La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años cuando el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión inmediata del intercambio de información de inteligencia con las agencias de seguridad estadounidenses, pero la decisión llega en medio de una escalada de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que la Casa Blanca atribuye a operaciones contra el narcotráfico.
Un quiebre en la alianza antidrogas de Petro
El mandatario colombiano hizo pública su decisión a través de la red X, donde escribió que se da orden «a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses». Además, Petro añadió que esta medida se mantendrá «mientras continúe el ataque con misiles a lanchas en el Caribe».
Con este mensaje, el presidente reveló lo que hasta ahora era solo una posibilidad en los pasillos diplomáticos; además, Estados Unidos sanciona al presidente Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, siendo que el fin de la cooperación en inteligencia con Estados Unidos, un eje histórico en la lucha contra el narcotráfico.
El mandatario también afirmó que la lucha contra las drogas debe «subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño»; una frase refleja su postura frente a los recientes operativos militares ordenados por el gobierno de Donald Trump, solo en los últimos dos meses se han registrado más de setenta muertes en ataques a lanchas sospechosas, según medios internacionales.
Crecen las tensiones desde la Casa Blanca
Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump retomó una política de fuerza contra lo que denomina «narcoterrorismo». El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró esta semana que los ataques contra barcos «continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense».
Estas declaraciones aumentaron la fricción con Bogotá y Caracas; Petro ha acusado públicamente a Estados Unidos de cometer «asesinatos» y «crímenes de guerra» bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, Venezuela denunció la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe y movilizó a 200 000 militares ante lo que considera una amenaza directa.
Bajo este aspecto, dentro del contexto hay que revelar que va más allá de una simple suspensión técnica: se trata de una señal política. Esto se debe a que Colombia, históricamente uno de los principales aliados de Washington en Sudamérica, adopta una postura más autónoma frente a las operaciones estadounidenses en la región.
Reino Unido también se aparta de la cooperación
El anuncio de Petro coincidió con una revelación publicada por CNN: el Reino Unido decidió dejar de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Londres considera que los ataques militares violan el derecho internacional y no quiere ser cómplice de ellos.
Durante años, el Reino Unido ha mantenido bases de inteligencia en varios territorios del Caribe y ha colaborado estrechamente con Estados Unidos para rastrear buques sospechosos. Esa cooperación permitía a la Guardia Costera estadounidense interceptar embarcaciones, detener tripulaciones e incautar cargamentos.
Hay que tener en cuenta que la suspensión británica representa un quiebre simbólico con uno de sus aliados más cercanos. Y, en conjunto con la decisión de Petro, lo que refleja un creciente malestar entre los países que solían respaldar sin condiciones la estrategia antidrogas del país que preside Donald Trump.
Por otro lado, la medida tomada por Colombia, sin dudas, reconfigura el tablero geopolítico del Caribe. En un momento de alta tensión militar, Petro apuesta por distanciarse de la Casa Blanca para detener incursión militar estadounidense en el Caribe; Gustavo Petro propone mediación de Qatar y alinear su discurso con la defensa de los derechos humanos.