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Por Darío Aranda La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema. “El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso. “La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo. En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón). El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama. “Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar. La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía. Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas. “La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta. Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”. En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”. “La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.” Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.” En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades. Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”. Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional. “No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil. Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.” “Nosotros no comemos baterías” Durante los últimos quince años, y de la mano de la profundización del modelo agropecuario, productores sojeros avanzaron sobre territorios indígenas y campesinos. Esto implicó desalojos y desmontes. Para numerosas comunidades indígenas que permanecieron en sus territorios implicó también un impacto, ya que vieron diezmados los hábitat (bosques) de donde obtenían su alimento. En las culturas indígenas, el territorio también es el lugar de cultura, historia y parte fundante de la vida de la comunidad. “A algunos hermanos los corrió y mató la soja. A nosotros nos quieren hacer lo mismo, pero con la minería, con este metal para las baterías. Nosotros no comemos baterías, nosotros vivimos del salar”, explicó el kolla Flores y, explica y consta en la presentación judicial, que de las salinas depende el patrimonio cultural e identidad del pueblo kolla. Las comunidades indígenas tuvieron históricamente una gran presencia en las salinas de la Puna. La sal fue parte de una cultura de trueque, con viajes que se realizaban transportando panes de sal en burros, desde las salinas hacia otros lugares alejados como Humahuaca, San Salvador de Jujuy, Orán, Cafayate o Salta. Incluso numerosos libros históricos dan cuenta de que en 1840 se produjo una rebelión por la imposición de tributos a la extracción de sal. Al igual que en las chacras de otras provincias donde se practica la agricultura, la sal tiene también un ciclo de crianza. En octubre y noviembre se realiza la “siembra” mediante la construcción de piletones. A partir de diciembre y hasta febrero, período de lluvias, la sal se “cría” en los piletones. La “cosecha” se da desde marzo hasta mayo. Luego la sal se traslada hasta las empresas que la fraccionan para su comercialización. En agosto se da de comer a la Pachamama, a la Madre Tierra, siempre en el mismo lugar, pidiendo un buen año para la sal, con la ofrenda de comidas y bebidas. Es la forma ancestral de renovar el ciclo de la sal, que conserva una periodicidad idéntica a las fases agrarias de la Quebrada, la Puna y los Andes. La producción de sal está repleta de ritualidades, de prácticas, de secretos que reproducen una cultura con modos identitarios que definen una identidad cultural preexistente al Estado. Mientras las actividades mineras obligan a la relocalización de casas y corrales, las familias originarias tienen un lugar determinado para su Pachamama, para ofrendarla todos los años. Ese lugar no cambia, siempre es el mismo por generaciones. Mudar ese sitio sagrado es atentar contra la cosmovisión profunda de las comunidades y puede significarles un daño profundo en sus creencias y vivencias, amparadas por toda la normativa vigente. Los indígenas ejemplifican: es como mudar la Catedral porteña o la Basílica de Luján porque encontraron petróleo debajo. Un mineral codiciado Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Ya hay al menos dos empresas que avanzaron. Orocobre Limited y Daijin Resources Corp. Pero la Dirección de Minería de Jujuy, en un documento oficial, informó el 14 de septiembre pasado a Jorge Luis Mamani, del pueblo kolla e integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI), que sólo en Cochinoca existen 32 cateos y procesos de exploración. Veinte de esos emprendimientos corresponden a minerales de “primera categoría”, que incluye plomo, plata, zinc, cobre, estaño y litio. Otros doce proyectos corresponden a “sales”. El documento oficial incluye otros dos departamentos, Rinconada y Susques. En total da cuenta de otras 97 iniciativas de exploración y cateo, 37 de sales, 53 de minerales de primera categoría, siete de boratos y minerales de segunda categoría (arenas metalíferas, piedras preciosas en lechos de ríos y salinas). “Orocobre Limited es el líder en el desarrollo de litio. La compañía está enfocada en convertirse en uno de los productores más grandes y de más bajo costo de litio en el mundo.” Es la presentación de la compañía australiana que ya tiene presencia en Salinas Grandes, se asoció con la automotriz Toyota y planifica extraer litio en 2012. Define al yacimiento de Argentina como de “larga vida” de explotación, con un potencial de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. De cada 1000 kilos de carbonato se obtienen, aproximadamente, 190 kilos de litio. La canadiense Dajin Resources Corp es la otra compañía presente en Jujuy. “Argentina ofrece una de las jurisdicciones más políticamente estables y amigables para la industria minera, que es esencial para la exploración y desarrollo de las Salinas Grandes de boro, litio y potasio”, explica la información corporativa, que da cuenta de que posee las concesiones mineras de 103.248 hectáreas en Salta y Jujuy, “ricas en litio, potasio y boro”. De esas hectáreas, 83.248 corresponden a las Salinas Grandes. Comunicados de la compañía afirman que la demanda global de litio crece a una tasa de 4,5 por ciento al año, estiman que la demanda de litio para batería aumenta un 20 por ciento anual, precisan que el mercado mundial de baterías de litio tiene un valor de 4000 millones de dólares al año y recuerdan que el 60 por ciento de los celulares y el 90 por ciento de las computadoras portátiles utilizan baterías con litio. “El reciente crecimiento de una industria mundial de baterías industriales y de automóviles de iones de litio se ha traducido en una demanda de carbonato de litio que se espera un aumento de cinco veces en 2017”, celebra. Además de Toyota, otra empresa que se sumó a la fiebre del litio es la automotriz japonesa Mitsubishi, en el Salar Cauchari (departamento de Susques). En junio pasado, la Secretaría de Minería de Nación informó: “Latin American Minerals presentó el proyecto. Se encuentra en etapa de exploración avanzada y Mitsubishi acompañará el desarrollo del emprendimiento”. Se le otorgaron 43.000 hectáreas. Ante la consulta de este diario, desde la Secretaría de Minería de Salta enviaron un documento oficial sobre la minería en la provincia: “Los Salares de la Puna revisten un gran interés para diversas empresas que están realizando intensas actividades de prospección y de exploración”, afirma y precisa que once empresas extranjeras están en la búsqueda de litio en Salta. “Recurso estratégico provincial” El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, firmó el 2 de marzo último el decreto de “necesidad y urgencia” 7592 que declara las reservas minerales que contengan litio como “recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico de la provincia”. “La provincia de Jujuy posee reservas de este mineral que la ubican entre las áreas de mayor potencial productivo (...) Este recurso natural no renovable debe constituirse en una fuente generadora de valor agregado local y de participación e inclusión laboral de los jujeños”, fundamenta el decreto, que no arriesga cifras potenciales de reservas. También reconoce que el litio se encuentra en “ecosistemas de singular conformación y equilibrio, por lo que es aconsejable aplicar análisis específicos sobre el impacto y conveniencia de la ejecución de proyectos de exploración y explotación de litio”. Y cita a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), que en 2010 realizó una reunión de expertos sobre el desarrollo del litio en América latina. “La extracción de litio a través de la evaporación de salmueras en salares puede tener impactos significativos en el delicado equilibrio de los suministros de agua. Estudios exhaustivos de impacto medioambiental y de monitoreo son esenciales para impedir, minimizar y mitigar cualquier impacto negativo en la flora y fauna así como en los ecosistemas de los salares y las áreas adjuntas”, advierte el documento final de la Cepal y citado en el decreto jujeño. Al momento de presentar el decreto, el director de Minería y Recursos Energéticos, Martín Sánchez, destacó que “se contemplará acabadamente el derecho de todas las partes” y, como marca el decreto, remarcó que la evaluación de los proyectos tendrá la participación de científicos. Este hecho no tranquiliza a la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grades, que recuerda cómo el modelo sojero y las empresas de biotecnología avanzaron con apoyo técnico de buena parte de la comunidad científica local. “Para nosotros eso no es seguridad de nada. Muchas veces los universitarios no shan engañado”, graficó Flores. www.ecoportal.net Darío Aranda , Argentina. Pagina 12 http://www.pagina12.com.ar

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