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Por Darío Aranda Empresas sojeras, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, petroleras y el turismo cinco estrellas expulsan de sus territorios a pueblos indígenas. Un relevamiento parcial contabilizó 397 conflictos por tierras, con una superficie total de 8,6 millones de hectáreas: tres veces la extensión de Misiones o 425 veces la Ciudad de Buenos Aires. A fuerza de organización, las comunidades indígenas resisten desalojos y comienzan a recuperar territorios. El campo de golf del Hotel Llao Llao de Bariloche es de los más exclusivos del país, con precios tan inalcanzables como una cabaña cinco estrellas frente al cerro de los Siete Colores de Humahuaca o una habitación con vista al Parque Nacional Iguazú. En los tres lugares, comunidades indígenas resisten desalojos de sus territorios ancestrales y exigen que se respeten sus derechos constitucionales a vivir donde nacieron. Son sólo una muestra de los 397 casos que relevó este diario en doce provincias y que involucra a 8.653.490 hectáreas, una superficie similar a media provincia de Córdoba, o tres veces Misiones o 425 veces la Ciudad de Buenos Aires. Los territorios aborígenes también son acechados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los monocultivos de soja y pino, la minería metalífera a gran escala y las petroleras. “El modelo extractivo de ‘desarrollo’, a base de explotar nuestros recursos naturales, es una saqueo al país, pero también es directamente opuesto a nuestro modo de vida. Para ese modelo de saqueo, necesitan nuestros territorios, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados”, advierten desde la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, de Chubut. El mapeo, que sólo abarca una parte del total de situaciones del país, también revela que los conflictos se multiplican de la mano del crecimiento de organizaciones indígenas y campesinas, y de su consolidación como actores sociales en una decena de provincias. Educación bilingüe e intercultural, asistencia sanitaria (en complementariedad con la salud ancestral) y participación en todos los asuntos que los afectan -como consta en la Constitución Nacional- son derechos y reclamos históricos de los 24 pueblos indígenas de Argentina, presentes en 19 provincias y que, según las propias comunidades, ronda el 1,5 millones de personas (aunque el Censo Indígena del Indec, muy cuestionado por los pueblos originarios, arrojaba un número mucho menor: 400 mil personas). Pero en la lista de derechos básicos, siempre el primero es el mismo: “Territorio” (entendido con la carga de costumbres, cultura e historia, y no como un bien económico, por eso no utilizan el término “tierra”). Reconocido por la Constitución Nacional, constituciones provinciales, pactos internacionales y, recientemente, por la ONU. El híperdifundido “caso Benetton”, que enfrenta al matrimonio mapuche Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir con los multimillonarios europeos, con 565 hectáreas representa sólo el 0,006 por ciento de las tierras en disputa de Argentina, según el relevamiento de este diario, que contabilizó 397 casos y que tienen como sectores enfrentados a los pueblos indígenas de un lado y, del otro, un gran arco conformado por multinacionales mineras, estados provinciales y Nacional, privados multimillonarios –aunque también algunos menos acaudalados-, empresarios turísticos, plantas de celulosa, empresas sojeras, universidades nacionales y, según acotan las comunidades, “un sistema político y judicial que desobedece las leyes”. Las provincias con mayores conflictos: Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut. También figuran Mendoza, La Pampa, Formosa y Buenos Aires. Mapuches en el Llao Llao El hotel Llao Llao se encuentra a 30 kilómetros del centro de Bariloche, entre montañas y con vista al lago Nahuel Huapi, la habitación más económica cotiza 348 dólares por noche. El sábado 15 de septiembre tuvo una visita inesperada: la comunidad mapuche Takul-Chewke llegó en camionetas, con materiales y alimentos, y comenzó la construcción de su cabaña, a sólo siete kilómetros de los cuartos cinco estrellas, una de las zonas más codiciadas y costosas de la Patagonia. “Venimos a recuperar 625 hectáreas que le robaron a nuestra abuela en 1951. Somos parte de este lugar, que ahora recupera a sus originales habitantes, que no se han muerto y que todavía resisten”, explicó Ana María, nieta de Takul y vocera de la comunidad, compuesta por seis familias con 126 integrantes. Los ampara la Constitución Nacional, convenios internacionales con rango constitucional, leyes nacionales y hasta la Carta Orgánica municipal –recientemente aprobada-, pero ya los denunciaron por “usurpación”. Sólo en Río Negro existen al menos 20 conflictos de tierras que significan 106.150 hectáreas. Si se incluyen Neuquén y Chubut –-siempre Pueblo Mapuche-Tehuelche-, los casos ascienden a 81, que involucran 199.245 hectáreas. “Existen muchísimas más disputas territoriales de las que llegan a los medios o a los juzgados. Imposible estimar”, remarcó el abogado de Chubut Eduardo Hualpa, especializado en derecho indígena. Las contrapartes: el Estado (nacional, provincial y municipal), el Ejército, estancieros, empresarios turísticos, las empresas de hidrocarburos Chevron, Total Austral, Petrobras, Repsol-YPF, Energy Company, Pluspetrol, Apache Corporation, Petrolera Piedra del Aguila, TGS Transportadora de Gas del Sur, Petrolera Orion y Texaco. También intentan desalojos las compañías mineras Imausa, Ambar, IMA Explorations, Aquiline Resources, Meridian Gold y Andacollo Gold, entre otras. Un caso del mundo insólito lo protagonizó la empresa estadounidense Apache, cuando llevó a juicio a la comunidad Lonko Purán porque ésta le prohibió, mediante cortes de ruta y movilizaciones, ingresar a sus tierras ancestrales. “Los gobiernos de hoy tienen la misma ideología de los que intentaron nuestro exterminio. Responden a los mismos intereses que se beneficiaron con la apropiación de nuestro territorio. Generan condiciones políticas y adecuan las leyes para que grandes grupos económicos se apropien de recursos estratégicos que están dentro de nuestro espacio. Agua, petróleo y oro son sólo un ejemplo”, remarcó Chacho Liempe, referente del Consejo Asesor Indígena (CAI), de Río Negro, que afronta una decena de conflictos. Además, la concentración de tierras se acentúa y, cada vez más, genera choques con comunidades mapuches. Como muestra un estudio de la Mesa Campesina del Norte Neuquino -en base a datos oficiales-, detalla que el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes de la provincia concentran el 92 por ciento de las tierras productivas, mientras que el 60 por ciento de los productores más pequeños representan sólo el 0,6 por ciento de la superficie provincial. Las comunidades indígenas de la Patagonia visualizan otro foco de problemas que crecerá en los próximos años: la minería a cielo abierto, que con grandes explosiones de rocas, millones de litros de agua y sopas ácidas (muchas veces con una sustancia contaminante como el cianuro) producen un cóctel acusado de contaminar aire, suelo y napas subterráneas. En 2003, la ciudad de Esquel, en Chubut, se movilizó y organizó un plebiscito para que la ciudadanía decida qué tipo de desarrollo deseaba: el 81 por ciento votó contra la minería a gran escala, personificado en ese caso en al compañía Meridian Gold. "La minería es una actividad meramente extractiva con múltiples ramificaciones y consecuencias tanto a escala económica como ecológica, social y cultural. Es un hecho comprobado que las regiones mineras del mundo son publicitadas inicialmente como regiones ricas y llenas de oportunidades, pero terminan siendo las más pobres", afirma un comunicado de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Río Negro. Luego del plebiscito la empresa optó por un perfil más bajo, pero no abandonó el proyecto. En la región, existen nueve emprendimientos en ejecución o estado avanzado: Yacimiento Navidad (que generó un gran conflicto con comunidades originarias del centro de Chubut), El Desquite, Calcatreu, Andacollo, Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, San José-Huevos Verdes, Cerro Solo y Sierra Grande. “Todos ellos están asentados sobre territorios indígenas o de campesinos con posesión de décadas”, afirmaron desde la Asamblea de Esquel. Además, existe una decena de emprendimientos en exploración. “El 75 por ciento de la Argentina está inexplorada”, publicitan desde la Secretaría de Minería de la Nación, invitando a empresas a radicarse en los 5.000 kilómetros de cordillera. “Hay un avance de los latifundios, de las empresas de hidrocarburos y muy claramente de las mineras, pero en nuestros derechos no hay avance, sean gobiernos peronistas o radicales no hay respuestas, no aparecemos en sus agendas. Pero seguiremos organizándonos con tres objetivos claros: reconocimiento como Pueblo Mapuche, restitución de nuestros territorios ancestrales e investigación sobre el proceso histórico de cómo el Estado actuó con el Pueblo”, advirtió Mauro Millán, de la organización mapuche-tehuelche 11 de Octubre. Minería, desmontes y soja Salta, Jujuy y Santiago contabilizan al menos 275 situaciones de conflictos territoriales, que involucran 6.365.462 hectáreas. Salta contabiliza 46 casos, con 1,3 millones de hectáreas que afectan principalmente a los pueblos Guaraní, Wichí y Kolla, aunque en menor proporción también al pueblo Toba y Chané. El avance sobre sus espacios incluye el desmonte nativo para la siembra de soja. En el período 2002-2006, en Salta dejaron de existir 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002, y cuya índice de desmonte supera el promedio mundial, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de Nación en su último “Inventario Nacional de Bosques Nativos”. A nivel país, en el mismo lapso, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora. La misma Secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja. En Salta sobresalen los conflictos en tierras aledañas a la Ruta Nacional 86, al norte provincial, con históricas disputas con ingenios azucareros (el San Martín, de la compañía Seabord Corporation es el más resonante) y, en el sur provincial, zona de los Valles Calchaquíes, las disputas se dan con grandes fincas (en su mayoría viñateras) que adquieren grandes extensiones de tierra con históricos ocupantes dentro. La actividad minera también mantiene alerta a la zona de Cafayate y San Carlos: en los últimos años se produjeron más de cuarenta prospecciones metalíferas, en su mayoría de oro, plata, cobre y plomo. En Jujuy, el Pueblo Kolla se encuentra asentado en la zona de la Quebrada y Puna, fundamentalmente en tierras fiscales, y una minoría de dominio privado. En tanto el Pueblo Guaraní se encuentra en la zona del Ramal Jujeño donde casi la totalidad está en manos de particulares, a excepción de dos lotes (1 y 515), que las comunidades guaraníes reclaman como propios pero el estado provincial lo licitó a privados. En la provincia, se relevaron diez conflictos, que involucran dos millones de hectáreas. También sobresale la actividad minera (yacimiento Pirquitas, Minera Aguilar y el lavado de oro sobre el río Orosmayo) y los conflictos con empresarios turísticos, focalizados luego de que Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que elevó los precios del lugar, con la consecuente llegada de privados poseedores de cuestionados títulos de propiedad. “El gobierno provincial alienta cuatro polos productivos: la industria del azúcar y el tabaco, el turismo y la minería. Todas ellas atentan contra nuestros territorios y nuestra forma de vida”, explicó Ariel Méndez, de la Red Puna. Los agronegocios, con la soja transgénica como bandera, tuvieron este año una cosecha récord: 47 millones de toneladas, por un monto aproximado de 15.000 millones de dólares. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los cambios climáticos sumados a los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras santiagueñas un paraíso para grandes empresarios. Con la soja, las tierras se tornaron un bien preciado”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y apuntan: “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de estas tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante. La complicidad de gran parte del Sistema Judicial, desde sus principales actores hasta los auxiliares de justicia, hacen imposible impartir objetivamente justicia”. Santiago del Estero -con presencia de los pueblos Tonocoté, Vilela, Lule, Diaguita y Gauycurú- encabeza la lista de desmonte: 515.228 hectáreas en los últimos cuatro años, lo que significa un 71,61 por ciento más que entre 1998 y 2002, según dato de Medio Ambiente. No es casualidad que el Mocase, conformado por 9.000 familias que producen para la subsistencia, enfrente 212 conflictos en toda la provincia, todos casos donde los indígenas y campesinos son denunciados de usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Todos “delitos cometidos” en las propias posesiones ancestrales de los acusados. La cantidad de tierras en conflictos tiene un piso: tres millones de hectáreas. Desde el Movimiento Campesino Indígena remarcan que el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, “sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión y el empobrecimiento de las tierras”. Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y que cada vez produce mayor concentración. En Argentina, según el último censo agropecuario, el diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país. “El modelo agrario vigente genera muchos ingresos en divisa, gran parte queda en manos de los terratenientes y un porcentaje queda en el Gobierno a través de las retenciones a las exportaciones. Las elites del agro lo promocionan como un modelo muy desarrollado y eficiente, sin embargo la otra cara de esta forma de producir es la represión para desalojar campesinos e indígenas, una gran contaminación del medio ambiente, alta degradación de los suelos, alta dependencia externa por los insumos, y una gran deuda social ya que la producción de alimentos para los argentinos queda relegada y se prioriza la exportación, logrando una escasa distribución de los ingresos”, denuncian desde el MNCI. Pasteras, pinos y muertes Misiones cuenta con tres actividades que chocan con comunidades indígenas, campesinos y ambientalistas: tres plantas de celulosa (Puerto Piray, Papel Misionero y Alto Paraná), emprendimientos turísticos que avanzan sobre territorios ancestrales y dos represas (una ya construida –-Yaciretá, en Corrientes, pero que anegó áreas en Posadas y obligó a masivas relocalizaciones- y otra planificada, Corpus, que fue rechazada por el 80 por ciento de los misioneros en una consulta popular, en 1996, pero aún sigue en carpeta del gobierno provincial). De la mano de las pasteras también llegó el monocultivo de pino (la materia prima), las madereras, la concentración de tierras y, al mismo tiempo, los conflictos con pueblos originarios y poblaciones rurales. Página/12 contabilizó en Misiones quince casos, que involucran casi 90 mil hectáreas y tienen como contrapartes a privados, aserraderos subsidiarios de las papeleras, el estado provincial y hasta la Universidad Nacional de La Plata, que ostenta un título de propiedad por 6.144 hectáreas, pero donde hace 150 años viven comunidades del Pueblo Mbya Guaraní. La historia de concentración de tierras de Misiones comenzó en 1881, antes que sea provincia, cuando su superficie fue repartida entre 30 familias. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el Estado impulsó la colonización del sur y centro de la provincia. Y durante gran parte del siglo pasado creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba mate, té y tabaco. Había grandes plantaciones, pero también subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado, comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas, y por dos factores: la desregulación en la producción (el Estado cedió lugar antes las grandes empresas, los colonos perdieron primero mercados, luego sus chacras y tuvieron que emigrar a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia cambió el perfil productivo: dejó de lado la actividad agropecuaria e impulsó -con leyes blandas, desgravación impositiva y subsidios generosos- los negocios forestales: madereras y plantas de celulosa fueron las beneficiadas directas. Ambas actividades denunciadas por su efecto sobre el medio ambiente, las condiciones laborales de sus trabajadores y el desalojo de pobladores ancestrales. El último Censo Nacional Agropecuario de la provincia confirma la concentración: existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). El mismo estudio afirma que, en la última década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica demaximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirman desde el Foro de la Tierra. Ilustrativo es el caso de la Papelera Alto Paraná: propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Caso emblemático es el municipio de Puerto Piray, donde la compañía es dueña del 62,5 por ciento de la tierra: de las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500. Hace exactamente un año, los guaraníes misioneros habían sido noticia por la muerte de niños: en dos meses se habían sucedido quince fallecimientos del pueblo Mbya Guaraní, sobre una población total de cuatro mil personas, lo que hacía trepar la mortalidad infantil a índices récord. Denunciaban como causas la ausencia de política aborigen integral y, justamente, la falta de territorios. “Es una tragedia cotidiana que está íntimamente ligada a la pérdida de tierras. No es casual que empezamos a morir a partir de la pérdida de nuestros espacios de la mano de las madereras y papeleras. Si hay 30 familias sobreviviendo amontonadas en 30 hectáreas, no hace falta ser médico para saber que no podrán tener alimentos ni las medicinas naturales que hacen a nuestra forma de vida”, explicó Hilario Moreira, integrante de la Organización de Comunidades Mbya Guaraní (OCMG), que agrupa a 30 de las 75 comunidades aborígenes de Misiones. También explicaban que la pérdida de sus territorios les implicaba elabandono de sus prácticas culturales, productivas y la modificación de su vida comunitaria, provocando un brusco cambio de su hábito alimentario tradicional, en gran parte sustituido por asistenciales bolsones de comida. Luego del escándalo por las muertes de los niños, la Dirección de Asuntos Guaraníes (dependiente del gobierno provincial) no volvió a publicar cifras al respecto. Las comunidades aseguran que subsisten dos males: el despojo de sus tierras y la muerte de niños. Históricas demandas, con mayor conflictividad El Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) llama “ocupación” a la acción organizada de asentar familias en fincas improductivas. Luego de desalojos, el Movimiento Campesino Indígena practica desde hace años las “retomas” y tiene entre sus objetivos a corto plazo la “toma” de chacras. El Pueblo Mapuche llama “recuperar” a volver a vivir en sus tierras ancestrales: Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir recuperaron 565 hectáreas en plena estancia Benetton. La Comunidad Takul-Chewke recuperó 625 hectáreas en el patio del más lujoso hotel de Bariloche. El Consejo Asesor Indígena (CAI) ya recuperó, en los últimos años, 150 mil hectáreas en Río Negro. “Tenemos la decisión de ir recuperando lo que legítimamente nos pertenece”, resumió Chacho Liempe, referente mapuche del CAI. Desde el Grupo de Ecología Política, Comunidad y Derechos (Gepcyd) del Instituto Gino Germani advierten que, así como la conflictividad social de los años noventa estuvo mayormente visibilizada por las luchas urbanas, desde el ámbito rural se afianzan organizaciones, comunidades y luchas que aportan viejos actores sociales, pero ahora fortalecidos y enarbolando históricas demandas. Aunque con otras palabras, desde los territorios ancestrales parecieran coincidir. “El saqueo se da por los bienes naturales, y ahí campesinos, indígenas y poblaciones rurales nos estamos organizando y estamos dando esa disputa. Nos han desalojado pero hemos vuelto a tomar el campo, por el simple ejercicio del derecho. No hemos esperado que un juez nos devuelva la tierra. Nos hemos organizado, hemos ido y retomado la tierra”, advierten los Sin Tierra de Mendoza. En la Patagonia, los Mapuche-Tehuelche de la 11 de Octubre avisan: “En la medida que tomamos conciencia de nuestros derechos y recuperamos nuestra historia, vamos a multiplicar los conflictos. Es un planteo político e ideológico de todo un gran sector de lucha que no tiene vinculación partidaria, que no fue cooptado y que va a recuperar lo que le corresponde” Chaco: Deforestación, soja y desnutrición El Chaco fue noticia las últimas semanas por la muerte de al menos quince personas, del Pueblo Toba, por desnutrición y enfermedades evitables con atención primaria de salud. Los tres pueblos indígenas de la provincia (Toba, Wichí y Mocoví) también vinculan los fallecimientos a la falta de tierras y los desmontes: sólo doce conflictos relevados involucran 523.405 hectáreas, y tienen como contraparte al estado provincial. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, El Impenetrable chaqueño. Según un estudio del Foro Multisectorial por la Tierra, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron (“utilizando como pantalla la creación de reservas naturales”) 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales). En ese mismo periodo, datos del Censo Nacional Agropecuario confirma la concentración: las explotaciones de más de 1.000 hectáreas representaban el ocho por ciento del total. En 2002, venta de espacios fiscales mediante, pasaron a representar el 56 por ciento del total, en su mayoría para siembra de soja. El Centro de Derechos Humanos Nelson Mandela va más allá: denuncia que sólo quedan 490 mil hectáreas de selva chaqueña. Además de la concentración de tierras, el corrimiento de la frontera agropecuaria, la pérdida de bosques nativos en detrimento de territorios indígenas, el Foro chaqueño remarca el “vaciamiento del campo”: a mediados de siglo la población rural provincial representaba el 70 por ciento, en 1991 había descendido al 28,5 por ciento, y en 2001 sólo representaba el 16,5 por ciento. Mendoza: Negar indígenas y expulsar campesinos Mendoza es bien conocida por sus vinos y sus atractivos turísticos. Pero no es tan difundida su realidad indígena y rural: el 60 por ciento de la población rural está por debajo de la línea de pobreza, el 22,6 por ciento es indigente y el 66 por ciento de los trabajos son precarios. Todo según el relevamiento oficial “Condiciones de vida de los hogares rurales”, de la Dirección de Estudios e Investigaciones Económicas (DEIE). Además, hasta fines de los ’70 se negó oficialmente que en la provincia subsistan pueblos originarios. El discurso oficial aseguraba que el Pueblo Huarpe, que se asentaba en lo que hoy es la ciudad capital, había emigrado hacia Chile a los yacimientos mineros. Recién a fines de los ´90 el Estado reconoció la existencia de comunidades Huarpes en el departamento de Lavalle, unas 4000 familias que hoy están en litigio (justamente con la provincia) por 760 mil hectáreas. Desde los últimos años, Mendoza también se sumó a la lista de provincias donde empresarios impulsan desalojos de campesinos e indígenas con derechos de posesión. Con casi 5000 familias con posesión veinteañal, según un relevamiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), existen conflictos en el norte de la provincia (focalizados en los departamentos de Lavalle, Santa Rosa, Tupungato y San Martín) y desde el año pasado se multiplican los desalojos violentos en el sur (San Rafael, Alvear y Malargüe). “El actual tipo de cambio y las bajas retenciones a las exportaciones han revalorizado el precio de la tierra en Argentina. Además, el ‘boom de la soja’ y las forestales van desplazando a la ganadería desde el Litoral y La Pampa hacia esta provincia. Así, las empresas, donde también están las mineras, intentan por todos los medios apropiarse de tierras y agua, comprando, fraguando títulos, usurpando, y prometiendo un progreso y empleo que son mentiras”, explican los Sin Tierra de Mendoza. En el informe “Una tierra para todos”, de la Conferencia Episcopal Argentina de 2006, se remarca que Mendoza es la principal provincia en concentración de tierras: el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias monopoliza el 96 por ciento de la tierra provincial. A esto se suma que, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 50 por ciento de las propiedades con “derecho a riego” están abandonadas o improductivas (sólo el tres por ciento de la tierra mendocina cuenta con “derecho de riego” –-agua en cantidad suficiente para desarrollar la agricultura-, legislada por una ley provincial de 1884, cuando se determinó qué zonas tendrían agua: fueron beneficiadas las pertenecientes a los grandes propietarios de la época. En 123 años, esa norma, y esa zona de riego, no fueron modificadas). “Ocho de cada diez familias no pueden producir por no contar con agua. Por eso impulsamos retomar fincas improductivas, para que los campesinos no tengan que irse a la ciudad. Sólo en la última década, 200 mil familias del país sufrieron ese destino”, resaltan desde la organización, que creó un proyecto de ley que declara la función social de la tierra. En El Nihuil, una zona turística en el sur provincial (departamento de San Rafael), en enero último comenzó la represión a medio centenar de históricos habitantes del lugar (todos ellos con posesión mayor a treinta años), casi 20 mil hectáreas. La misma metodología que en otras provincias: empresarios se presentaron como dueños, no exhibieron títulos y exigieron que abandonen el lugar. Comenzaron a alambrar campos, cerrar caminos y tranqueras, cortar las aguadas, y les exigieron entregar regularmente animales mientras no abandonen la zona (a forma de pago por derecho de pastoreo). Ruperta Arenas de González, de 78 años y con cinco décadas de vida en el lugar, fue el caso testigo: le tiraron abajo la casa, le robaron los muebles y mataron animales. Su esposo, “Don González”, como todos lo conocían, falleció . “Creyó que habíamos perdido nuestra tierra, y murió de pena”, lamentó la viuda. Ficha En Chaco se relevaron sólo doce casos, con 523.405 hectáreas. Formosa dos casos, con 70 mil. Mendoza 13 casos (que incluyen campesinos con ascendencia indígena) por 1,1 millón. Buenos Aires cuatro casos, con 501 hectáreas. Y La Pampa con dos casos, que involucran 45 mil hectáreas. El mapeo cuantitativo de conflictos no abarca la totalidad de casos existentes. Además, de los 397 casos relevados, en 83 de ellos no se pudo precisar la cantidad de tierras, por lo cual 8,6 millones de hectáreas es sólo un piso. Al respecto, todos los consultados (comunidades indígenas, abogados especializados en la temática, foros de la tierra y espacios multisectoriales) afirmaron que existen entre el doble y el triple de casos de los que llegan a los medios de comunicación y juzgados (y que fueron la base para este informe). De agregarse los casos de provincias con alta presencia indígena (como Santa Fe y Tucumán), los datos serían de otra envergadura, que crecerían de forma exponencial de sumarse los conflictos campesinos (muchos de ellos con ascendencia indígena), donde provincias como Córdoba, San Luis, La Rioja, Formosa y Corrientes aportarían gran cantidad de casos. Leyes que no se cumplen El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango constitucional). Y constituciones provinciales. Son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los recursos naturales y que reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. “Las leyes se leen bien, pero están bien lejos de cumplirse como corresponde”, advierte Chacho Liempe, mapuche del Consejo Asesor Indígena. El 1 de noviembre de 2006, el Congreso sancionó la ley 26.160, que declara por cuatro años la “emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. La norma, suspende los desalojos y compromete al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas ancestralmente. “La ley es un piso para el derecho de los pueblos indígenas, pero hay dos cuestiones de aplicabilidad: el Gobierno debiera difundir la ley y capacitar a los jueces para que la apliquen. Eso no se está realizando y perjudica directamente a las comunidades. Por otro lado, el relevamiento catastral está muy atrasado, ya se perdió casi un año. Y esa es otra gran falla del Gobierno, en este caso personificado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, explicó el abogado Julio García, especializado en derecho indígena. www.ecoportal.net Fuentes: Adrián Moyano, Asociación Amigos del Aborigen, Asociación Ranquel Willi kalkin, Censo Nacional Agropecuario, Chris Van Dam, Comunidad Epu Bafkeh, Comunidad Lonko Purán, Comunidad Takul-Chewke, Comunidad Unidas del Molinos (CUM), Consejo Asesor Indígena (CAI), Eduardo Hualpa, Elena Picasso, Encuentro Calchaquí, Endepa, Enrique Alejandro Oyharzabal Castro, Federación India, Fogón Andino, Foro de la Tierra de Misiones, Foro Salteño por la Tierra, Gajat, Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco, Grupo de Ecología Política, Comunidad y Derechos ( Gepcyd), Gustavo Macayo, Incupo, Indymedia Argentina (Pueblos Originarios), Julio García, JUM, Mesa Campesina del Norte Neuquino, Mesa de Tierras de Santa Fe, Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase-VC), Movimiento Malut, Movimiento Nacional Campesino Indígenas (MNCI), No a la Mina (Esquel), Observatorio de Tierras del Chaco, Organización de Comunidades Mbya Guaraní (OCMG), Organización Mapuche-Tehulche 11 de Octubre, Radio Alas (El Bolsón), Raúl Gorriti, Red Agroforestal del Chaco, Red de Comunicación Indígena (RCI), Red Puna, Rodrigo Solá, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), Vasco Baigorri y archivo personal.

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