El colectivo de activistas medioambientales Ecologistas en Acción presentó un informe en el que denuncia que España solo ha implementado una de las 37 acciones que la Unión Europea (UE) recomienda para salvaguardar la biodiversidad.
La COP10 llevó a la práctica la vieja estrategia diseñada por las IFIs, haciendo realidad los sueños más delirantes de transnacionales, banqueros y fondos de inversión. Con la lógica de que “sólo se conserva lo que cuesta”, la Conferencia de Nagoya llamó a “intensificar” la valoración económica de todos los bienes naturales, incluida la propia vida, como una nueva clase de “activos” financieros con valor monetario. De esta forma, la COP10 trastocó la “gestión de los ambientes naturales” en un “negocio”, e institucionalizó la mercantilización de todos los recursos de la naturaleza, incluidos los genes, los microorganismos, los “servicios ecosistémicos” (desde la polinización hasta la filtración del agua) y los conocimientos ancestrales de poblaciones indígenas de América del Sur.