La garantía de un equilibrio del medio ambiente en materia de recursos y de la actividad económica son objetivos fundamentales del Desarrollo Sostenible que tiene en la rigidez en la aplicación de las normas y la transformación de los modelos de desarrollo dos de los obstáculos que impiden que se cumplan ambos objetivos.
El Derecho Ambiental es una nueva disciplina, nacida décadas atrás cuando comenzaron a advertirse las primeras alertas ecológicas. Se inscribe dentro de la órbita de los llamados “derechos de tercera generación” que, junto a otros, emerge como consecuencia del desarrollo desmedido de la sociedad industrial y tecnológica. Tiene una simbiosis marcada con el derecho al desarrollo y a la salud, y además se planta como conciliador de intereses contrapuestos que se disputan sobre un mismo bien ambiental.
Parecería que es una quimera, un sueño inalcanzable, la posibilidad de que todos los países se pongan de acuerdo para reducir el calentamiento global, así lo demuestran las negociaciones a paso lento de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas. Frente a este hecho frustrante, una nueva actitud y acción de nosotros, los ciudadanos globales, es crucial.
La política ambiental se entiende como el conjunto de reglas establecidas para dirimir los conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, en relación con el uso, conservación y restauración del ambiente. Es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad particular. La actuación pública es imprescindible para regular y controlar el uso de los recursos naturales y las funciones ambientales, con el fin de evitar la sobreexplotación o ineficiente utilización de los activos ambientales y alcanzar la sostenibilidad ambiental.