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Por Alejo Girón y Carlos Beas Torres Hasta ahora el megaproyecto eólico del Istmo mexicano sólo ha beneficiado a las trasnacionales europeas y a políticos y funcionarios mexicanos de diferentes niveles; mientras que para los campesinos este proyecto ha significado pérdida de empleos rurales, disminución de la capacidad de producir alimentos, despojo de tierras, daños ambientales, conflictos internos y violación generalizada a sus derechos. Sin embargo lo que se vive en el Istmo mexicano no es un hecho aislado; en toda la región mesoamericana han avanzado los procesos de privatización de los servicios públicos y en particular del sector eléctrico. El principio. Desde hace más de 30 años algunos investigadores ya habían advertido el gran potencial eólico del Istmo mexicano. Los vientos del norte en otoño-invierno y los del sur en primavera, con rachas sostenidas de más de 80 kilómetros por hora y durante un promedio de 240 días al año hacían de la región del Istmo de Tehuantepec un escenario propicio para la generación de energía eléctrica con el uso del viento. A principios de los 90s del siglo pasado, de pronto aparecieron personajes extraños en los pueblos de La Venta y La Ventosa, próximos a la ciudad zapoteca de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Eran agentes inmobiliarios que apartaban tierras de los campesinos e indígenas para un misterioso proyecto. Para la gente del lugar resultaba sumamente extraño que “gentes venidas de México den 50 o 100 pesos al año para rentar las tierras y no hacer nada en ellas”. A la par, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó estudios técnicos y negoció una franja del terreno en el ejido La Venta, ubicado a un costado de la carretera que comunica al centro del país con el estado sureño de Chiapas. En 1994 se construyeron los siete primeros aerogeneradores; estos ventiladores, como los llamaron los campesinos del lugar, se convirtieron en el Proyecto Piloto La Venta I. En 1999 los ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Como resultado de esta protesta, en el 2001 el gobierno ordenó la aprehensión de 12 campesinos y encarceló al representante ejidal Arturo Hernández. En marzo de 2001, en El Salvador, el entonces presidente Vicente Fox anunció el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP), un gigantesco megaproyecto orientado a construir y modernizar infraestructura energética y de comunicaciones en el área mesoamericana. El gobierno mexicano fue el instrumento para impulsar entre los gobiernos de Centroamérica un plan que en el fondo buscaba proveer de energía y materias primas baratas a la economía de Estados Unidos y que respondía además plenamente a la lógica de seguridad nacional de ese país. Puertos, represas, aeropuertos, carreteras, nuevas refinerías, tendidos eléctricos y parques eólicos formaban parte del portafolio de proyectos del PPP a realizar en la región mesoamericana. Es por ello que a partir del año 2002 se intensifica en la región la presencia de los arrendadores y su campo de acción se extiende ahora por toda la parte oriental y central del Istmo de Tehuantepec. La destrucción de un ejido. En el 2002 la empresa Windrock International, realiza en la zona de La Venta nuevos estudios técnicos y, ante la resistencia de los campesinos para arrendar sus terrenos, el gobierno estatal criminaliza al representante ejidal Rafael Solórzano Ordaz, quien es acusado de falsos delitos, calumniado, encarcelado y destituido. El gobierno estatal entonces impone nuevos representantes ejidales, quienes con engaños y amenazas tratan de arrendar un polígono de dos mil 80 hectáreas para la edificación de un nuevo parque eólico. El evidente interés gubernamental existente detrás de este proyecto, explica el acelerado ritmo de ejecución y la presión ejercida contra los campesinos. Es grande el impulso que dan a este proyecto Felipe Calderón, quien era entonces secretario de Energía, y el entonces diputado Juan Camilo Mouriño, quien fungía como presidente de la Comisión de Energía de la legislatura federal. Ambos tenían fuertes nexos con las compañías eléctricas españolas y más Mouriño, quien era socio de la empresa GES, sumamente involucrada en estos proyectos. Además de la represión directa, el gobierno impuso en el ejido La Venta el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), un programa de supuesta regularización agraria, que ha sido el medio para la privatización de las tierras ejidales y la destrucción de la asamblea de ejidatarios como eje organizador del núcleo agrario. A pesar de ello, y gracias a la resistencia campesina, el proyecto se reduce primero a mil 310 hectáreas y al final de cuentas a un polígono de 850 hectáreas, menos de la mitad de las dos mil 80 originalmente proyectadas. La construcción del Parque La Venta II consistente en 98 aerogeneradores, con una capacidad para generar 93.3 megavatios, inició a fines del 2005 con una inversión cercana a los 110 millones de dólares. La obra fue asignada a las corporaciones españolas Gamesa Eólica e Iberdrola. De esta última es sabido que varios de sus principales accionistas tienen vínculos muy estrechos con el Partido Popular de España, aliado al gobernante PAN, al que pertenecen Mouriño y Calderón. En la ejecución de este proyecto se incurrió en numerosas irregularidades, ya que los campesinos no fueron informados de los alcances y restricciones de los contratos de arrendamiento, los cuales tienen una vigencia de 30 años, y ni siquiera recibieron copia. El mismo proyecto fue una verdadera imposición a pesar de que algunos empleados del Banco Mundial hicieron un simulacro de consulta. En La Venta ocurrió un verdadero despojo de tierras maquillado de legalidad. Otra de las irregularidades más evidentes es un truculento estudio de impacto ambiental, aprobado por el gobierno mexicano que oculta que la zona de edificación del parque es una de las rutas de aves migratorias más importantes del mundo, ya que los especialistas estiman que en las noches de otoño y a principios del invierno, cruzan esa región más de 800 mil aves al día. La construcción de este parque trajo graves impactos en la vida del ejido La Venta, pues se generó un profundo divisionismo y conflictos internos, mismos que provocaron el desgarramiento del tejido social. El despojo alcanzó incluso tierras de uso común, mismas que fueron cedidas de manera fraudulenta; por las tierras arrendadas se pagaron bajos precios y las obras realizadas perjudicaron los terrenos de cultivo ubicados dentro del polígono. En marzo de 2007, pocos días antes de que el ya presidente Felipe Calderón inaugurara el Parque La Venta II, los gobiernos federal y el de Oaxaca dieron un nuevo golpe represivo contra los campesinos de La Venta, quienes en septiembre de 2006 habían recuperado tierras de uso común que les habían sido arrebatadas de manera ilegal por la CFE. Sin aviso previo, a principios de marzo de 2007 fueron brutalmente desalojados por 350 policías federales; 73 de los campesinos fueron demandados penalmente, acusados de los delitos federales de obstrucción de obra pública y daños por un monto de 19 millones de pesos. Los dueños de la tierra además de ser despojados fueron convertidos en criminales. Despojados, enfrentados y perseguidos terminaron siendo los campesinos de La Venta por un proyecto de “energía limpia” ejecutado de “manera sucia”. Un nuevo despojo. Apenas había sido inaugurado el Parque La Venta II, por cierto en medio de un gigantesco operativo policiaco-militar, cuando ya operadores de la empresa Maderas y Granos de la Laguna, propiedad de políticos panistas ligados a Vicente Fox, recorrían de nuevo los terrenos de la zona de riego del ejido La Venta con el fin de negociar tierras para un nuevo y gigantesco proyecto. En La Venta, en terrenos de gran valor económico, por existir ahí una zona de riego, la empresa Acciona inició en 2008 –con una inversión superior a los 550 millones de dólares y en unas dos mil 250 hectáreas– la construcción del que, dicen, será el parque eolo-eléctrico más grande de América Latina: El Parque Eurus; en la construcción de este Parque han tenido lugar numerosos problemas, derivados del despojo de tierras, daños a las parcelas y abusos cometidos contra los trabajadores. De nueva cuenta, los operadores inmobiliarios hicieron ofrecimientos extraordinarios y sin dejar copia de los contratos a los campesinos. Con engaños, presiones y amenazas contrataron las tierras por seis mil pesos al año (unos 480 dólares). En algunos casos se apoderaron de predios sin haberlos contratado y destruyeron palmares y arbolado nativo, ante la mirada pasiva de las autoridades ambientales mexicanas. La construcción del parque Eurus ha enfrentado numerosos retrasos, unas veces ocasionados por protestas de los trabajadores, que se quejan de las pésimas condiciones y la ausencia de las prestaciones que marca la ley laboral mexicana, y otras veces por la resistencia de los campesinos. Pero el caso del ejido La Venta no es aislado; en los vecinos ejidos La Ventosa, Unión Hidalgo e Ingenio Santo Domingo, las empresas se han apoderado ya de más de dos mil 500 hectáreas. Para principios de 2009 los analistas consideran que más de 15 mil hectáreas ejidales y comunales han sido privatizadas bajo esquemas de arrendamiento, dando vida a un verdadero despojo y a una gigantesca contrarreforma agraria en el Istmo de Tehuantepec. Hasta ahora el megaproyecto eólico del Istmo mexicano sólo ha beneficiado a las trasnacionales europeas y a políticos y funcionarios mexicanos de diferentes niveles; mientras que para los campesinos este proyecto ha significado pérdida de empleos rurales, disminución de la capacidad de producir alimentos, despojo de tierras, daños ambientales, conflictos internos y violación generalizada a sus derechos. El final. En el Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a pasos acelerados un megaproyecto de “energía limpia y renovable” que ha significado un pingüe negocio para empresas eléctricas españolas y funcionarios gubernamentales mexicanos y que a la vez ha representado graves impactos socio-ambientales para las comunidades indígenas de la región. Sin embargo lo que se vive en el Istmo mexicano no es un hecho aislado; en toda la región mesoamericana han avanzado los procesos de privatización de los servicios públicos y en particular del sector eléctrico, lo cual ha significado un mal servicio y altas tarifas, pero también ha significado la imposición de parques eólicos, represas y tendidos eléctricos. Esta expansión acelerada, esta nueva invasión se ha dado en el marco del PPP, ahora llamado Proyecto Mesoamericano de Integración y Desarrollo. La lucha de los pueblos mesoamericanos no es sólo ahora en contra de los despojos de territorio y graves daños ambientales que dejan los megaproyectos; también es en contra de la privatización de los servicios públicos y la criminalización gubernamental de los movimientos ciudadanos. Mesoamérica sufre una “nueva invasión” al cumplirse 200 años de su Independencia. www.ecoportal.net Alejo Girón y Carlos Beas Torres - Grupo Solidario La Venta, UCIZONI, MAIZ-Oaxaca - La jornada del campo numero 31

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La contrareforma agraria. Proyecto eoloeléctrico del Istmo y la destrucción del ejido

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Daniel T Cross