El mercado de carbono avalado por Kioto, permitió la entrega a los países contaminadores una serie de permisos o derechos de emisión, que serían equivalentes a sus niveles de emisiones en 1990 menos -o más- su compromiso de reducción de emisiones. Es decir que los países industrializados se verán recompensados por sus emisiones y peor aún, podrán aumentarlas.
Hace poco las Naciones Unidas reconoció al cambio climático como un asunto de trascendencia con respecto a los derechos humanos. Esto muestra una vez más la importancia que este tema ha alcanzado en las esferas internacionales. Sin embargo, del discurso a los hechos hay un gran trecho, puesto que una cosa son las declaraciones oficiales y otras son las soluciones que se presentan frente a los desastres climáticos.
El cambio climático dejó de ser un augurio, una exageración o una amenaza. Así lo demuestran los tornados, los huracanes, las inundaciones o el derretimiento de los polos. Existen todo tipo de evidencias sobre sus consecuencias y la certeza de que las acciones para resolverlo son impostergables. El cambio climático dejó de ser un problema de científicos para pasar enteramente a la escena política y, por supuesto, económica.
La principal herramienta de control de las riquezas naturales desde los intereses transnacionales es la privatización. Esta privatización se ha convertido en la acción más perversa del momento en contra de los intereses ambientales, de los intereses comunitarios y por lo tanto de los intereses económicos del país.
El siglo XX fue el siglo del envenenamiento y de la muerte masiva de la gente y de la vida del planeta. Este envenenamiento es el producto no sólo de los desechos producidos durante la extracción de crudo, sus derrames por tierra y mar y su acidificación de las lluvias.
