El impacto económico local de la minería en Estados Unidos, Canadá y Australia usualmente no fue positivo, ocasionó pobreza persistente o produjo pueblos fantasmas. Las inversiones mineras en los países en desarrollo pueden aumentar el conflicto social, expandir la corrupción gubernamental y empresarial y desplazar la inversión en el capital humano.
En los últimos años, gracias a la constante prédica y al esfuerzo de algunos ambientalistas para que la población que habita las regiones cercanas a las minas tome conciencia de lo que puede esperarles, mucha gente comenzó a autoconvocarse y a realizar asambleas en diversas zonas. Esa reacción fue extendiéndose hacia otras provincias.
La legislación minera actual, no garantiza una adecuada participación en la elaboración de los estudios ambientales ni en su evaluación. Los pobladores locales se sienten espectadores del proceso y no actores. Lo mismo ocurre en relación a las posibilidades de seguimiento y vigilancia de la actividad minera.
En el altiplano de San Marcos, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, está el infame proyecto Marlin, una mina de oro que desde finales del año pasado ya está siendo explotada por la empresa Montana Exploradora S.A., una subsidiaria de la transnacional canadiense-estadounidense Glamis Gold Ltd.
La historia de este modelo de minería revela daños incalculables, desde lesiones temporales en las zonas donde se lleva a cabo, hasta pérdidas irreparables en economías regionales, vidas humanas y ecosistemas destruidos, con toda su cadena trófica alterada, cuando no eliminada.
La corporación minera canadiense Barrick Gold, no es un santuario de capital sudado, ni goza de una imagen ejemplar en el mercado mundial. Nace por gestiones inescrupulosas del narcotraficante Peter Munk, antes asociado al magnate Adnan Khashoggi, traficante de armas de origen árabe Saudita.