Políticas Agropecuarias y Soberanía Alimentaria

Por Walter Alberto Pengue

La agricultura no es un tema menor en la agenda de los países, y es fácil comprender como cada uno de ellos, ricos y pobres, defienden sus posiciones hasta el extremo. Argentina debe recuperar el terreno perdido y evitar que la política del sector le sea marcada de antemano. La sobrexplotación exportadora, garantiza la continuidad en el pago de los servicios de la Deuda Externa, e incrementa día a día nuestra Deuda Ecológica.
 

Mirar hacia el mercado interno

"Aspiremos a crear una política nacional, un sentimiento nacional, una ciencia nacional, un arte nacional adaptando los caracteres de las múltiples razas originarias al marco de nuestro medio físico y sociológico?Aspiremos a que nuestro pueblo sea alguien en la Humanidad"
José Ingenieros, Las Fuerzas Morales, 1925.

Recientemente, muchas han sido las voces que se preguntaron como podía ser posible que en un país que sustenta su riqueza en lo que genera su suelo, existiese casi la mitad de la población con serios problemas de acceso y calidad de los alimentos (1). La paradoja, que no es tal para el frío análisis comercial de un mundo "global", confirma sólo la tesis que son muchas las naciones que han enriquecido con sus bienes y recursos a corporaciones foráneas y sus contrapartes locales, subsumiendo a sus compatriotas en el hambre más adjecta. Argentina no escapa a esta consideración. El otrora "granero del mundo" puede llegar a hipotecar los recursos del país detrás de la renta económica inmediata y enfrentarse a una pérdida casi total de su Soberanía Alimentaria. La falta de definiciones sobre una verdadera Política Agropecuaria Nacional, que se amplíe a un horizonte de largo plazo y contemple las amplias, diversas y múltiples demandas de todos los actores del sector y la sociedad en un marco de protección y sostenibilidad de los recursos involucrados y que no sólo refuerce y satisfaga demandas de la agroexportación, es un enorme desafío pero también una gran oportunidad para la nueva Administración.

Jonathan Swift (1667-1745) decía que "cualquiera que pueda hacer que crezcan dos espigas de cereal o dos hojas de hierba en un suelo donde antes solamente crecía una, merecerá mayor agradecimiento de la humanidad y hará mejor servicio a su país que toda la raza de políticos juntos". Una loable actitud, que apuntaba a la radical importancia que siempre tuvieron los alimentos para la Humanidad. Doscientos cincuenta años después, el objetivo productivo sigue presente pero la distorsión y el dominio posterior de lo generado se monopoliza en muy pocas manos que no contemplan los impactos sociales y ambientales que sus prácticas generan.

Podríamos preguntarnos si más allá de la búsqueda por el incremento en los rendimientos, muchos agricultores o el gobierno analizan o conocen los perjuicios que manejos altamente intensivos pueden generar sobre la base de recursos del país. Es posible que sí. Es muy probable que para muchos, especialmente los pequeños y medianos productores, vean año a año, que sus bolsillos se engrosan con atrayentes pagos por arrendamiento y que sus propios campos, muchos de ellos ya administrados por terceros, se degradan cosecha tras cosecha. El aumento de la escala, detrás de esta economía monoproductiva y sojaexportadora, es una realidad que amerita una rápida reacción gubernamental.

La pérdida de los necesarios instrumentos y organismos técnicos de regulación durante los noventa, sumado a importantes cambios en los procesos productivos facilitó una expansión sin control hacia pocos cultivos sólo del interés de los mercados. Durante más de diez años, el país venció récord tras récord sus agroexportaciones y esto en ningún momento demostró la más mínima mejoría del entorno social. Por cierto la " teoría del derrame" no se cumplió, sí la de la concentración. El " dejar hacer a los que saben" nos ha llevado a estos resultados y hoy en día para corregir esta tremenda distorsión producida en el agro argentino es necesario apoyar, regular, reorientar, facilitar o sancionar con independencia soberana. La agricultura no es un tema menor en la agenda de los países, y es fácil comprender como cada uno de ellos, ricos y pobres, defienden sus posiciones hasta el extremo. Argentina debe recuperar el terreno perdido y evitar que la política del sector le sea marcada de antemano (Véase "Un panel con final incierto"). Muchas veces, las invisibles manos del mercado, deben tener quién las oriente, decíamos en otro artículo (2), que hoy luego de observar lo ocurrido con el manejo discrecional de nuestros recursos, se reafirma totalmente.

El dominio del mercado mundial de alimentos por las compañías norteamericanas y europeas, especialmente después de la segunda guerra mundial, facilitó el hecho que decenas de países que antes eran autosuficientes comiencen a depender de fuentes distantes en cuanto a la provisión de materias primas y las formas de consumirlas. La fuerte impronta monopólica de los traders cerealeros, las agroquímicas y las compañías de semillas continúa con su marcha silenciosa. Es muy notable, y difícil de comprender el cómo estas compañías pudieron deslizarse a través de la historia con tanta discreción como lo hicieron (3). En la última década existe además una fuerte aceleración hacia una mayor concentración y alianza de corporaciones en todas las áreas de semillas, farmoquímica y traders, que dominan la cadena en todas sus etapas (4). Las cinco compañías más importantes a escala global y que por supuesto operan en la Argentina, son Dupont, Monsanto (que incluye a Cargill y Dekalb), Syngenta, Aventis y Dow Chemical.

La intensificación agrícola de la década pasada y actual promovida por la globalización monopólica de los alimentos, presentada como una única alternativa productiva ha generado algunos beneficios pero también transformaciones importantes tanto en la estructura agraria pampeana como extrapampeana: desaparición de paisajes enteros, pérdida de la diversidad productiva, inaccesibilidad de los sectores sociales más vulnerables a los productos de la canasta básica de alimentos, dependencia y pérdida de la capacidad gerencial del productor, pérdidas de información y formación adecuada y capacidades en el know-how agropecuario y aceleración de procesos degradatorios, muchas veces ocultos detrás de las variedades de altos rendimientos.

Todo este proceso ha llevado a una acelerada " agriculturización" o más bien "sojización" del modelo que eliminó el planteo mixto y transformó, especial pero no únicamente a toda la Región Pampeana, en un área eminentemente de monocultura sojera.

Sí en cambio, el fuerte desplazamiento hacia la monoproducción, pone en tela de juicio la sustentabilidad de todo el sistema productivo nacional, dado que con las nuevas variedades de soja transgénica, las prácticas de cultivo se han extendido por doquier, avanzando sobre nuevos ambientes, hacia en NOA, el NEA y el Oeste del país, generando una "pampeanización" de sistemas ecológicos altamente frágiles. El proceso alcanza ya al Oriente boliviano, el Paraguay, sur del Brasil y el Uruguay, que utilizarán a la hidrovía para la salida de toda esta producción.

Los nuevos argumentos de "volver a las rotaciones" (que se refieren sólo a la agricultura), en realidad esconden, el pretendido objetivo de la liberación de los maíces RG que facilitarán aún más el aumento de las ventas de herbicidas como el glifosato y fortalecer un mercado cautivo de semillas híbridas de maíz que los productores deberán adquirir año tras año. En volumen las exportaciones de este grano crecerían, pero la evaluación institucional no puede ser tan limitada y amerita decisiones de política regulatoria y estratégica.

En el Primer Foro Nacional sobre Desarrollo Sustentable y el Papel del Sector Agropecuario, organizado por las Universidades Nacionales de Córdoba y Entre Ríos, la evaluación presentada sobre los diagnósticos regionales fue alarmante. No sólo la Región Pampeana sino otras regiones como el Monte, la Mesopotamía, el Chaco o la Patagonia presentan procesos de degradación, derivados de las prácticas e intensificación de un modelo intensivo. Asimismo, "la precariedad de la tenencia de la tierra, en la que se combinan los minifundios con grandes unidades productivas, ha conducido a la sobreutilización y degradación de los recursos naturales, en especial el suelo? Entre Ríos, al igual que las otras dos provincias mesopotámicas, tiene una producción básicamente primaria, lo que hace que dependa de las importaciones extraregión para abastecer el consumo de otros alimentos y productos manufacturados?La estructura de la producción y distribución del gasto público no están en el tapete de la discusión oficial (5).

Pareciera ser que "la gran aspiración de esta ?nueva agricultura?, sería un verdadero salto cuantitativo de la producción actual, liderada por la monocultura sojera, de real peligro para la diversidad biológica y la regeneración de los suelos"(6). "En la Argentina, hay alrededor de 60 millones de hectáreas con algún grado de erosión que equivale a la superficie de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (en conjunto una superficie mayor a la de Francia). Tenemos las tres cuartas partes del territorio con procesos de aridez y semiaridez. El costo anual de esta erosión es de mil millones de dólares y si se toma solamente a la Región Pampeana, el calculo alcanza los 600 millones. Esas pérdidas se duplican, si contabilizamos los daños a la infraestructura (redes ferroviarias, viales, puentes, embalses)" (7). Por supuesto, estos costos se incrementan más cuando valorizamos las externalidades y la exportación de nutrientes, sin reposición natural, que se van con los cultivos (otros 900 millones de dólares con la cosecha actual) (8). La sobrexplotación exportadora, garantiza la continuidad en el pago de los servicios de la Deuda Externa, e incrementa día a día nuestra Deuda Ecológica.

Los beneficios alcanzados por algunos sectores, no pueden disimular los daños ya claramente identificados: Impactos sociales (entre 1988 y 2002 desaparecieron 103.405 establecimientos a escala nacional, y más del 30,5 % en la Región Pampeana, alrededor de 60.000 menos), concentración y escala (la unidad económica pampeana pasó de 257 a 538 has.) (Cuadro Nºs 1), efectos económicos como las externalidades ya enunciadas, pérdidas de prácticas sustentables (sólo en el último quinquenio la superficie sembrada con soja aumento un 75 % mientras que el maíz se redujo un 34 % (Cuadro Nº 3)), ventas subvaluadas de campos (17.000.000 de hectáreas ya están en manos de extranjeros) y fenómenos culturales que junto con los impactos ecológicos ni siquiera han sido mencionados o medidos correctamente. A esto se suma, y no es un tema menor, la inadecuada orientación de la política científica en el sector agropecuario, la corresponsabilidad entre eficiencia económica productiva y eficacia social o la contribución o no hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Otra una nueva preocupación, es la que tiene relación directa con los posibles efectos de la privatización de la ciencia y la tecnología (Véase "Intereses y Beneficios Privados"). Puede haber beneficios pero los riesgos también podrían ser enormes, si no se evalúan en el ámbito y con la amplitud debida, y con la participación responsable, justa e informada de toda la sociedad.

Cuadro Nº 1 . Disminución de las Explotaciones Agropecuarias por Grandes Regiones. Argentina

Censo Año Total País Pampeana NEA NOA Cuyo Patagonia
1988 421.221 196.254 85.249 72.183 46.222 21.313
2002 317.816 136.345 68.332 63.848 32.541 16.750
Diferencia % - 24,5 - 30,5 - 19,8 - 11,5 - 29,6 - 21,4

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, INDEC.

Cuadro Nº 2: Evolución de la soja durante el quinquenio 1996/97 ? 2001/2002

  Arroz Maíz Girasol Trigo Soja
1996/97 226.573 4.153.400 3.119.750 7.366.850 6.669.500
2001/02 126.519 3.064.276 2.050.365 7.108.900 11.639.240
diferencia porcentual (44,1%) (26,2%) (34,2%) (3,5%) 74,5

Fuente: Domínguez, Diego. Sabatino, Pablo. Con la soja al cuello. La transgénesis de un modelo. Foro de la Tierra y la Alimentación. 2003.

El país pasó a formar parte de un gran engranaje mundial que lo alejó de la sustentabilidad ambiental y social para encauzarse en un camino de "subdesarrollo sustentable", sólo útil para las economías del Norte y ciertos sectores específicos y concentrados, los nuevos enclaves del Sur.

En términos de desarrollo se ha reprimarizado y desindustrializado, habiendo retrocedido varias décadas en sus indicadores de bienestar económico y social (IBES).

Es evidente entonces, que la política agropecuaria no sólo debe contemplar el producir materias primas para sus mercados externos. En la búsqueda productivista y muchas veces acallado por la recuperación de impuestos y retenciones, el Estado ha desatendido, una situación básica, cabalmente comprendida por la mayoría de las naciones desarrolladas: Su Soberanía Alimentaria.

"La Soberanía Alimentaria es un derecho de la Nación a definir su propia política agraria, de empleo, pesquera, alimentaria y de tierras de manera tal que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para sí y sus condiciones únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a las formas de producirlo, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades"(9).

Implica la determinación y el abastecimiento de los requerimientos de los alimentos de la población a partir de la producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural.

El fortalecimiento del tema o la debilitación del mismo en determinados tiempos históricos o frente a los nuevos acuerdos comerciales como el NAFTA (10) donde "su política agraria sumada a la negligencia gubernamental hizo perder a México su Soberanía Alimentaria" o el ALCA tienen implicancias no sólo alimentarias sino sociales, económicas, culturales y que pueden poner en riesgo la supervivencia misma de un Estado.

No sólo Argentina, sino también muchos países de la región, como el Brasil, aparentan intentar comenzar a revisar su propia política agropecuaria e inmediatamente se encuentran con serios escollos y presiones para definir una decisión soberana en este sentido.

Tanto como sucede ya en la Argentina, también a Brasil comienzan a "marcarle la cancha" poniendo presión sobre la liberación de organismos transgénicos, que hoy en día componen alrededor de casi 8.000.000 de toneladas de soja OGM y que ese país no sabe como justificar. La estrategia de inundar ilegalmente el sur del país con OGMs ha dado sus frutos y actualmente el propio presidente Lula Da Silva se encuentra frente a la disyuntiva de exportar una producción sojera por la que se le analizará en cada puerto la tipología de su contenido y se le requerirá el pago del royaltie correspodiente a la compañía Monsanto, o dársela a los pobres (¿!). El paso siguiente es el que se vislumbra y que con semejante volumen generado, las corporaciones reclamarán posteriormente la liberación comercial de OGMs en su país.

El no considerar seriamente las cuestiones de Soberanía Alimentaria, y sólo paliativos impacta por igual a los dos colosos del Sur. En ambos países, sea la campaña Fome Cero en Brasil (11) o las medidas encaradas en Argentina, representan esquemas voluntaristas y clientelares que no atacan el corazón del problema y pobremente han demostrado resolver hasta ahora los serios problemas de acceso a los alimentos y desigualdades cada vez mayores de más de 46.000.000 de brasileños o del 57 % de la población argentina. De esto, es de lo que realmente debería "darse cuenta", nuestro Secretario de Agricultura, Miguel Campos. El asegurar, además del necesario fortalecimiento y control independiente sobre las exportaciones y el pago adecuado por los correspondientes impuestos, el apoyo a las economías regionales por sector y por producto, el sostener al productor en el campo rescatando el concepto de multifuncionalidad de la agricultura, el considerar con amplitud los impactos por nuevas liberaciones de OGMs y por cierto, el reconstruir un sistema productivo que mire también hacia el mercado interno (12). La convivencia de distintas formas de producción que apunten al desarrollo sostenible de los pequeños, medianos y grandes productores, que acerquen divisas genuinas al país, que mejoren el acceso y dominio del mercado nacional y fortalezcan las economías locales, rescaten del olvido a las economías regionales, y de una vez por todas permitan a nuestros pueblos asegurar la Soberanía Alimentaria que tuvieron desde antes y durante la llegada de nuestros abuelos inmigrantes, es uno de los principales desafíos que enfrentan dos gobiernos, con ya muchos puntos en común, como los de Lula Da Silva y Néstor Kirchner. Sus objetivos primarios para ser un país en serio, deberían ser seguramente, matar de una vez y para siempre, el hambre que sufren sus respectivos pueblos.

Bibliografía

* El título alude a un tema de uno de los iconos folklóricos más destacados de Argentina y Sud América, Don Atahualpa Yupanqui.
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Winck, Luciamem. Fome Zero ainda nao saiu do papel. Correio do Povo, Brasil. Setiembre 7, Página 5. 2003.
(12) Reunión Ing. Miguel Campos. Comisión de Agricultura. Congreso de la Nación. 15 de Julio, 2003.

Recuadro

"Un panel con final incierto"

Recientemente, en su guerra comercial por la imposición de los productos transgénicos al mercado mundial, los Estados Unidos denunciaron perjuicios económicos y desean someter a la Unión Europea a un tribunal en la Organización Mundial de Comercio (OMC) (1), indicando que los europeos desean frenar el desarrollo de los OGMs utilizando argumentos no científicos. Esta presentación fue solo acompañada por Canadá, y por un único país en desarrollo, la Argentina.

Es llamativo que nuestro país que más que perjudicado se vio beneficiado con su relación europea al aplicar una política espejo respecto a los OGMs, que pudo colocar en ese mercado sin inconvenientes, se sume a una demanda que es poco convincente. Argentina, exportó a Europa además, ingentes partidas de maíz no OGM al perder Estados Unidos ese mercado justamente por pretender exportarles maíz transgénico. Por otro lado, el argumento sobre la inocuidad de los OGMs sobre el ambiente o la salud (2) debe revisarse cabalmente en un marco más amplio, con fundamento científico sólido y propio en función de las particulares condiciones en que se facilitan las difusiones hacia medios tan extensos. Que hoy en día se siga confundiendo a nuestros funcionarios y negociadores ? o que estos los acepten - con informes equivocados como los referidos a los principios de equivalencia substancial (3) pueden generar inconvenientes, "al encontrarse frente a un sustantivo confuso y vago que debería ser abandonado a favor de aquel que incluya tests biológicos, toxicológicos e inmunológicos más que un mero análisis químico. La equivalencia substancial es un concepto pseudocientifico utilizado en el manejo comercial y político como si fuera de verdadero valor científico".

No obstante, recientemente Argentina, en un aparente gesto de alineamiento automático con Washington sostiene su presencia en el panel y nuestros representantes (4) argumentan que es necesario continuar con el mismo, pues Europa estaría generando graves perjuicios a las exportaciones argentinas y al desarrollo tecnológico en el rubro biotecnológico (la mayoría de los desarrollos comerciales son importados y provienen de corporaciones siendo adaptados "localmente"). De continuar en el panel, Argentina podría tener mucho más por perder que ganar, lo que implicaría una revisión holística de la política tomada y posiblemente un retiro inmediato del mismo. Es más, tanto la presente situación como la posición "precautoria" europea posiblemente facilite una flexibilización de parte de su normativa frente a ciertos eventos que puedan demostrar bajos impactos ambientales o sociales, pero a cambio se condicionará ? como siempre lo estuvieron anunciado ? la identificación de los embarques (5) de los productos transgénicos, especialmente luego de la entrada en vigencia del Protocolo de Cartagena. Así como no se planificó desde el inicio de la promoción de los transgénicos en el país esta situación, y que ahora tendrá costos importantes sobre toda la cadena, deberemos estar preparados para las próximas demandas de los consumidores, en cuanto a trazabilidad, identidad preservada y los nuevos enfoques desde el punto de vista de la sustentabilidad, como el conocimiento acabado de la Evaluación de Ciclos de Vida (LCA en inglés), que posiblemente se negocien en normativas futuras. Es menester definir una política institucional de largo plazo en este sentido.

WAP

Longoni, Matias. La Argentina, EE.UU. y Canadá unen reclamos contra Europa. Clarín. Página 18, 19/08/03.
Pusztai,Arpad et al. Food Safety: Contaminants and Toxins. D`Mello, J P F editor. Parte 3. Estudios de Caso: Capítulo 16. Genetically Modified Foods: Potential Human Health Effects. CAB International, Abril, 2003.
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Suplemento Campo. Diario La Capital. Rigurosa Etiqueta. Paginas 4 a 6. Agosto 9, 2003.

Recuadro

"Intereses y Beneficios Privados"

Biodiversidad y Biotecnología se hace más que evidente que no van de la mano. "El conflicto en torno a la producción, uso y comercio de cultivos transgénicos no se puede dirimir en términos jurídicos y compensar en términos económicos. La privatización de los genes priva a la vida de la vida y redefine el proyecto de la Humanidad" (1).

La propiedad intelectual se ha convertido en un tema esencial en la política internacional desde que Estados Unidos promovió su protección a través de los ADPIC (Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio) y que ha obligado a todos nuestros países a reformar las legislaciones domésticas y adaptarlas a los lineamientos de este acuerdo (2). De esta forma, muchas veces se ven sometidas a un intercambio bioecológico desigual y una expoliación "legal" de sus recursos genéticos. "Los pobres venden barato". "Si América Latina continúa haciendo que sus recursos naturales tengan acceso ilimitado por parte de los países desarrollados, la dependencia latinoamericana continuará, y el deterioro medioambiental no podrá detenerse" (3). El manejo de los recursos es una cuestión inclaudicable del Estado que no puede someterse solamente a las leyes del mercado. "La plena vigencia de la democracia es una condición para el uso sustentable del medio ambiente. El ambiente se deteriora cuando el Estado es utilizado para servir a intereses minoritarios. En distintos países se deforma la legalidad con la legislación misma ? por omisión adrede o mediante la letra explícita ? o se recurre al gobierno para favorecer a empresas transnacionales o grupos económicos internos" (4).

A pesar del tremendo avance de la agricultura transgénica en Argentina, ese crecimiento tiene un pobre sustento legal (un Decreto de la Secretaria de Agricultura). No existe en el país una discusión amplia, democrática y emergente sobre las potencialidades y riesgos que el tema implica desde nuestro órgano legislativo máximo. Tanto la protección de la biodiversidad como el necesario y estricto control sobre la biotecnología no se plasman en la legislación pertinente que balancee los intereses del país frente a las demandas foráneas o sectoriales. Los intentos por presentar legislaciones demasiado favorables hacia la industrialización biotecnológica pero con muy escaso análisis de sus impactos, hasta ahora no han tenido éxito en el Congreso, detenidos por el accionar de la sociedad civil y legisladores que percibieron los posibles efectos. Recientemente, se ha presentado un nuevo Proyecto de Ley de Promoción de la Industria Biotecnológica (actualmente en Comisiones), que promueve un tratamiento fiscal especial para las empresas dedicadas a esta temática, y que en la realidad, podría fomentar aún más la monopolización y manejo de estos conocimientos. La especialización productiva no se logrará con legislaciones tan pobremente presentadas. Asimismo, y con este difuso entorno legislativo no podemos dejar de preguntarnos sobre la forma en que se está gestionando la otra cara de estos intereses: el acceso a los recursos genéticos. Preguntarnos sobre la competencia de derechos o los deberes de tutelaje debidamente necesarios frente a posibles acuerdos entre organismos nacionales y extranjeros para acceder a tales recursos como los firmados por la Universidad de Arizona-Tucson (EE.UU) y nuestro INTA o si existen acuerdos firmados entre los Kew Gardens de Inglaterra con nuestra Universidad. Es menester saber claramente si existe la normativa específica que facilite o impida este tipo de acuerdos, si están en un todo ajustados a los tratados internacionales, si se dio la adecuada participación a los pueblos indígenas y cuál ha sido esta y cuales fueron o serán los beneficios para el país, las provincias y la investigación nacional en términos del fortalecimiento o no de sus capacidades específicas junto con una clarificación del beneficio económico final que tales acuerdos pueden aportar.

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Publicado en LE MONDE diplomatique "el Dipló", Año V, número 52, Octubre 2003. Páginas 6 y 7. Buenos Aires, Argentina. Artículo ampliado.

  * Por Walter Alberto Pengue
Ingeniero agrónomo con esp. en mejoramiento genético.
Master en Ciencias Políticas Ambientales.
Investigador del Centro de Estudios Avanzados de la UBA.
Miembro activo de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Especialista de EcoPortal.net