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Por Javier Rodríguez Pardo A fines del mes de noviembre se realizó en Quito la Conferencia de Comunidades, Minería y Desarrollo con participación de académicos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Ecuador. Se analizó el modelo extractivo actual, la política petrolera y los conflictos mineros, su dinámica, actores y participación de las comunidades. En Quito participamos de la Conferencia de Comunidades, Minería y Desarrollo los días 21 y 22 de noviembre del corriente, organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO sede Ecuador; el Centro para Investigación sobre América Latina y el Caribe (CERLAC), Universidad de York, Canadá; la Plataforma de Acuerdos Socio Ambientales (PLASA) y Rainforest Concern. Los objetivos fueron “examinar las nuevas tendencias de la economía política en el campo minero y sus repercusiones para los modelos de desarrollo a nivel global y local; generar conocimientos sobre la dinámica de los conflictos ambientales y sociales a partir de un diálogo e intercambio entre comunidades y universidades; realizar un análisis comparativo de los conflictos ambientales en Ecuador y otros países de América Latina; y debatir los posibles escenarios de la actividad minera a nivel nacional y local y las alternativas de desarrollo para las comunidades y gobiernos locales”. Con nosotros, expusieron distintos académicos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Ecuador, sobre el modelo extractivo actual, la política petrolera y los conflictos mineros, su dinámica, actores y participación de las comunidades. Mi ponencia se centró en un recurrente trabajo denominado “Las invasiones mineras quinientos años después,” que precedió a una minuciosa descripción de la cuestión minera y resistencia de las comunidades en América Latina, donde César Padilla, del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) habló sobre la minería en Chile; Marco Arana (CONACAMI) hizo lo propio con Perú, y a mi me tocó el caso argentino. Tal como ocurriera en Ibarra días antes, este nuevo encuentro en Quito atrajo la atención de numerosas organizaciones de campesinos, pueblos indígenas y afroecuatorianos como la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, la Coordinadora Zonal de Intag, la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas, la Federación de Comunidades Chachi de Ecuador, el pueblo Épera, las juntas parroquiales del noroccidente de Pichincha, el municipio de Cotacachi, militantes de Conservación y Defensa Ecológica de Intag, y el Foro de Recursos Hídricos de Imbabura, entre otras. Dos relatos causaron fuerte impacto: los de Marcia Ramírez y Luis Zorrilla, de Intag, y el que cuenta la lucha por impedir la construcción del oleoducto transamazónico que tan bellamente recoge el documental premiado Oleoducto, Contaminación y Pobreza (OCP). La resistencia de la minería en Intag tiene hasta ahora un final feliz para el pueblo de Junín y de Cotacachi, no así la trágica lucha contra las transnacionales petroleras, incapaz de frenar la destrucción de bosques nativos de la Amazonía ecuatorial, los derrames contaminantes y el éxodo de pueblos originarios, a pesar de la denodada solidaridad de numerosos militantes internacionales. Los pobladores de Intag expulsaron a la minera Bishimetals que exploró la Cordillera de Toisán para hacerse titular de “pequeños” yacimientos en Junín, población de 260 habitantes que movilizados con premura incendiaron uno de los campamentos mineros y lograron así detener el proyecto. En mayo de 1997 Bishimetals abandona Ecuador pero ingresa Ascendant Copper Corporation que inicia una campaña de división de las familias, soborna funcionarios, compra voluntades, trafica tierras y persigue dirigentes. En mayo de 2006, unos ochocientos hombres, mujeres y niños, se unen a los siete presidentes parroquiales, comunidades de Intag y organizaciones no gubernamentales, en una asamblea regional para adoptar medidas firmes en contra de ésta minería y expulsar a Ascendant Copper. La minera en cambio responde contratando mercenarios de una empresa de seguridad -Honor and Laurel- que no cuenta con permiso para operar en Ecuador y a partir de aquí se suceden los enfrentamientos a pesar de que el gobierno de la provincia de Imbabura se pronunciara en contra de las actividades de exploración o explotación de la transnacional canadiense. En octubre de 2006 Ascendant firma un acuerdo con Río Tinto Zinc y promueven acciones judiciales contra dirigentes de Intag que además son atacados por personal armado. El propio alcalde del cantón es atacado por activistas pro minería, mientras diecisiete demandas de la empresa actúan contra los pobladores que protegen sus derechos y sus tierras. Ascendant perdió en los tribunales pero reforzó las persecuciones de inteños comprometidos con la lucha, invadiendo viviendas y “plantando” pruebas contra sus ocupantes que no prosperaron, hasta que el gobierno de Ecuador a través del Ministerio de Energía y Minería le ordena el cese definitivo de su actividad extractiva, por violar la legislación minera. El mes pasado, oficiales del ministerio, acompañados por la policía, clausuran oficialmente las instalaciones de la corporación minera Ascendant Copper, que aún mantiene sus concesiones. Carlos Zorrilla, habitante de Intag y militante de la primera hora contra las mega mineras, advirtió que “el trabajo de la empresa ha sido detenido por el momento, pero Ascendant sigue presente en el Ecuador y Río Tinto Zinc es un poderoso hermano mayor interesado en que las extracciones poli metálicas continúen.” Durante las jornadas en Ibarra y Quito, los asambleístas propusieron todo tipo de acciones contra Ascendant, incluso enjuiciar a la Bolsa de Valores de Toronto para obligar a que la empresa pague por los daños ocasionados, ante la evidencia de haber contaminado acuíferos con plomo, cromo, cadmio y arsénico que impactaron en la piel y pulmones de numerosos niños que se bañan en el lugar. El agua, el bosque y la gente Ecuador posee un foro de recursos hídricos con un lema: “Todos por el agua, el agua para todos.” El Foro Nacional está organizado por diecisiete mesas de trabajo, regionales y provinciales, con más de mil cuatrocientos representantes de organizaciones populares campesinas, indígenas, afro ecuatorianas, universidades, etc. El foro de los recursos hídricos de Imbabura, por ejemplo, se compone de 250 entidades en su asamblea general. Cuarenta años de explotación petrolera y una deforestación feroz que amplía la frontera agropecuaria, destruye bosques y contamina aguas en el norte de la región amazónica. En Ecuador hay entre 10,9 y 11,4 millones de hectáreas de bosques naturales pero la deforestación anual supera las 198.000 hectáreas. El 61% de los bosques nativos pertenecen a la amazonía, el 22% a las sierras y el 17% al litoral. El 80% lo comparten pueblos indígenas como el awa, fecche y afros que ven mermar los bienes comunes de un ecosistema que les brinda el sustento. El daño debido al descontrol industrial es total: los manglares que abundan en la costa sucumben por la industria del camarón y esto se debe a irracionales explotaciones. Alguien dirá como siempre que no debe frenarse este tipo de economía; en Ecuador mandan las petroleras, madereras, camaroneras y la tradicional exportación de bananas, pero cuando los asambleístas de Intag rechazaron a la minera reafirmaron otras alternativas que le rinden mucho más a la región que las extractivas: las artesanías y el turismo, por ejemplo, pero sobre todo el café orgánico que se exporta a Japón y cuya demanda se halla en aumento. Muchísimas familias de colonos y campesinos son perjudicados en Ecuador especialmente las numerosas etnias que lo integran: kichwa, huaorani, tagaeri, achuar, shuar, cofán, siona y secoya. La violencia extractiva no tiene límites y bajo sus orugas mecánicas caen parques nacionales y reservas como la de Cuyabeno y su área de amortiguamiento, la reserva biológica de Limoncocha y los parques nacionales Llanganates y Yasuní, entre otros. Los derrames de petróleo en la amazonía ecuatorial son habituales pero para estos pueblos son tanto más intolerables los tres kilos de explosivos para cada una de las quinientas perforaciones buscando el oro negro en los alrededores de poblaciones indígenas, afectando las actividades de pesca y caza, contaminando ríos y arroyos y desplazando a las comunidades que molestan el paso de máquinas y ductos. La lucha de Intag le hizo frente a decenas de mercenarios contratados por Ascendant Copper Corporation y el resultado fue un triunfo popular ejemplar. Hoy Ecuador vive un momento histórico, la próxima Asamblea Nacional Constituyente y el advenimiento de una discusión política que habrá de modificar el cuadro imperante de contaminación, destrucción y saqueo. En el “Ecuador que queremos” los asambleístas fijaron un camino a seguir en la constituyente, que incluye dejar sin efecto las concesiones mineras desde diez años al presente, sin indemnizaciones; eliminar la legislación vigente que permite persecuciones y abusos porque “en Ecuador, cuando te opones a cuestiones estratégicas del Estado, te aplican una ley de terrorismo” –se apuraron a contarnos- y coinciden en que habrá que establecer un derecho supremo, el de “soberanía alimentaria, por encima de todas las leyes de Ecuador”. Nuestra presencia en ese país contribuyó a hermanar a los países australes con los del norte latinoamericano. El objetivo es articular entre todos acciones conjuntas porque Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina han comenzado a recorrer un único camino. Juntos, soñamos con la libertad de nuestros pueblos pero para conseguirla es necesario unir estrategias que expulsen al invasor del norte que depreda, despoja y somete con violencia imperial. www.ecoportal.net * Javier Rodríguez Pardo Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (RENACE) Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

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En Ecuador para las transnacionales del oro y del petróleo la solución son los mercenarios paramilitares

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Daniel T Cross