de pesetas- para transfor-mar su terreno en un complejo turístico. Es poco probable que un ayuntamiento reclasifique como urbanizables (y por tanto multiplique por ni se sabe el precio de sus tierras) las propieda-des de pequeños agricultores de su pueblo, para que luego éstos se las vendan al nuevo precio -y no al de suelo rústico- a los emprendedores y generosos promotores de campos de golf, sencillamente porque éstos se irían a otro sitio en busca de suelo más barato.
Cuando escasee aún más el agua, ¿qué harán los pequeños y medianos agricultores de nuestra tierra?, ¿trabajarán de caddies llevando los palos de golf y recogiendo las pelotas de la gente guapa de Madrid y otras ciudades europeas? ¿o se irán como ya hicieron muchos antes a la capi-tal a trabajar en la construcción?
Es cierto que el sector agrario manchego requiere una reconversión a fondo. Es cierto que tal y como está puede tener sus días contados. Deberá reducir su tamaño. Deberá cambiar cantidad por calidad, e intentar que el valor añadido de nuestros productos no se lo lleven intermediarios de fuera de la región como todavía hoy sucede. Algo se está haciendo ya en este sentido: deno-minaciones de origen, cooperativas de comercialización, implantación de nuevos cultivos más rentables... Mucho tienen que hacer todavía las administraciones públicas en esta dirección an-tes que apoyar proyectos megalómanos, ambiental y socialmente insostenibles. Y, por encima de todo, algo primordial: para que todo ello sea posible, para que esta región tenga la oportuni-dad que se merece, hay que salvaguardar el más valioso recurso natural de que aún disponemos, el agua; un bien tan escaso como indispensable para el desarrollo futuro de nuestra tierra; un desarrollo sostenible porque sea perdurable en el tiempo y porque sea socialmente justo y equi-tativo, beneficiando al conjunto de la sociedad y no tan sólo a unos pocos.-EcoPortal.net

Enviado por
Pedro Padilla Zagalaz
Ecologistas en Acción-Ciudad Real