La ecología política basa su teoría y praxis en la reflexión y acción en la lucha contra la llamada “crisis ecológica” y en la propuesta de nuevos modelos de producción y consumo compatibles con los límites ecológicos del Planeta y la justicia y ética socio-ambiental. Pero ¿qué llamamos exactamente crisis ecológica? ¿En qué fenómenos concretos se manifiesta y qué relaciones guarda con el sistema socio-económico actual?
La Renta Básica de Ciudadanía –es decir, un ingreso desconectado del trabajo, universal, incondicional y que cubre las necesidades básicas– es una apuesta clave ante el tambaleo de un sistema económico injusto e insostenible. De hecho, si entendemos la actual crisis como una oportunidad para dar un giro copernicano a nuestro modelo de desarrollo, la renta básica permite reorientar la economía sobre bases más sostenibles y humanas. Al reconocer el trabajo no remunerado y efectuar una redistribución de la riqueza priorizando actividades ecológicas, sociales, de la economía social y solidaria, etc., esta renta plantea de forma directa e indirecta una reorientación socioeconómica. A través de ella, se deja un sitio cada vez mayor a una producción no mercantil, social y ecológicamente útil, cooperativa, autónoma, es decir, a una economía plural a escala humana y respetuosa de la biósfera.
La ecología política —y principalmente a partir de los años sesenta— introduce ante la finitud del planeta el concepto de supervivencia humana y cuestiona directamente el sentido de las sociedades industriales modernas y de la cultura occidental desarrollista: ¿cómo? ¿para qué?, ¿por qué estamos produciendo? Evidentemente este antiproductivismo es un cuestionamiento a las teorías (neo)clásicas dominantes y un ataque estructural al sistema capitalista basado en la acumulación, el fetichismo de las mercancías y la explotación del trabajo asalariado.