El caso del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, sigue arrojando nuevas revelaciones. Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los policías municipales que integraban su primer círculo de seguridad serán nuevamente llamados a declarar. Aunque no están detenidos, permanecen bajo localización y cooperan con las autoridades.
Harfuch confirma que los escoltas siguen bajo investigación
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, García Harfuch explicó que los agentes municipales que custodiaban a Carlos Manzo deberán rendir nuevas declaraciones ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Según el funcionario, los peritajes continúan para determinar qué arma provocó la muerte del agresor y cuál fue utilizada contra el propio alcalde.
«Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar», dijo el secretario, siendo que añadió que uno de los escoltas admitió haber disparado contra el atacante, pero aclaró que los análisis balísticos aún están en curso, pero también dio detalles de la investigación. «Las investigaciones continúan, están a cargo de la Fiscalía del Estado y serán ellos quienes informen», indicó Harfuch.
Al ser cuestionado por los reporteros, el titular de la SSPC puntualizó que los agentes no están bajo arresto, pero sí «localizados» y sujetos a comparecer cada vez que sean citados, pero su colaboración, enfatizó, es clave para poder esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Manzo el pasado 1 de noviembre.
Se investiga una posible ejecución del atacante
El lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, abrió la posibilidad de que el agresor de Carlos Manzo haya sido ejecutado tras ser detenido. «Se está investigando por qué el abatimiento en el lugar del homicida. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y un solo disparo que lo abate», explicó el mandatario estatal.
Lo cierto es que esa versión coincide con la declaración de uno de los escoltas, quien habría disparado contra el atacante cuando ya había sido reducido, pero la Fiscalía estatal analiza el informe pericial para determinar si la actuación de los guardias personales se ajustó a los protocolos o si hubo uso excesivo de la fuerza.
Asimismo, Ramírez Bedolla añadió que el agresor fue «sometido» y después «abatido», lo que abre una línea de investigación sobre la actuación del equipo de seguridad del alcalde; entonces los resultados de las pruebas balísticas y testimonios serán determinantes para establecer responsabilidades.
Fallas en la seguridad y revisión de protocolos
Además del enfrentamiento, las autoridades estatales investigan por qué los escoltas personales de Manzo relajaron la vigilancia ese día. Según el gobernador, el presidente municipal contaba con ocho escoltas personales y un segundo círculo de seguridad integrado por 14 elementos de la Guardia Nacional.
Las primeras indagatorias indican que el atacante logró acercarse más de lo habitual al funcionario, lo que plantea dudas sobre la coordinación entre ambos cuerpos de protección. «Se está revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad», señaló Ramírez Bedolla.
Mientras tanto, la SSPC mantiene comunicación con la Fiscalía michoacana para dar seguimiento al caso. Harfuch reiteró que todas las dependencias están comprometidas en esclarecer el crimen y garantizar justicia tanto para la familia de Manzo como para la ciudadanía de Uruapan.
Cabe mencionar que el asesinato de Carlos Manzo y las circunstancias que rodearon la muerte de su agresor mantienen abierta una compleja investigación, pero luego Harfuch negó que haya vínculos entre la custodia de Manzo y el crimen organizado; pero los escoltas del alcalde, aunque libres, seguirán compareciendo mientras se determina su grado de responsabilidad.