La biopiratería es la práctica en la que grandes empresas patentan recursos utilizados por pueblos indígenas para comercializar. Esta actividad es amparada por el sistema mundial de patentes, aunque múltiples tratados internacionales intentan limitarla.
La firma del Protocolo de Nagoya por parte de Ecuador, su eventual ratificación y la promulgación del reglamento de acceso a los recursos genéticos son una violación a la Constitución, porque se establecen las bases jurídicas para poner en venta y reconocer monopolios sobre la biodiversidad y los conocimientos de los pueblos que han protegido, usado y creado esa biodiversidad. La mercantilización, el control monopólico y la aplicación de derechos de propiedad intelectual, sobre la biodiversidad y los conocimientos tradicionales vía contratos u otros mecanismos jurídicos que limiten el libre flujo de la biodiversidad y los conocimientos, están expresamente prohibidos por nuestra Constitución.