Panamá

Indígenas panameños quieren aprovechar mejor sus bosques

Para los indígenas, el bosque que habitan en Panamá no es solo su hábitat, sino un entorno espiritual y uno de los modos en que se relacionan con la naturaleza y con sus ancestros. El ambiente forestal guarda parte de su esencia y de su identidad.

Por Emilio Godoy

“El valor que le damos está en función de los beneficios que brindan los bosques. Pero no es solamente oxígeno”, dijo a Tierramérica el emberá Cándido Mezúa, presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).

“Es ver materia orgánica, recursos minerales en el subsuelo, formas de vida relacionadas con las costumbres de los pueblos indígenas”, añadió el gran cacique de uno de los siete pueblos originarios panameños, que viven en cinco territorios delimitados bajo la figura de comarcas, que funcionan como propiedad colectiva ni enajenable ni vendible.

En este país centroamericano y tropical con gran riqueza boscosa, los indígenas la gestionan mediante empresas forestales comunitarias (EFC). Pero Mezúa se quejó de las dificultades para establecerlas, lo que perjudica la salud de sus áreas boscosas y el bienestar de sus guardianes, los habitantes originarios.

De los 3,8 millones de habitantes de Panamá, 417.000 son indígenas, que ocupan 16.634 kilómetros cuadrados, equivalentes a 20 por ciento del territorio nacional.

Según un mapa difundido en abril por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), elaborado con el apoyo de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 61,9 por ciento de la superficie panameña, 46.800 kilómetros cuadrados, cuenta con cobertura boscosa.

Pero cada año hay una preocupante pérdida de 200 kilómetros cuadrados, alerta la Anam, en un país con 104 áreas protegidas que abarcan 35 por ciento de los 75.517 kilómetros cuadrados del territorio.

Las EFC “son un esfuerzo que no está bien desarrollado. Solo se extrae madera, no se desarrolla la cadena de valor, el valor agregado queda fuera de la comarca”, refirió Mezúa, cacique general de la Comarca Emberá-Wounaan, en la frontera con Colombia, donde también habita su pueblo al igual que en Ecuador.

Para el líder indígena, las EFC ayudan a mantener los bosques a largo plazo, con sistemas de rotación que permiten conocer su valor y el de su madera en la zona de manejo. Pero “quienes se llevan los beneficios son las grandes industrias. Las comarcas no son sujetos de crédito y no pueden poner en garantía las tierras, dependen de la cooperación”, criticó.

Actualmente operan solo cinco EFC, cuya actividad principal es el procesamiento de madera.

En 2010, dos comarcas indígenas suscribieron un acuerdo comercial de 10 años con la empresa panameña Green Life Investment para proveerle de materia prima. Pero apenas extrae unos 2.755 metros cúbicos anuales de madera.

En promedio el rendimiento en esas comarcas es de 25 metros cúbicos de madera por kilómetro cuadrado y la extracción total en las comarcas indígenas se ubica en unos 8.000 metros cúbicos anuales e ingresos de algo más de 275.000 dólares.

En cinco años, el plan es tener 2.000 kilómetros cuadrados bajo manejo, explicó Mazúa.

El gubernamental Programa de Desarrollo Empresarial Indígena de Panamá ha entregado a estos proyectos algo más de 900.000 dólares.

El aprovechamiento boscoso en tierras indígenas es bajo. En 2013, La Anam extendió 9.944 permisos forestales, de ellos solo 732 a las comarcas.

La mirada en REDD

Mezúa analizó que la esperanza de los pueblos originarios es que las EFC se potencien con el REDD+, el mecanismo del Programa Conjunto de la ONU para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (ONU REDD), destinado a mitigar el cambio climático.

“Queremos pagar por la conservación y el aprovechamiento sostenible del bosque. Es crítico poder encontrar el balance entre la conservación y el desarrollo. Pero REDD+ no va a resolver solo la crisis forestal”, señaló a Tierramérica el coordinador del mecanismo en Panamá, Gabriel Labbate.

Actualmente, REDD+ Panamá se concentra en preparar al país para el periodo 2014-2017 y diseñar la plataforma de divulgación de la iniciativa, el canal de transparencia y mecanismo de reclamos y rendición de cuentas, la revisión de las estructuras de gobernanza y los primeros pasos para la fase operativa, que debe iniciarse en junio de 2015.

ONU REDD se lanzó en 2007 y su instrumento cuenta con 56 países del Sur en desarrollo como socios. De ellos, 21 construyen planes nacionales, para lo que recibieron en conjunto 67,8 millones de dólares. Además de Panamá, en América Latina en este grupo están Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Los bosques atrapan el carbono de la atmósfera y lo almacenan en sus troncos y en el suelo. De ahí la importancia de frenar la deforestación y evitar liberarlo a la atmosfera. Además, los árboles controlan el ciclo hidrológico, al permitir la evaporación del agua y alimentar la lluvia.

Los indígenas panameños creen que por el papel que los bosques representan para su cosmovisión, no hay nadie como ellos para participar en REDD+, que incorpora elementos como la conservación y el mejoramiento del carbono forestal y el manejo sustentable de los bosques.

Pero en febrero de 2013, sus representantes se retiraron del programa piloto, al considerar que irrespetaba la consulta libre, previa e informada, lesionaba los derechos colectivos sobre la tierra y vulneraba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Solo retornaron a esa instancia en diciembre, tras la promesa del gobierno de subsanar las fallas denunciadas.

En REDD+ se deben debatir “las salvaguardas, los beneficios, el precio del carbono, las normas sobre el manejo del carbono y la seguridad legal del territorio”, explicó Mazúa.

“Queremos que se establezca un fondo climático territorial indígena, eso nos permitirá definir cómo los indígenas vamos a darle un valor desde nuestro punto de vista y cómo se traduce a la valoración económica”, dijo el cacique general.

“La idea es que el dinero vaya a las comunidades, pero es una cuestión de volumen y de financiamiento”, señaló Labbate, quien también es el responsable en el país de la iniciativa de Pobreza y Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Justamente, pobreza y ambiente son intrínsecos en los pueblos originarios panameños. Datos difundidos por el gobierno y la ONU el 28 de septiembre, destacan que la pobreza en Panamá afecta a 27,6 por ciento de la población, pero entre 70 y 90 por ciento de las familias indígenas son pobres.

Los representantes indígenas piden su inclusión en el reparto del financiamiento internacional que obtendrá Panamá por conservar sus bosques.

Además, demandan que la compensación no se vincule solo con la protección forestal y la captación de carbono en las comarcas indígenas, sino que nutra una política ambiental que les permita desarrollar actividades económicas y combatir su miseria.

Los caciques creen que la herramienta para acortar su desigualdad con el resto de los panameños está en sus bosques. “Pero tienen que apoyarnos para que así sea, REDD es solo parte de la estrategia de ayuda, pero más importante es que se legisle para garantizar en la práctica nuestros derechos territoriales”, subrayó Mazúa.

Ecoportal.net

Red Latinoamericana de diarios de Tierramérica
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