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Por Raúl Montenegro Como parte del acuerdo Australia podrá enviar sus residuos radiactivos a la Argentina para que sean acondicionados aquí y luego devueltos. Pese a los imprevisibles efectos de este contrato sus cláusulas siguen siendo secretas e INVAP se niega a divulgarlo. Por primera vez en la historia Argentina un gobierno democrático abre las puertas del país al ingreso de basura nuclear extranjera. La decisión no tiene precedentes. El 13 de julio de 2000 la empresa Argentina INVAP SE que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y al Gobierno de Río Negro firmó un contrato con ANSTO (Australian Nuclear Safety Organization) para la venta de un reactor nuclear de tecnología nacional. Como parte del acuerdo Australia podrá enviar sus residuos radiactivos a la Argentina para que sean acondicionados aquí y luego devueltos. Pese a los imprevisibles efectos de este contrato sus cláusulas siguen siendo secretas e INVAP se niega a divulgarlo. Lamentablemente otro acto público abriría aún más las puertas del país a la basura nuclear extranjera. El 8 de agosto de 2001 los Ministerios de Relaciones Exteriores de la Argentina y Australia firmaron en Canberra el "Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear" cuyos artículos, esta vez públicos, fortalecen el contrato INVAP/ANSTO y facilitan el movimiento de residuos radiactivos entre ambos países. EL OTRO REACTOR DE AUSTRALIA Conforme al contrato firmado el año pasado INVAP debe construir un reactor nuclear de investigación para que reemplace a la actual y ya antigua central de Lucas Heights, situada a 35 Km. de la ciudad de Sydney (Australia). En ese sitio opera desde 1960 el reactor nuclear HIFAR (High Flux Australian Reactor) que se construyó entre 1956 y 1958. Es uno de los 6 reactores tipo DIDO que se construyeron en el mundo durante la década de 1950. Tiene una potencia de 10 MW térmicos, la mitad de la que tendría el nuevo reactor de INVAP (20 MW térmicos). Originalmente una parte de la sociedad australiana y algunos de sus científicos más reconocidos promovieron el desarrollo local de armamento nuclear, pero a partir de 1953 la iniciativa perdió fuerza (12). Australia permitió sin embargo que otro país ensayara allí sus artefactos nucleares. Con total desprecio por las comunidades aborígenes y el ambiente Gran Bretaña hizo estallar en el desierto australiano de Maralinga 21 bombas atómicas (39). El combustible del actual reactor HIFAR es fabricado en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus elementos agotados son regresados paulatinamente a los países de origen para disposición final o reprocesamiento. Entre 1963 y 1996 ANSTO envió 264 elementos combustibles agotados a Gran Bretaña, y en 1998 unos 240 a los Estados Unidos. Queda sin embargo una importante cantidad en depósito (1400 elementos). ANSTO hizo un acuerdo con la empresa COGEMA de Francia para que reprocese aquellos elementos combustibles que no hayan sido fabricados en los Estados Unidos. Estos acuerdos desataron masivas protestas en Cherburgo, Francia (ver abajo). Cabe señalar que el reactor HIFAR fue acusado de producir severos impactos en el ambiente y la salud de la población local (40). El reactor de INVAP que lo reemplazaría tiene una potencia de 20 MW térmicos. Es del tipo "pileta abierta" (45). La obra civil tendría 12.000 metros cuadrados cubiertos y se construiría en 66 meses (35) (37). A diferencia del HIFAR sus elementos combustibles tendrían un menor enriquecimiento de uranio (20%, ver abajo). El HIFAR usa combustibles HEU, o con alto enriquecimiento de uranio, mientras que el nuevo reactor emplearía combustibles LEU, con baja concentración de uranio. INVAP proveería los dos núcleos iniciales de uranio-molibdeno (45) (46) pero esta tecnología no ha sido aún desarrollada por Argentina. Los elementos de uranio-molibdeno suelen tener entre 5 y 8 gramos de Uranio 235 por centímetro cúbico, mientras que los de uranio-siliciuro suelen contener 4,5 gramos por centímetro cúbico (6). Héctor Otheguy de INVAP considera que su desarrollo demandaría en nuestro país unos cinco años (45) (46). El contrato prevé que hasta tanto se desarrolle el combustible de uranio-molibdeno Argentina debería proveer núcleos provisorios de uranio-siliciuro. Esta tecnología tampoco tiene por el momento desarrollo comercial en Argentina. Aquí la CNEA solo ha efectuado pruebas con prototipos de uranio-siliciuro en el reactor RA-3 de Ezeiza (47). Si se decidiese proveer al reactor con este tipo de combustible sería necesario un acuerdo económico separado del contrato. Una vez "quemados" en Australia volverían a la Argentina para que se los acondicione, y luego serían devueltos. Según Frank Barnaby el nuevo reactor de Lucas Heights podría usar por año unos 40 elementos nuevos de uranio-siliciuro (6). Esto plantea una situación muy delicada en términos constitucionales, dado que actualmente todo el combustible agotado de uranio-siliciuro se considera residuo radiactivo pues no hay disponibles técnicas de reprocesamiento a nivel comercial ni lo estarán a corto plazo (6). Solo existen procesos experimentales desarrollados en los Estados Unidos (6) y Gran Bretaña (48). No se han testeado por otra parte métodos para la disposición final de estos combustibles en repositorios geológicos (6). En la actualidad y con las tecnologías disponibles cualquier combustible agotado de uranio-siliciuro debe ser considerado residuo radiactivo. INVAP firmó un contrato para traer eventualmente esos residuos a la Argentina, y que aquí se los acondicione (no reprocese, ver abajo). Es inaceptable que se haya firmado un contrato sobre la base de tecnologías de producción de combustibles, y de tratamiento de los elementos quemados, que todavía no tengan desarrollo en Argentina. El anuncio del contrato provocó masivas protestas en Sydney y otras ciudades australianas, donde crece el movimiento de ciudadanos y ONGs contra el nuevo reactor de Lucas Heights. Entre esas organizaciones figuran Australian Conservation Foundation (ACF), People Against A Nuclear Reactor (PNAR), Greenpeace Australia, FoE Sydney, Shuterland Shire Environment Centre (SSEC), Sydney People Against a New Nuclear Reactor (SPANNR) y muchos otros (38) (43) (44). EL SENADO AUSTRALIANO INVESTIGA UN CONTRATO EXTRAÑO La creciente oposición al nuevo reactor tuvo su epicentro en el propio Senado de Australia donde se creó una comisión investigadora (Select Commitee for an Inquiry into the Contract for a New Reactor at Lucas Heights) integrada por siete senadores y conducida por M. Forshaw. Allí FUNAM pudo instalar el debate sobre la ilegalidad del contrato de INVAP. La denuncia se presentó en forma escrita, como informe (8), y durante una audiencia pública "a distancia" (41). Los resultados de esta importante investigación, que dedicó uno de sus títulos a los "impedimentos constitucionales del contrato", se publicaron oficialmente en mayo de este año (12). Desde el comienzo mismo de la licitación INVAP sabía que cualquiera fuera su propuesta esta iba a colisionar forzosamente con la Constitución Nacional. Pero siguió adelante. En consecuencia el contrato que firmaron INVAP y ANSTO establece la posibilidad de que los residuos radiactivos del reactor nuclear de reemplazo (Lucas Heights 2) sean enviados a nuestro país para su "acondicionamiento" y luego devueltos a Australia. Lo real es que este compromiso de INVAP solo era conocido en Australia. Pero el secreto se rompió cuando FUNAM accedió a la nota que el Ministro Nick Minchin remitiera al senado de Australia el 29 de agosto de 2000 (2). Quedó claro que el contrato preveía el envío del combustible nuclear agotado del reactor a la Argentina. Esta posibilidad dependería de las negociaciones que mantuviera Australia con Francia, el país que ha estado reprocesando (no acondicionando) su combustible nuclear agotado. Todo ocurrió antes de que se iniciasen los Juegos Olímpicos de Sydney. Posteriormente, en el mes de octubre, Greenpeace obtuvo la confirmación oficial del ingreso de combustible agotado gracias a la nota que le remitiera Hector Otheguy de INVAP (18) (19). En Argentina esa cláusula que preveía el ingreso de basura nuclear solo se conoció cuando FUNAM y Greenpeace la difundieron públicamente el año pasado (3). El contrato, sin embargo, continúa siendo secreto. Detrás de esta cláusula existe un hecho muy grave. Los términos del llamado a licitación ("Principal's Project Requirements") indicaban claramente cuáles eran los requisitos en materia de combustible nuclear agotado para presentarse al concurso. La licitación de Australia establecía que el combustible agotado del reactor de experimentación que se construyese no podía ser dispuesto directamente en ese país, no podía ser reprocesado en Australia y no podía ser indefinidamente almacenado allí. Quien se presentara debía hacerse cargo del combustible para tratarlo y luego devolverlo a Australia bajo un formato que no violase sus leyes. Uno de estos formatos es el LLIL (Long Lived Intermediate Level Waste). INVAP, al decidir que se presentaba a la licitación, lo hizo sabiendo que su propuesta implicaba la entrada de basura nuclear a la Argentina, y que esta basura debía ser procesada aquí para que, ya estacionada y transformada en LLIL, pudiese ser devuelta a Australia. Habría por lo tanto una estadía temporaria del combustible nuclear agotado en la Argentina. Este es un punto muy delicado y hasta ahora secreto: ¿qué quiere decir temporario? Para que la basura nuclear australiana se transforme en LLIL se utilizarán procesos de fundición y dilución, seguido de vitrificado de los productos de fisión y de cementado de los metales, y tiempo. También hace falta tiempo de estacionamiento para que la radiactividad decaiga naturalmente. Con anterioridad a la firma de este contrato Australia estuvo enviando el combustible agotado de su vieja central de Lucas Heights 1 a Francia. Allí se lo reprocesa, mientras que en Argentina la CNEA lo "acondicionaría". Recordemos que en el reprocesado se extrae Uranio 235 y Plutonio, mientras que en el "acondicionamiento" no. En el "acondicionamiento" la totalidad de los productos radiactivos de fisión se vitrifican "en masa" previo estacionamiento de los elementos combustibles. En su contrato con la empresa COGEMA, Australia acordó un tiempo de permanencia de la basura nuclear en Francia de unos 10-15 años. ¿Cuántos años estará la basura nuclear australiana en Argentina?. ¿10 años, 15 años, 20 años?. ¿Esto es "temporario" para INVAP y la CNEA?. Algunos expertos indican que para reducir ese tiempo de permanencia, el país que recibe la basura puede optar por devolver sus propios residuos radiactivos ya viejos, "acondicionados", en una cantidad equivalente a la recibida. En ese caso la basura extranjera quedaría para siempre en el país con el que se contrató su tratamiento. ¿Podría ocurrir esto en la Argentina?. No lo sabemos. Existe además otra situación muy preocupante. En el Senado de Australia la Senadora Natasha Stott Despoja interrogó al Ministro de Industria, Ciencia y Recursos, Nick Minchin, un ferviente defensor del contrato con INVAP, sobre cuáles eran las previsiones del contrato para tratar el combustible agotado de la nueva central de Lucas Heights. El Ministro Nick Minchin respondió: "Yo dejé en claro que, hasta donde el gobierno es responsable, hay arreglos en marcha para asegurar que ese combustible pueda ser manejado por COGEMA o a través de nuestros muy precisos arreglos con INVAP. A través del encuentro que tuve recientemente con el Presidente en Buenos Aires, el gobierno argentino aseguró personalmente que el combustible puede ser tomado en Argentina y manejado con propiedad. Nosotros aseguramos que tenemos arreglos para el reprocesado en el lugar, ya sea por COGEMA o INVAP" (26). El Ministro australiano habla de "reprocesado", no de "acondicionamiento". ¿Qué dice el contrato? ¿Incluye algo sobre el posible reprocesado del combustible nuclear? Aunque el secreto del contrato nos impedía saberlo, la respuesta está en el acuerdo de cooperación nuclear que firmaron este año la Argentina y Australia (ver abajo). Sin embargo, tanto el gobierno de Australia como el de Argentina saben que la CNEA no tiene en este momento capacidad tecnológica de escala para abordar el tratamiento prometido. Ambos países se embarcaron en un acuerdo cuyo futuro no está asegurado. Asumiendo que el contrato prosiguiera pese a su ilegalidad ¿Cómo se transportarían los residuos?. Después de un viaje por mar desde Sydney (Australia) pasarían por el Cabo de Hornos y llegarían al puerto de Buenos Aires. Ya en tierra serían transportados por rutas y poblados pese a su tremenda peligrosidad. ¿En qué consisten? Australia nos enviaría combustible nuclear agotado. Son elementos con una mezcla de isótopos radiactivos de alta actividad que son peligrosos por más de 100.000 años, y de metales (las vainas que contenían el uranio enriquecido al 20%). Esa mezcla de radioisótopos, aunque no su cantidad, es similar a la que contenían las barras combustibles de Chernobyl antes del estallido e incendio. En realidad todas las barras de combustible nuclear agotado tienen numerosos productos de fisión y material fisible intacto en distintas proporciones. CNEA tendría a su cargo el "acondicionamiento" del peligroso material llegado desde Australia. Inicialmente habría un período de "espera" para que decaiga naturalmente la alta radiactividad. Después se separarían todos los productos de fisión del aluminio del combustible. La separación de los radioisótopos, que tienen Plutonio 239 y Uranio 235, se haría en "bloque". Luego se diluiría y vitrificaría el paquete de residuos radiactivos, e incluirían separadamente los metales en una matriz de cemento (4) (15). Ninguno de los dos puede ser utilizado en estas condiciones por un reactor nuclear. Su único destino posible es el enterramiento. Acondicionados en contenedores volverían a viajar por tierra hasta el puerto de Buenos Aires y luego se transportarían por barco a Sydney pasando por el Cabo de Hornos. Gracias a este contrato secreto el gobierno de Fernando de la Rúa hipotecó la seguridad de los argentinos a partir del año 2000. INVAP y CNEA podrían firmar contratos similares pero con otros países en el día de hoy, y aceptar que nos envíen sus residuos radiactivos a fin de año. Es cierto que las primeras remesas de basura nuclear australiana llegarían a partir del 2015. Pero con el contrato aprobado las puertas de Argentina quedan abiertas a los residuos radiactivos de cualquier país. FRANCIA RECHAZA LOS RESIDUOS NUCLEARES AUSTRALIANOS Volvamos ahora al año 2015. ¿De qué depende la decisión australiana de enviarnos su combustible nuclear agotado?. De nosotros mismos, obviamente, pero también de los acuerdos de Australia con la empresa COGEMA de Francia. El reciente escándalo de Cherburgo le mostró a Australia que el envío de combustible agotado a ese país puede interrumpirse en cualquier momento. Recordemos que gracias a las presentaciones que efectuó Greenpeace Francia ante el Tribunal de Gran Instancia de Cherburgo logró un interdicto que le impedía al barco descargar el combustible nuclear agotado de Lucas Heights (15 de marzo de 2001). Aunque el 3 de abril la Corte de Apelaciones de Caen revocó esa decisión, quedaron en evidencia fallas sustanciales en el contrato y los procedimientos franceses. Posteriormente Greenpeace Francia presentó un nuevo caso ante el Tribunal de Gran Instancia que permitiría mostrar cómo la empresa COGEMA, que iba a reprocesar el combustible nuclear agotado de Australia, no tenía la autorización del gobierno francés para hacerlo (12). Este no es el único puerto que podría cerrase a la basura nuclear australiana. Según Stewart Kemp "irónicamente el problema que ustedes enfrentan con ANSTO se debería en parte a la exitosa campaña en Escocia para impedir que el combustible agotado de Australia sea embarcado a Dounreay" (49). Estos problemas con los países receptores de combustible nuclear agotado hicieron que ANSTO volviera la mirada sobre Argentina y sobre su contrato con INVAP. Hasta es posible que hayan incidido en la selección de INVAP como proveedor (55). Nosotros seríamos una alternativa viable ante el cierre de las fronteras europeas al combustible nuclear de Australia. Es sugestivo que después del incidente de Cherburgo las Cancillerías de Australia y la Argentina aceleraran sus gestiones para firmar un Acuerdo Nuclear que reforzara el contrato (2001). EL CONTRATO VIOLA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ES ILEGAL. INVAP y CNEA aceptaron participar de un concurso internacional para la construcción de un reactor nuclear en Lucas Heights, Australia, sabiendo que las condiciones del pliego los obligaba a importar basura nuclear a la Argentina y violar por lo tanto la Constitución de 1994. El artículo 41 "in fine" establece: "Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos". INVAP lo ignoró y siguió adelante con el contrato. Previendo el rechazo que iba a desencadenar ese contrato le pidió a la Autoridad Regulatoria Nuclear que emitiera un dictamen sobre la importación de combustible nuclear agotado, y solicitó un dictamen al constitucionalista J.R. Vanossi (29) (46). La ARN respondió con la nota ARN 2875/99 firmada por la Lic. Sonia Fernández Moreno. Pese a la gravedad del tema y sus delicadas implicancias legales la Lic. Sonia Fernández Moreno solo redactó un informe mínimo e incompleto que no menciona el Artículo 41 "in fine" de la Constitución ni tampoco la Ley 25018. Su versión en inglés tiene apenas dos páginas (1). En cuanto al especialista consultado por INVAP, el Dr. J. R. Vanossi, este produjo una caprichosa y cuestionable interpretación del Artículo 41 en diciembre de 1999 (29) (46). Operaciones como la llevada adelante por INVAP también requiere autorización de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, pero ignoramos cuál ha sido su posición. El 7 de Junio se anunció que INVAP había ganado la licitación (20), y ese mismo día el presidente Fernando de la Rúa festejó públicamente el acuerdo. El contrato fue redactado en un marco de secreto y silencio, y se firmó en Australia el 13 de julio de 2000. Argentina quedó condenada desde ese momento a recibir la basura nuclear de Australia y muy posiblemente la de otros países. Veamos ahora lo que sucedió con posterioridad a la firma del contrato. Un mes después FUNAM difundió públicamente en Australia que INVAP había realizado pruebas ilegales de partes del reactor CAREM en Río Negro (20) (21). Tales ensayos habían sido descubiertos y luego denunciados por Greenpeace en 1997 (20). La noticia de FUNAM conmocionó a los medios australianos. Posteriormente, en el mes de octubre de 2000, FUNAM hizo público en Australia que el contrato violaba la Constitución (7) y lo denunció formalmente ante el Comité Investigador del Senado de Australia mediante dos informes (8). Ese mismo mes el Biólogo Raúl Montenegro compareció ante el Senado ratificando lo denunciado. Pero tanto el Embajador de Argentina en Australia, Néstor Stancanelli, como el Gerente General de INVAP, Héctor Otheguy, comparecieron ante la Comisión Investigadora para defender el contrato. Pese a las duras cartas documento con que INVAP trató de silenciar a FUNAM la denuncia quedó firme y hoy está contenida en el capítulo 9 del libro recientemente publicado por el Senado de Australia (12). INVAP había presionado a FUNAM para que aceptase una Mediación Privada en Buenos Aires. Pero la Fundación la rechazó y propuso en su lugar una Mediación Pública y abierta. Ante esta nueva posibilidad INVAP hizo marcha atrás (35). La denuncia pública de estas presiones motivó notas de solidaridad desde el Senado de Australia y ONGs de ese país (35). Pero en Argentina se seguía ignorando lo que había hecho INVAP con nuestra Constitución Nacional. El 10 de octubre del año pasado la ilegalidad del contrato fue difundida públicamente en Argentina desde FUNAM y desde Greenpeace (3). Pero INVAP, CNEA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el propio presidente Fernando de la Rúa prefirieron ignorar la evidencia. Para tranquilizar a sus pares australianos, que estaban preocupados por la denunciada ilegalidad del contrato (y lo sucedido en Cherburgo), Australia y Argentina comenzaron a bosquejar un convenio de cooperación nuclear que tuvo sus antecedentes más inmediatos en la visita que efectuara el Ministro Nick Minchin a la Argentina. A diferencia de otras visitas protocolares su estadía fue sugestivamente poco difundida. Pero la presión de los australianos también produjo otro compromiso del gobierno que se mantuvo en secreto. El Ministerio de Economía le envió a la Directora Ejecutiva de ANSTO, Helen Garnett, una carta cuyo contenido es inconcebible en tiempos de crisis económica. En esa carta, firmada por Miguel Ricardo Bein, el gobierno nacional "respalda" a INVAP y se compromete a facilitarle a INVAP "financiamiento relacionado con la ejecución de los trabajos para ANSTO" (Nota del Ministerio de Economía n° 275 del 1 de agosto de 2000) (23). Somos uno de los pocos países que vende barata su salud e incluso paga por ello (14). DE COMO LOS RESIDUOS NUCLEARES NO SON RESIDUOS NUCLEARES ¿Qué argumentan INVAP, CNEA y el resto del gobierno?. Que el combustible nuclear agotado que vendría de Australia no es basura nuclear. Aún hoy el gobierno nacional prefiere violar las leyes antes que rescindir un contrato cuya ejecución beneficiaría a INVAP por algo menos de 90 millones de dólares (ingreso bruto, sin descontar gastos), de un total de 180 millones (45). El resto quedaría para las dos empresas contratistas aliadas con INVAP (John Holland y Evans Deakin Industries Limited), y los restantes grupos consultores. Entre estos grupos se encuentran Connel Wagner, Cox Richardson, Currie and Brown, Bob Munn, Richard Heggie Associates Pty Ltd, Ralph M. Lee Instrumentation and Communications, Wormald Fire Systems y Southern Air Conditioning Pty Ltd (42). Recordemos que la CNEA fue presentada como subcontratista del proyecto. Al 31 de enero de 2001 ANSTO ya le había entregado a INVAP, como parte del contrato, 24,7 millones de dólares (australianos). Este monto se destinó al diseño de detalle de actividades, a la preparación de documentos para el "Análisis Preliminar de Seguridad", a la asistencia a las revisiones del diseño y a los costos operativos del proyecto de INVAP (50). Todos los argentinos de hoy y quienes nos sucedan deben saber porqué la operación fue y sigue siendo ilegal. Lo que vendría de Australia es combustible nuclear agotado, que como ya vimos, incluye materiales radiactivos de alta actividad. El artículo 3 de la Ley Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 25018 expresa: "A los efectos de la presente ley se entiende por residuo radiactivo todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por características radiológicas no pueden ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear". El combustible nuclear agotado de Australia no tiene previsto "usos inmediatos posteriores en la misma instalación", ya que tras su "acondicionamiento" en Argentina sería reenviado a ese país para enterramiento. Esto es muy importante. Tanto el vitrificado de los productos de fisión como el cementado de los metales invalida su uso posterior como combustible (15). Vuelven a Australia para que se los entierre. Recordemos que la licitación internacional aclaraba que el combustible agotado del futuro reactor de Lucas Heights no podía quedar almacenado directamente en Australia. Por ese motivo el contrato prevé que ANSTO enviaría dichos residuos a la Argentina, donde CNEA separaría los productos de fisión (en bloque) del metal de las vainas (previo estacionamiento, ver arriba). Mediante operaciones de fundido y dilución (el "melt and dilute" de los autores sajones) los residuos radiactivos asumirían el nuevo formato llamado LLIL. Esta basura radiactiva sí puede ingresar a Australia, que terminaría recibiendo casi lo mismo que envió solo que más diluido. Si se produjeran fugas y pérdidas durante el "acondicionamiento" algo de residuo radiactivo quedaría finalmente en nuestro país. Otro método de tratamiento que podría estar previsto en el contrato secreto es el reprocesamiento. Mediante este método se separa y extrae Uranio 235 y Plutonio 239 del combustible nuclear agotado para que puedan ser utilizados como combustible nuclear. El más generalizado es el MOX, Combustible Óxido Mixto, que contiene Plutonio y Uranio. Aunque se ignora su mención en el contrato, sí lo prevé y habilita el Convenio Nuclear firmado el 8 de agosto en Canberra (ver abajo). Sin embargo los combustibles agotados de uranio-siliciuro "no pueden ser reprocesados comercialmente" en la actualidad (6). Solo existen experiencias piloto. La UKAEA de Gran Bretaña procesó recientemente dos elementos combustibles agotados tipo LEU de uranio-siliciuro en su planta de Dounreay, Escocia (48). Aunque la industria nuclear de países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos está poniendo a punto técnicas de retratamiento para los combustibles agotados de reactores de investigación, su principal obstáculo es la oposición pública. De allí que amparados en el silencio tanto el contrato firmado por INVAP como el Acuerdo de Cooperación Nuclear anoten a la Argentina en esta competencia internacional por recibir basura radiactiva (ver abajo). Para los pocos que diseñaron esta temeraria estrategia su principal obstáculo, hoy, es la propia Constitución Nacional. Los argentinos deben saber que tanto por el Artículo 3 de la Ley 25018 como por las definiciones contenidas en la Convención del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1997 el combustible agotado que nos enviaría Australia es residuo radiactivo, y que también es residuo radiactivo lo que le devolveríamos (13). Idéntica postura sostienen dos destacados expertos internacionales en energía nuclear, Jean McSorley de Australia (5) y Franck Barnaby de Gran Bretaña (6). El Dr. Franck Barnaby confirmó a pedido de FUNAM que el combustible agotado de Australia "es residuo radiactivo" (6). Barnaby, Físico Nuclear, trabajó en el "Atomic Weapons Research Establishment" de Aldemarston (Gran Bretaña), fue Secretario de la "Pugwash Conferences on Science and World Affairs" y actuó como director del "Stockolm International Peace Reserach Insitute". Entre otros libros publicó "The invisible bomb" (Ed. Taurus, 1989), "The Gaia Peace Atlas" (Ed. Pan, 1989) y "How nuclear Weapons Spread" (Ed. Routledge, 1993). EL DICTAMEN DE DANIEL SABSAY ES CONCLUYENTE En consecuencia si lo que viene de Australia y lo que le se devuelve son residuos radiactivos, tanto el contrato suscrito entre INVAP y ANSTO como los acuerdos que lo avalan violan flagrantemente el Artículo 41 de la Constitución Nacional, y son por lo tanto ilegales. Especialistas en derecho constitucional como el Dr. Daniel Sabsay sostienen que el contrato viola ese artículo de la Constitución Nacional (9). Sabsay obtuvo su doctorado en la Facultad de Derecho Paris II y es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Daniel Sabsay indica que en lo que hace a residuos radiactivos "el último párrafo de la mencionada cláusula prohíbe su introducción. Determinación categórica que no admite ninguna excepción ya que de hacerse alguna se estaría violando el claro texto constitucional" (...) "Dado que la cláusula en comentario tienen jerarquía constitucional, todas las normas que se dicten en consecuencia tienen un orden de prelación inferior y por lo tanto deben compadecerse con su contenido. Caso contrario estarían colisionando con el texto de la Ley Fundamental y debería declararse su inconstitucionalidad (ver Artículo 31 de la Constitución Nacional)". En cuanto al segundo párrafo del Artículo 41 "impone a las autoridades la obligación de proveer la información ambiental, lo que no ha ocurrido en el convenio a que se hace referencia en el presente dictamen" (9). Cabe agregar, sobre este tema, que CNEA también habría violado la ley 25018 (10). Conforme al Inciso "l" de esa ley CNEA debe "Informar en forma permanente a la comunidad sobre los aspectos científicos y tecnológicos de la gestión de residuos radiactivos". Dado que tanto el contrato como las operaciones de transferencia y "acondicionamiento" de residuos radiactivos se mantuvieron en secreto, CNEA habría violado esa ley (10). Según Sabsay, para determinar si el ingreso de combustible nuclear agotado supera la órbita reglamentaria a cargo de la ley para penetrar en la zona que la Constitución se ha reservado para sí misma, cabe aplicar el principio de razonabilidad enunciado en el Artículo 28 de la Constitución Nacional que establece que: "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio" Cabe señalar, agrega Sabsay, que esto ocurriría si para el contrato Australia-INVAP se concluyera que: (1) "Se trata de una importación temporaria ya que el combustible gastado viene para ser procesado y luego de algunos años retorna a Australia. Pues bien, estaríamos frente a una interpretación arbitraria e irrazonable, en tanto y cuanto el texto de la propia Constitución no distingue entre ingresos permanentes y temporarios de residuos peligrosos" (9). (2) "No es basura nuclear, es combustible quemado y es posible utilizar parte de él nuevamente. Dado que en este caso se estaría modificando el concepto de residuos radiactivo. Además, por medio de este temperamento se está obligando al país a realizar determinado tipo de procesamiento de residuos nucleares que aún no han sido evaluados ni aprobados por los organismos específicos. En ese sentido, cabe recordar que la ley Nacional 25018 sancionada en 1998 establece los criterios para diseñar un plan de manejo de residuos radiactivos. Ella determina la necesidad de definir un 'Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos' que debe ser aprobado por el Congreso Nacional y eso aún no se ha llevado a cabo. En consecuencia estamos frente a un contrato que no se encuadra en el marco constitucional y legal argentino. Por último, la Argentina ha utilizado criterios legislativos basados en el principio de que los residuos radiactivos deben ser tratados allí donde se producen" (9). Daniel Sabsay también analizó las obligaciones a cargo de las autoridades que establece el 2° párrafo del Artículo 41. Estas "proveerán a la protección de este derecho (...), y a la información y educación ambientales". Sabsay sostiene que "esta obligación en nuestro caso, en cabeza, del Poder Ejecutivo Nacional, en razón de haber negociado el convenio por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y de INVAP, no se ha cumplido. En realidad dicho convenio solo se conoce parcialmente y más a través de 'filtraciones' que de un contacto directo con el instrumento. Sin embargo el propio gerente general de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Roberto Cirinello, reconoció en nota concedida a Página 12 que 'uno de los puntos del proyecto de acuerdo establece que en caso de que la empresa australiana lo requiera, puede ser efectivamente traído al país el combustible irradiado del reactor de Sydney, para su procesamiento en INVAP y posterior devolución' (Página 12, 18 de abril de 2001). La manifestación nos parece importante pues como bien sabemos el combustible irradiado constituye material radiactivo. Acá podríamos utilizar el adagio que sostiene que a confesión de parte relevo de prueba. Por lo tanto, de resultas de lo que acabamos de afirmar la actitud de las autoridades es violatoria de dos párrafos del Artículo 41, del 2°, en lo que hace al deber específico de informar, y del 4° en la medida que se ha infringido de manera flagrante la prohibición que este contiene" (9). También el Parlamento comenzó a fijar su posición sobre el contrato. Algunos legisladores de la Nación elaboraron "Proyectos de Resolución" sobre la violación del Artículo 41 de la Constitución implícita en el contrato de INVAP con ANSTO, requiriendo por ello información al Poder Ejecutivo. En abril de este año el Diputado Mario Cafiero indicó en los fundamentos de su proyecto que "de acuerdo a lo denunciado por la Fundación para la defensa del ambiente solicitamos ampliar la información acerca de la posibilidad que a partir de la venta de un reactor nuclear a Australia nuestro país reciba el combustible nuclear agotado para ser procesado en la Argentina" (...) "La Constitución Nacional prohíbe explícitamente en su Artículo 41 la introducción de residuo radiactivo, por lo tanto este acuerdo es violatorio de la misma" (16). Otro pedido en el mismo sentido fue realizado por el Senador Luis Molinari Romero, quien requirió al Poder Ejecutivo "a través de los organismos competentes, adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Artículo 41, último párrafo de la Constitución Nacional" (17). Es inadmisible que un gobierno democrático, mal asesorado por partes interesadas como INVAP y CNEA, viole la Constitución y someta los argentinos presentes y futuros a la basura nuclear de Australia y otros países. Lo que afortunadamente no lograron los gobiernos militares lo consiguió la gestión del presidente Fernando de la Rúa. Nos transformaron en el patio de atrás de la basura nuclear de Australia, y abrieron el país a los residuos radiactivos de otras naciones. Que la basura esté de paso no cambia los hechos. Para la Constitución el contrato es ilegal. Viabiliza además otras iniciativas igualmente cuestionables de la CNEA como el proyecto Ciclo Tandem (ver abajo). EL INFORME DE LA ARN NO ES IMPARCIAL. Ya describimos que INVAP necesitaba documentación oficial de la ARN para poder presentarse a la licitación que llamaba Australia. En agosto de 2001 Greenpeace, FUNAM y otras organizaciones recibieron copias del intercambio de notas entre el Gerente General de INVAP, Héctor Otheguy, y el entonces presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, E. D. D'Amato (65). La nota enviada por Otheguy a la ARN el 7 de diciembre de 1999, titulada "Proyecto Australia", da indicaciones a la ARN sobre cómo debería ser el informe y qué debería contener. Esta nota desvirtúa la seriedad y presunta imparcialidad del informe que luego produciría la ARN. En esta nota Héctor Otheguy indica (los textos resaltados son nuestros): "Destinatario: Lic. E. D'Amato, Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (...). Remitente: Lic. Héctor Otheguy, INVAP S.E. (...). Fecha: 7 de diciembre 1999. N° de hojas: 3. Ref.: Proyecto Australia". "Estimado Eduardo (...) Pongo a vuestra consideración lo que entendemos debería incluír el dictamen técnico:" "El combustible usado a ser introducido al país en forma transitoria no debe ser considerado como 'residuo radiactivo' o como residuo con niveles de radioactividad potencialmente peligroso". "Dado que el método de acondicionamiento propuesto no modifica la componente nuclear del combustible, no se trata de un proceso de reprocesamiento". "El proceso no ocasiona daño ecológico". "Al reenviarse al país de origen todos los componentes originales del combustible, no quedaría en Argentina material radiactivo proveniente de esta operación". "El Dr. Vanossi considera conveniente si pudiéramos poner una estimación de la duración máxima de estadía en el país del material importado en forma transitoria. El jueves por la mañana te llamaría para hablar sobre el tema". Firma: Héctor Otheguy, Gerente General (65). Este documento oficial se mantuvo en secreto durante varios años. Ahora que pudimos acceder a su contenido quedó demostrada la connivencia entre INVAP y la ARN, y cómo procedió INVAP. El informe de la ARN no fue una evaluación independiente sino una respuesta a las sugerencias del Gerente General de INVAP. La nota de Otheguy es en sí misma poco seria (indica por ejemplo que el "el proceso no ocasiona daño ecológico") y éticamente reprochable. Pese a la complejidad e importancia institucional del tema, la ARN produjo su informe el 9 de diciembre, dos días después que Héctor Otheguy presentara su nota (el 7 de diciembre de 1999). Dicho informe, de apenas dos páginas, fue elaborado por Sonia Fernández Moreno (1). Lo inaceptable es que ese informe técnico de la ARN, cuyos vicios lo invalidan, fue fundamental para llevar adelante las operaciones de INVAP con Australia. FUNAM está presentando esta documentación, traducida, al Senado de ese país y al "Joint Standing Committee on Treaties" (octubre de 2001). EL CONTRATO ADEMÁS DE ILEGAL ES NULO. Tanto el gobierno del presidente Fernando de la Rúa como los directivos de INVAP y CNEA omitieron considerar, por otra parte, lo que fija nuestro Código Civil. Su artículo 1207 establece que: "Los contratos hechos en país extranjero para violar las leyes de la República, son de ningún valor en el territorio del Estado, aunque no fuesen prohibidos en el lugar en que se hubiesen celebrado". Como el contrato es ilegal, ya que viola el Artículo 41 de la Constitución Nacional, no tiene "ningún valor en el territorio del Estado". El contrato es ilegal y por lo tanto nulo. LA JUSTICIA YA PROHIBIÓ EL PASAJE DE BARCOS CARGADOS CON RESIDUOS RADIACTIVOS POR TERRITORIO NACIONAL. A comienzos de este año un buque inglés, el "Pacific Swan", iba a ingresar en aguas argentinas transportando residuos radiactivos de alta actividad que llevaba de Francia al Japón. Esa basura radiactiva de alta actividad era equiparable a la que vendría de Australia, y a la que regresaríamos a ese país después del "acondicionamiento". Ante la inminencia del hecho, el Dr. Carlos José Díaz presentó un Recurso de Amparo ante la Sala de Feria en lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la Nación. El 31 de enero de 2001 los Jueces Roberto Mario Mordeglia, Jorge Héctor Damarco y Carlos Manuel Grecco dictaminaron: "ordenar al Poder Ejecutivo Nacional que con intervención de los órganos competentes y mediante los procedimientos que correspondan se prohíba el ingreso a territorio Nacional y aguas jurisdiccionales del buque "Pacific Swan" (11). Debemos recordar que el "Pacific Swan" trasladaba residuos radiactivos de alta actividad, y que la justicia consideró que dicho ingreso temporario violaba el Artículo 41 "in fine" de la Constitución Nacional. Esto es muy importante. La Justicia consideró que el ingreso de residuos radiactivos violaba la Constitución aunque su tránsito y permanencia fuese transitorio. Los residuos que ingresarían desde Australia y los que volverían acondicionados a ese país son equiparables a los que motivaron esta contundente decisión judicial. Son radiactivos y "transitorios". Pero un "transitorio" muy relativo, porque la basura nuclear australiana permanecería en Argentina por 10, 15, 20 o más años. Al mismo tiempo que se ventilaba este caso en la Justicia, FUNAM presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal n° 1 de Córdoba para que se investigara a Aldo Ferrer y Roberto Ornstein de CNEA y al presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, entre otros, por "posible incumplimiento de los deberes de funcionario público" (Artículo 248 del Código Penal). La presentación se concretó el 15 de enero de 2001 (56) (57) La presentación argumentó que estos funcionarios estaban obligados a cumplir y hacer cumplir el Artículo 41 de la Constitución Nacional (56). EL DICTAMEN DEL PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACIÓN ES NULO. Hasta agosto del 2000 el único documento oficial que presentaba INVAP para justificar la importación "transitoria" de residuos radiactivos era la nota ARN 2875/99 de la Autoridad Regulatoria Nuclear y un dictamen elaborado por el constitucionalista J.R. Vanossi (29) (46). El creciente escándalo alrededor del contrato la obligó a buscar nuevos argumentos. De allí que INVAP y CNEA operaran para obtener un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que se emitió el 5 de junio de 2001 (día internacional del ambiente) (66). Dicho dictamen entiende que la operación propuesta por INVAP "no se opone al último párrafo del Artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso al país de residuos actual o potencialmente peligrosos y los radiactivos" (27). Este dictamen se basa en interpretar que la prohibición constitucional tiene por objetivo evitar la "disposición final en el país" de residuos, de allí que el ingreso temporario y no permanente del material nuclear queda fuera de esa prohibición. También asume que el combustible nuclear gestado que se traería no es asimilable a "residuos" ya que existe un uso posterior para ellos, el "acondicionamiento, tratamiento o procesamiento, y su posterior reenvío a Australia" (!). Este particular y caprichoso dictamen fue firmado por el Procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto A. Marcer. Para hacerlo se basó en tres dictámenes realizados por los constitucionalistas Jorge R. Vanossi, Félix R. Loñ y Mariano A. Cavagna Martinez. En septiembre de 2001 el constitucionalista Daniel Sabsay produjo su informe "Contrato INVAP-Australia. Análisis del Dictamen de la procuración del Tesoro de la Nación" (67). Sus conclusiones son lapidarias. Sabsay indica que "el dictamen esta afectado de nulidad absoluta en razón de carecer de causa, elemento fundamental de todo acto administrativo. Esto es así en la medida que quienes se han pronunciado no han contado para ello con el documento objeto de control. Además, la autoridad dictaminante, en razón de ello, considera que emite su opinión a título de mera colaboración. Sabsay recalca sobre este punto que uno de los más destacados administrativistas argentinos considera que "el Decreto-Ley 19549, en su Artículo 7, Incisos "b" y "e" exige simultáneamente que el acto tenga lo que llama 'causa' o 'motivos' (de hecho y de derecho), y 'motivación' de o explicación de aquella causa o motivo". Ese mismo administrativista expresa más adelante que "el acto está viciado tanto si los hechos invocados son 'inexistentes o falsos' (Artículo 14, Inciso "a"), o si aunque no se falsee la realidad, de todos modos el acto carece de hechos justificativos, de hechos externos que en forma suficiente y adecuada sirvan de base al acto que se dicta" ("falta de causa" según el Artículo 14, Inciso "b") (68). Daniel Sabsay sostiene que el dictamen de la procuración del Tesoro "carece de causa, pues dicho acto no se sustenta en ningún elemento que justifique lo que en el mismo se sostiene. En realidad se trata de una labor 'virtual' a la que se denomina 'colaboración', ya que se basa en el relato de terceras personas, de modo escrito u oral". Sabsay considera que esto queda suficientemente probado por el Memorándum del 7 de diciembre de 1999 que el Lic. Héctor Otheguy, Gerente General de INVAP le envía al presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ver arriba). Agrega luego que "fulmina el concepto razonable de control, puesto que trabaja sobre la base de meros 'dichos' de funcionarios del propio ente objeto a control. De esta manera se deja de lado uno de los principios básicos en la materia, que es la independencia entre autoridad controlante y autoridad controlada (...)" (67). En sus conclusiones Daniel Sabsay indica que "llegado el caso, los tribunales de justicia deberán pronunciarse a instancia de los diferentes sujetos legitimados" lo que está contemplado en el segundo párrafo del Artículo 43 de la Constitución Nacional. Finaliza expresando que "la gravedad de este precedente con el criterio llamado 'venta de kilovatio limpio'. Uno de los puntos que más dificultaron el desarrollo de la energía nuclear ha sido el problema de los residuos nucleares y su destino. Nuestro punto de vista era colocar reactores CAREM al cliente y venderle el kilovatio limpio. El combustible que pongo en esos reactores es proporcionado por nosotros, el reactor produce la energía y ese combustible, una vez utilizado, me lo llevo" (30). La iniciativa "kilovatio limpio" hacía más atrayente la oferta del reactor nuclear fabricado por INVAP, ya que ofrecía a los potenciales clientes de otros países recibir y almacenar definitivamente en Argentina los residuos radiactivos que produjesen esos reactores CAREM. "Lo importante para ellos era vender reactores nucleares y que ingresaran dólares a la cuenta de la empresa. Que el país se convirtiera en basurero nuclear del mundo no les preocupaba" (30) (32). La Constitución de 1994 no solo tornó inviable el proyecto. También causó disgusto en el "establishment" nuclear. Conrado Franco Varotto sigue siendo uno de sus detractores. En el reportaje que le concedió a la revista Línea expresó: "Yo no puedo poner materias que son legislables -y por ende variables- en una Constitución. Y esto es lo que se hizo. Y esa es la razón de mi comentario. Concretamente se pusieron limitaciones en cuanto al manejo de material radiactivo". Según Varotto los legisladores impidieron un gran negocio para la Argentina. Al hablar del problema internacional de los residuos radiactivos sostuvo que era "un negocio de miles de millones de dólares. Usted encara un proyecto de este tipo y dice yo quiero ser el número uno en el mundo en resolver este problema e inmediatamente le da trabajo a miles de personas. Eso es visión de futuro. Si yo pongo limitaciones constitucionales en el manejo de residuos no estoy pensando en las consecuencias estratégicas a largo plazo" (30) (32). El contrato de INVAP para la venta de un reactor nuclear a Australia retomó en parte el proyecto "Kilovatio Limpio". Solo que en lugar de recibir la basura nuclear extranjera por tiempo indefinido se optó por la permanencia temporaria. Argentina no solo fue vista como basurero de residuos radiactivos por el propio gobierno. También nos evaluó una empresa multinacional. El 23 de octubre de 2000 FUNAM difundió que el grupo PANGEA "después de estudiar numerosos países durante 5 años concluyó que cuatro de ellos eran aptos para construir un depósito internacional de residuos altamente radiactivos. Los dos primeros en esa lista son Australia y la Argentina (51). AHORA INTERVIENEN LOS PARLAMENTOS DE ARGENTINA Y AUSTRALIA. Los numerosos argumentos contenidos en este trabajo demuestran que el contrato firmado por INVAP y ANSTO de Australia es ilegal y nulo, y que el Acuerdo de Cooperación Nuclear que firmaron los gobiernos de Argentina y Australia también lo es. Dichos argumentos marcan la necesidad de que la Justicia investigue si hubo, por parte de los funcionarios implicados, violación al Artículo 248 del Código Penal sobre "incumplimiento de los deberes de funcionarios público" y eventualmente a otras disposiciones de ese Código (Artículo 210). En cuanto al Convenio de Cooperación Nuclear mezcla elementos lícitos pero opinables, como el comercio de mineral de uranio, y francamente ilegales como el acondicionamiento de basura nuclear australiana. De allí que corresponda, tanto en el Parlamento de Argentina como en la "Joint Standing Committee on Treaties" de Australia (JSCT) que se analice su contenido e ilegalidad, y no sean ratificados. La "Joint Standing Committee on Treaties" ya se reunió el 20 de agosto de este año en Canberra, y receptó los documentos presentados por organizaciones de Australia y FUNAM (53). Queda pendiente un proceso similar en la Cámara de Diputados y Senadores de Argentina. REFERENCIAS *Dr. Raul A. Montenegro, Biólogo, Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, Director de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Luis y Presidente de FUNAM.

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Historia del contrato secreto que abre la Argentina

Historia del contrato secreto que abre la Argentina al ingreso de basura nuclear australiana.

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Daniel T Cross