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Por Eduardo Paz Rada En el debate actual en Bolivia y en América Latina se ha posicionado intencionadamente el dilema entre ambientalismo versus extractivismo, orientado especialmente a valorar y criticar los procesos políticos y económicos de algunos países, en particular los casos de Perú, Bolivia y Ecuador, dejando de lado otras contradicciones que son fundamentales en relación a las condiciones históricas y sociales de nuestros países y a los desafíos para enfrentar los graves problemas de atraso, dependencia y pobreza. Estos problemas no son solamente del presente, sino que provienen de causas que se han establecido estructuralmente tanto por la opresión colonial e imperialista más que centenaria, como por las relaciones internas marcadas por grandes desigualdades sociales y económicas. Los pueblos y países oprimidos, como los de nuestra región, han sido y son víctimas del capitalismo internacional que ha impuesto una división internacional del trabajo en la que las potencias consiguen grandes riquezas y recursos a costa de la pobreza, expoliación y marginalidad de millones de seres humanos, en el contexto de la relación centro-periferia del sistema mundo. Por eso, en el fondo de la confrontación entre la defensa medioambiental y la economía de explotación primaria de recursos naturales se encuentra la misma pista: es decir ambos polos son parte de la estrategia imperialista de controlar los medios de vida más importantes del planeta. La defensa medioambiental, en los términos del interés de las potencias industriales, significa impedir el uso interno endógeno de esos recursos para impulsar procesos de desarrollo e industrialización independiente en las semicolonias y países del Tercer Mundo e inclusive impulsar la creación de “reservas naturales de la humanidad”, como es el caso de la región amazónica, rechazadas por Brasil y otros países de la región. Por otra parte, la postura de economía extractivista de materias primarias en el viejo modelo primario-exportador es también parte de las políticas transnacionales para mantener su hegemonía y control sobre los recursos estratégicos frente a intentos de desarrollar políticas independientes y de potenciamiento interno hacia la integración regional. La alianza entre las transnacionales con las oligarquías y burguesías dependientes ha generado un patrón de dominación política que, en algunos casos, está siendo cuestionado por las fuerzas populares emergentes bajo una bandera del nacionalismo defensivo con proyecciones de fortalecer la economía estatal y social que permite una mejor redistribución de las riquezas y los excedentes. El mayor temor de las transnacionales y de las potencias capitalistas es que en nuestros países se consigan mayores márgenes de independencia economía, soberanía política y participación de las masas, junto al avance de procesos de integración y complementación regional que conviertan nuestra región en un espacio geográfico, geopolítico y económico con poder propio y autosuficiencia ante los desafíos que se presentan en el mapa internacional. El uso interno de los recursos naturales en procesos de industrialización avanzada, la incorporación de valor agregado, el incremento de posibilidades de trabajo, la complementación económica y comercial entre los países vecinos y la capacidad de enfrentar la crisis capitalista europea y norteamericana pasan por emprender a profundidad los procesos integracionistas que se perfilan. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que impulsan la integración política, militar, energética, bancario-financiera, comercial, cultural y social son expresiones valiosas en la perspectiva de conseguir la unidad de la Patria Grande. Las mayores expectativas desde inicios del siglo se produjeron en los casos de Venezuela con Chávez, Bolivia con Morales, Ecuador con Correa y Brasil con Lula, sin embargo los pasos se fueron desviando peligrosamente en distintos caminos. Las iniciativas de Chávez no tuvieron la repercusión y el acompañamiento de los otros líderes y tampoco sus funcionarios fueron eficientes en la perspectiva trazada; Brasil emprendió una estrategia aislacionista o, en su caso, avanzó en relaciones de dominación política y económica hacia los otros países de la región y Correa y Morales tuvieron que negociar y aceptar imposiciones en distintos campos. En el caso boliviano el problema es mayor porque el gobierno Evo Morales no solamente cedió ante las transnacionales petroleras, mineras y financieras, sino que ha impulsado la aprobación de una Constitución y políticas que tienden a impulsar la división geográfica, la fragmentación nacional y la aparición de innumerables conflictos entre comunidades, regiones, departamentos, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones sobre la base del reconocimiento de inexistentes 36 naciones y de un estado plurinacional que genera expectativas de autodeterminación y derechos por encima de la unidad del país. De esta manera, con la división interna, se hace imposible pensar en aportar efectivamente en procesos de unidad e integración regional, sudamericana y latinoamericana y, por el contrario, se abren opciones de maniobra para quienes, desde el extractivismo o desde el medioambientalismo, pretender hacer abortar definitivamente los procesos de avance social y económico que se consiguieron en la última década. El contexto mundial en esta hora clave de la historia de los pueblos, por la crisis del capitalismo central y la ausencia de alternativas dentro del mismo, abre posibilidades para una propuesta democrática más intensa y comprometida con el desarrollo integral de los sectores y clases populares, hacia la integración basada en la liberación nacional y la construcción de un socialismo nacional latinoamericano. www.ecoportal.net Eduardo Paz Rada , sociólogo, académico de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia ALAI http://alainet.org