Iniciativas de la sociedad civil e incluso de poderes del estado, tanto de Uruguay como de Argentina, para acceder a informaciones sobre la calidad de las aguas del Río Uruguay, en particular sobre el desempeño ambiental de la planta de celulosa de UPM, se enfrentan a una muralla infranqueable cuyo baluarte es la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) donde las diferencias entre ambos gobiernos justifican los ocultamientos.
El caso del Dibromo Cloropropano (DBCP) es un ejemplo –un triste, a la vez que nítido, ejemplo– del poco valor que adquiere la salud pública cuando los intereses económicos aparecen en escena. Este menosprecio por la vida se incrementa en los países empobrecidos, a la vez que se ignora y se frena cualquier intento de la justicia por indemnizar el daño causado. Pocos casos reúnen tantas pruebas, documentación y testimonios como el que a continuación se relata.
El informe final de la CMR, presenta amplia evidencia de que las represas grandes no han logrado producir la electricidad ofrecida, suministrar el agua requerida ni prevenir los perjuicios por inundaciones en la medida predicha por sus promotores. Además, estas obras típicamente superan sus presupuestos de costos y de tiempo de construcción. Ademas producen graves daños ambientales y los daños ambientales se traducen en un impacto grave y repetido a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas.